El martes, en una reunión con su entorno más cercano, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, decidió poner un freno abrupto a la pelea salarial que mantiene con los gremios docentes desde el inicio del año y mandó a la mesa de negociación una oferta muy cercana a lo reclamado por los maestros. Sacó del bolsillo lo que había negado tener. Fue una decisión exclusiva de la mandataria, sin consulta previa al gobierno nacional, con la que busca congelar un conflicto de alto impacto social y preservarse o, más exactamente, preservar esa imagen sensible y cercana al votante bonaerense que la ayudó, en gran parte, a alcanzar la victoria en 2015. Con la decisión, mostró, además, una evidente diferencia con su jefe político: mientras ella ofrece lo que le reclaman, el Presidente pide “aguantar” en medio de una crisis aguda, con índices de pobreza por las nubes y una volatilidad cambiaria que no para de empujar los precios.
El volantazo evidencia, además, el fracaso de las publicitadas mesas educativas distritales, comandadas por el titular de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, con las que buscó revertir el malestar existente en la comunidad educativa en general sacando del medio a los gremios y, particularmente, a los sindicalistas más duros, sobre quienes el gobierno volvió a hacer foco.
EL PROCESO. El miércoles al mediodía, con la amenaza de un paro de 48 horas pautado para el día siguiente, el Gobierno le ofreció al Frente de Unidad Docente (FUD) 15,6% para recuperar lo perdido en 2018, además de la cláusula gatillo para 2019. Es casi lo que vienen reclamando desde el inicio de la negociación. A riesgo de incentivar una catarata de reclamos, Vidal tomó la decisión el día anterior. Fue durante una reunión en su despacho en La Plata a la que convocó a los ministros Federico Salvai (jefe de Gabinete y de campaña), Hernán Lacunza(Economía) y Marcelo Villegas(Trabajo), además de Sánchez Zinny.
Allí, números en mano, se terminó de moldear la oferta que presentaron al día siguiente: actualización salarial trimestral de acuerdo con la inflación oficial dictada por el INDEC más la recuperación del 15,6% a cuenta de lo perdido en 2018, que significará una inversión extra promedio de 30.000 millones de pesos.
Fue una decisión de último minuto, pero para nada abrupta ni espontánea. Surgió de un estudio detallado de la respuesta social ante la compleja coyuntura y el impacto que esto provoca en la imagen de la gobernadora, sobre quien recae la campaña electoral de Cambiemos.
Vidal buscó, entonces, parar el conflicto, proteger su imagen y, aunque marcando una diferencia, cuidar los votos bonaerenses que deberían ayudar a la consagración de Macri.
El costo de esta jugada para las arcas de la provincia no fue confirmado por fuentes oficiales, aunque, según trascendió, no altera de manera sustancial el beneficio que puede generar si logra, en paralelo, calmar las ansias del resto de los sectores, cuyos referentes más críticos empezaron a reclamar iguales beneficios.
ENSAYOS. La conclusión es la oferta presentada, pero detrás de esa decisión hay una pequeña historia de infortunios y estrategias herradas, como la inclusión del titular de Derechos Humanos, Santiago Cantón, como nuevo interlocutor con los gremios. Fue a comienzos de año, cuando el diálogo entre las partes estaba estancado y no había intenciones de presentar una oferta cercana al reclamo.
Cantón, un funcionario de perfil dialoguista y menos clonado en el formato PRO, mantuvo varios encuentros con referentes gremiales, como Roberto Baradel, del Suteba. El diálogo fue amistoso, pero no dio frutos porque, como sucedía con los demás ministros, no tenía nada novedoso para ofrecer.
Para ese entonces, ya se habían disparado con mayor potencia y expectativas las mesas educativas distritales, comandadas por Sánchez Zinny, que habian tenido un arranque promisorio este año con la presencia de Vidal y del ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y del senador nacional, Esteban Bullrich. Ambas, figuras centrales en la gestión y estrategia educativa.
Estos espacios donde el vidalismo acopió docentes y padres amables con la gestión no lograron su cometido. Es decir, correr a los sindicatos de la discusión, bajar el enojo de la comunidad y recuperar adeptos a la causa Cambiemos. Por el contrario, generó una fuerte alarma: los encuentros terminaron resultando búnkeres de resistencia PRO que no lograron penetrar en la comunidad educativa toda.
Tampoco funcionó la ya conocida demonización de dirigentes, como sucedió con Baradel primero y, luego, con el titular de Udocba, Miguel Díaz, a quien este año presentaron fugazmente como el malo de la película. En una de las reuniones paritarias, el gremialista había exigido que se filmara el encuentro, que siempre es a puertas cerradas, y había provocado, con su pedido en voz alta, la indignación de los ministros que se retiraron del salón y cuestionaron, luego, lo que entendieron como una actitud vandálica del dirigente.
El suceso no pasó a mayores y quedó como una anécdota más en las tensas paritarias de Vidal con los gremios de la educación.
