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Julián De Diego, el laboralista que asesora a alimenticias e industrias de la UIA, dijo que el ajuste interno en las compañías es moneda corriente. En dos meses 21 ya pidieron salvataje.
Por 06/03/2019 13:44

La situación de la producción, compleja desde mediados de 2018, ya entra en un terreno pantanoso. En plena crisis, las empresas avisan que el tema del empleo será el siguiente eslabón de la recesión. En paralelo, el golpe se ve en los números que manejan en el Ministerio de Trabajo y Producción: en los primeros dos meses del año, ya suman 21 las empresas que pidieron salvataje del Estado por tener, al menos, tres balances en rojo.

 

FEMSA, una de las firmas que pidió PPC y que anunció que se achica. 

El tema se había charlado, semanas atrás, en una reunión de la Unión Industrial Argentina (UIA). Ahora la idea la puso en palabras Julián De Diego, el abogado laboralista que asesora a alimenticias y buena parte de las fábricas que integran la central fabril. “Los despidos y suspensiones hoy se están generalizando”, dijo el letrado en diálogo con el programa Bien Argento, que se emite por Radio Cultura. Agregó además que “todas las empresas privadas están reajustando internamente”.

 

Miguel Acevedo, de la UIA, había alertado que la preocupación serían los despidos. 

De Diego maneja compañías de peso, muchas de las cuáles están en la cámara alimenticia Copal, las más golpeadas por la crisis del consumo. Dentro del pelotón están Molinos, Ledesma, Arcor y las de bebidas, como Coca Cola. A fines de febrero, la embotelladora socia de Coca, FEMSA, le pidió un salvataje al Gobierno, que este rechazó vía un Proceso Preventivo de Crisis (PPC). Pero, según supo Letra P de fuentes oficiales, entre enero y febrero ya suman 21 las empresas que le reclaman al Estado la misma herramienta, que permite acordar despedidos, reajuste y beneficios impositivos. Consultados por este portal, desde el ministerio que conduce Dante Sica negaron los datos de cuáles son las empresas que ya se presentaron a pedir PPC en 2019, más allá de los datos conocidos de FATE, Avianca, FEMSA y otras firmas.

“El nivel de actividad es preocupante”, señaló De Diego, quien le quitó importancia a la posibilidad de que el Gobierno lance un blanqueo laboral. “Hay cosas más importante en el marco de la crisis”, dijo. “Si hasta ahora no hay reforma laboral, es porque no hay decisión política”, añadió.

Empresas reconocen que “los despidos y suspensiones se están generalizando”

Julián De Diego, el laboralista que asesora a alimenticias e industrias de la UIA, dijo que el ajuste interno en las compañías es moneda corriente. En dos meses 21 ya pidieron salvataje.

La situación de la producción, compleja desde mediados de 2018, ya entra en un terreno pantanoso. En plena crisis, las empresas avisan que el tema del empleo será el siguiente eslabón de la recesión. En paralelo, el golpe se ve en los números que manejan en el Ministerio de Trabajo y Producción: en los primeros dos meses del año, ya suman 21 las empresas que pidieron salvataje del Estado por tener, al menos, tres balances en rojo.

 

FEMSA, una de las firmas que pidió PPC y que anunció que se achica. 

El tema se había charlado, semanas atrás, en una reunión de la Unión Industrial Argentina (UIA). Ahora la idea la puso en palabras Julián De Diego, el abogado laboralista que asesora a alimenticias y buena parte de las fábricas que integran la central fabril. “Los despidos y suspensiones hoy se están generalizando”, dijo el letrado en diálogo con el programa Bien Argento, que se emite por Radio Cultura. Agregó además que “todas las empresas privadas están reajustando internamente”.

 

Miguel Acevedo, de la UIA, había alertado que la preocupación serían los despidos. 

De Diego maneja compañías de peso, muchas de las cuáles están en la cámara alimenticia Copal, las más golpeadas por la crisis del consumo. Dentro del pelotón están Molinos, Ledesma, Arcor y las de bebidas, como Coca Cola. A fines de febrero, la embotelladora socia de Coca, FEMSA, le pidió un salvataje al Gobierno, que este rechazó vía un Proceso Preventivo de Crisis (PPC). Pero, según supo Letra P de fuentes oficiales, entre enero y febrero ya suman 21 las empresas que le reclaman al Estado la misma herramienta, que permite acordar despedidos, reajuste y beneficios impositivos. Consultados por este portal, desde el ministerio que conduce Dante Sica negaron los datos de cuáles son las empresas que ya se presentaron a pedir PPC en 2019, más allá de los datos conocidos de FATE, Avianca, FEMSA y otras firmas.

“El nivel de actividad es preocupante”, señaló De Diego, quien le quitó importancia a la posibilidad de que el Gobierno lance un blanqueo laboral. “Hay cosas más importante en el marco de la crisis”, dijo. “Si hasta ahora no hay reforma laboral, es porque no hay decisión política”, añadió.