El proyecto de ley que declara la emergencia en infraestructura en el territorio bonaerense, impulsado por el ministro del área, Edgardo Cenzón, con el objetivo formal de favorecer la ejecución de obras públicas, presenta pliegues que son observados con atención y preocupación por juristas de adentro y de afuera del gobierno provincial. En esos círculos de expertos apuntan, por caso, que la norma, si salteara finalmente los contratiempos políticos que la semana trabaron su sanción en la Legislatura, pondrá a la gobernadora Maria Eugenia Vidal en estado de vulnerabilidad jurídica porque, aseguran, choca de frente contra la Convención Interamericana contra la Corrupción y otras regulaciones en materia de transparencia.
La iniciativa es parte de un paquete legislativo que establece, en definitiva, el modus operandi de la gestión PRO. Con el argumento de que “la provincia está quebrada” y de que el aparato burocrático bonaerense es un escollo insalvable para gestionar con celeridad, Vidal, no bien pisó la Casa de Gobierno en La Plata, pidió autorización para un endeudamiento de 90 mil millones de pesos (los legisladores le aprobaron sólo 60 mil) e impulsó la declaración de –hasta ahora- cuatro emergencias: seguridad, penitenciaria (estas dos, en una misma ley ya sancionada), administrativa y de infraestructura.
La declaración de una emergencia permite a un gobierno gestionar en estado de excepción. Estas herramientas, que fueron también utilizadas por los gobiernos que precedieron al del PRO, voltean vallas dispuestas en los procedimientos administrativos, fundamentalmente en los destinados a compras de bienes e insumos y a la contratación de proveedores para la ejecución de obras.
Según testimonios recogidos por Letra P, en los pasillos de tribunales donde caminan juntas la política y la Justicia y en organismos de control de la provincia, donde estudian con lupa el dictamen favorable que salió la semana pasada de la Cámara de Diputados, se enumeran –en voz baja- cuestionamientos a la iniciativa que se discutiría este martes en un plenario de comisiones del Senado, y se advierte sobre la “vulnerabilidad jurídica” a la que se expondría a Vidal si la iniciativa fuera sancionada sin cambios que la ajustasen a la normativa que regula los procedimientos administrativos.
En esos escritorios se tacha a la iniciativa oficial de “precaria” y “mal fundamentada” y se marcan sus “incongruencias”, en tanto los más críticos aseguran que “violenta mandatos constitucionales y la Convención Interamericana contra la Corrupción”, un tratado internacional al que adhirió la Argentina a través de la Ley 24.759.
“La norma declara la emergencia en materia de infraestructura pero no especifica de qué trata la emergencia ni cuáles son las obras necesarias para hacer frente a esa situación, sino que posterga su individualización a la presentación, por parte del Poder Ejecutivo, en un plazo de 60 días”, explica a este portal un jurista que trabaja en el gobierno provincial.
“Eso es, de llano, contradictorio”, agrega el abogado, y abunda: “Se declara una emergencia pero no se individualiza en qué obras reside y delega en el Ministerio de Economía las acciones necesarias para las readecuaciones presupuestarias, las que hoy no existen, por lo que nadie puede delegar algo que no está”.
Por su parte, un alto funcionario judicial del fuero contencioso administrativo hace foco en el llamado “silencio positivo”. “La ley establece un plazo determinado para que los organismos de asesoramiento y control emitan sus respectivos dictámenes, pero permite dar luz verde al acto administrativo del que se trate en caso de que no se expidiesen en siete días hábiles, lo que constituye un verdadero absurdo jurídico”, opina la fuente.
El experto advierte que “no puede darse una interpretación a lo que no existe, y más teniendo en cuenta que los dictámenes no sólo son necesarios sino indispensables para la legalidad de los procedimientos de contrataciones por parte del Estado”, y es aquí donde introduce la alarma sobre la vulnerabilidad jurídica de los funcionarios que pongan sus firmas en los actos administrativos en cuestión. “La ausencia de dictámenes en una contratación con inconvenientes hace que, en cualquier causa penal que se iniciare contra determinado procedimiento, los responsables quedarían sin defensa alguna”.
Los juristas cuestionan la eliminación de la publicación obligatoria de las disposiciones en el Boletín Oficial y aseguran que la norma le da pista libre a la distintas reparticiones el Estado para renegociar los contratos en curso de ejecución con un límite mayor al establecido en la ley 6021, lo que, señalan, viola los principios de publicidad e igualdad inherentes a este tipo de procesos y los tratados anticorrupción suscriptos por el país, que son de respeto obligatorio para la provincia de Buenos Aires.
Pero las advertencias más enérgicas caen sobre el artículo 6 del proyecto de ley, que otorga la posibilidad de presentarse a una licitación a empresas que no estén inscriptas en el Registro de Proveedores y Licitadores.
“Lo único que les impone a los potenciales proveedores es la obligación de cumplimentar ese trámite en un plazo máximo de 90 días, pero sin precisar desde cuándo corre ese plazo”, apunta un jurista consultado, que explica el riesgo de esta laxitud: “Una empresa podría firmar el contrato, empezar la obra pero luego no ser admitida en el Registro, lo que llevaría al fracaso de la contratación y, como consecuencia, al dispendio de tiempo y dinero por parte del Estado”.
Como informó Letra P la semana pasada, objeciones de la misma naturaleza fueron expuestas por legisladores de la oposición. “Llama la atención que la gobernadora Vidal, quien durante la campaña electoral prometió a los bonaerenses una mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos, envíe un proyecto de ley en sentido contrario, al liberar de todo proceso de fiscalización, control y seguimiento a las contrataciones que se realicen”, advirtió el Frente para la Victoria cuando avisó que votará en contra de esta iniciativa.
