El Gobierno avanza en una idea que traerá cola dentro del establishment: con el objetivo de optimizar los controles y monitoreos y clarificar la aplicación de multas y sanciones, les pedirá a las empresas que acordaron el congelamiento de precios por seis meses que pongan por escrito esa voluntad. Así, romperá lo que inicialmente se promocionó como "un pacto de caballeros".
Según confirmó Letra P de fuentes oficiales, la Secretaría de Comercio, el brazo ejecutor del plan creado en el Ministerio de Producción, trabaja en pseudo contratos con las partes afectadas, proveedores de alimentos y comercios, para rubricar un pacto ordenado.
El plan Precios Congelados, que se lanzó el lunes último, prevé que 64 productos de la canasta básica queden sin subas de precios por seis meses. Esta iniciativa, creada por el Gobierno para salir de la trampa inflacionaria, fue un pedido político del ministro de Producción, Dante Sica, a los popes del establishment vinculado al consumo, desde los grandes supermercados a firmas importantes de alimentos como Arcor, Mastellone y Molinos. La idea conllevó un aval fuerte de los CEOs, que dejaron en claro que debía ser un pacto voluntario. Así se comprometió con ellos el propio presidente Mauricio Macri en la reunión en la que les agradeció el apoyo.
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Pero en la marcha de la aplicación concreta empezaron a surgir dudas. La más fuerte: si el pacto era de caballeros, ¿cómo haría el Gobierno para monitorear y aplicar sanciones? Si era voluntario, no obligaba a las partes más allá de lo simbólico.
En su primer día de aplicación, el plan arrancó muy desparejo y con datos curiosos. El Gobierno promocionó un cumplimiento del 72,3% por haber monitoreado 170 bocas de expendio en el área metropolitana, pero no especificó de dónde sale ese número: no detalló qué productos faltaron y en qué cantidad. "En las próximas semanas vamos a tener informes más detallados", prometieron fuentes oficiales.