Luego de los elogios que recibió de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), donde la consideran “una buena candidata a presidente”, la gobernadora María Eugenia Vidal oficializó este miércoles el decreto por el cual se prorroga por un año la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, régimen de excepción que estableció al inicio de su administración y que supo cosechar dardos de la oposición por los procesos que se saltean en las contrataciones.
De esta forma, Vidal cumplirá sus cuatro años de mandato bajo esta herramienta que le permite voltear vallas dispuestas en los procedimientos administrativos, fundamentalmente en los destinados a la contratación de proveedores para la ejecución de obras.
En marzo de 2016, al calor del debate por la iniciativa oficialista que luego se transformó en ley, algunos juristas consultados por Letra P habían puesto en tela de juicio esta norma que flexibilizó requisitos para el otorgamiento y la renegociación de contratos de obra. La precariedad en el control de esas contrataciones, también había sido foco de críticas desde la oposición.
Más allá de estos cuestionamientos, Vidal prorrogó la emergencia en 2017 bajo el argumento de los "años de desinversión" en la materia. En 2018, volvió a presentar el proyecto en la Legislatura. Allí, el oficialismo intentó aprobar el proyecto sobre tablas, algo que no se efectuó ante el reclamo de Unidad Ciudadana para que el proyecto sea discutido previamente.
En ese contexto, la diputada matancera del peronismo María Laura Ramírez había objetado: "Cambiemos busca extender la Emergencia en Infraestructura para darle una enorme discrecionalidad a Vidal para manejar los recursos de obra pública".
El proyecto aprobado finalmente en abril de 2018, incluyó (como en 2016) la posibilidad de prorrogar en 2019 la emergencia por un año más, algo de lo que hizo uso Vidal este miércoles bajo el argumento de que "pese a las acciones promovidas desde las distintas áreas del gobierno provincial, persisten a la fecha las causales que motivaron la sanción del régimen de excepción".
Entre otros aspectos, la emergencia en infraestructura hace que los ministerios, secretarías y entidades autárquicas contratantes queden “exceptuados de publicar en el Boletín Oficial, debiendo efectuar la publicación de anuncios en el sitio web que determine la reglamentación, pudiendo además anunciarse en otros órganos de publicidad o en cualquier otra forma, si así se estimare oportuno”.
También, faculta al Ejecutivo “a rescindir, renegociar y aumentar o disminuir hasta un 35% las prestaciones y montos del contratista particular con relación a los contratos existentes a la fecha de entrada en vigor de la presente”.
