En medio de la disparada de los precios y el traslado de las micro-devaluaciones a la inflación, Cambiemos salió en tándem a anunciar planes de contingencia, como el congelamiento de precios por seis meses y dos iniciativas de ley de góndolas, una impulsada por Mauricio Macri y otra más dura, con la gobernadora María Eugenia Vidal al frente. En este contexto, el gobierno nacional y el bonaerense parecen haberse puesto estrictos con las cuestiones del bolsillo y abrieron un doble foco de conflicto con los formadores de precios. El primero, hacerles firmar a los CEOs el compromiso de no aumentar precios, rompiendo el pacto de caballeros; el segundo, cerrar en tiempo récord las leyes para ordenar las góndolas sumando más ofertas pymes y obligando a las grandes marcas a la rotación en los estantes.
Esta última apuesta generó un incipiente levantamiento en armas de la tríada que incluye a fabricantes de alimentos, comercios minoristas y grandes supermercados. Preparan, entre la Asociación de Supermercados (ASU), la cámara Alimenticia Copal y la Cámara de Comercio (CAC), un documento para presentar en el Congreso y a los gobiernos, en el cual dan su parecer sobre la legislación que busca aplicar Cambiemos.
Acevedo (UIA), Vidal, De Mendiguren y Funes de Rioja, en el Cicyp.
Habituado a hablar on the record, Daniel Funes de Rioja, titular de Copal, dijo a Letra P que “la ley es inconveniente, innecesaria, y no resuelve nada”.
El abogado, que además es vice de la UIA, consideró que “sólo controla al 30% de todo el comercio” y “los supermercados van a tener que poner 10.000 repositores por góndola”. Funes refiere al 30% que representan las grandes cadenas nucleadas en ASU, como Coto, Walmart, Carrefour, La Anónima y Jumbo-Disco, que suponen el canal formal registrado. Las normativas impulsadas por Macri y Vidal no contemplan a mayoristas, a los súper chinos, a los almacenes ni a ningún otro tipo de comercios.
A lo que más le temen los empresarios es a la ley de Vidal. Es un texto sólido que, de aprobarse, se podría aplicar casi al instante por la perfección de la idea. Establece un 10% de la góndola para pymes y un máximo de 30% para las firmas grandes. Establece duras multas por incumplimiento y, lo más importante, obliga a rotar las marcas para que nunca tengan posición preferencial. Los comercios se oponen a esto porque, aducen, el lugar en góndola no responde a acuerdos con los proveedores sino a los volúmenes de venta y demanda de los bienes. Es decir, se posiciona mejor lo que más compra el consumidor.
La ley de góndolas nacional es menos problemática, aunque no tiene el apoyo de Sica.
En el sector llamó la atención la velocidad con la que avanza la iniciativa en la Provincia. Y algunos osados aseguran que la ley es una respuesta hostil a la negativa de los híper a sumarse al descuento del 15% con todas las tarjetas de débito que pretendía encarar Vidal para jubilados y pensionados.
El lobby corporativo crece, además, en el frente nacional. Pero la cosa con el ministro de la Producción, Dante Sica, parece ser una vía negociada. El propio Sica les dijo a las empresas que el congelamiento de precios por seis meses era un punto medio entre el pedido de la oposición de mayores controles y el reclamo de la Coalición Cívica y la UCR de una ley de góndolas dura.
Una muestra de que la Casa Rosada corre atrás de Vidal pero sin prisa es que se pasó una semana el tratamiento en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara Diputados: debía ser el jueves 2 de mayo y será el próximo 7.
