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El magistrado Ramos Padilla denunció una red de espionaje ilegal que incluye a funcionarios judiciales, periodistas y a Elisa Carrió. El Gobierno presentará un pedido de remoción en la Magistratura.
Redacción 16/03/2019 8:33

El gobierno de Mauricio Macri va a la carga contra el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla y reclama su destitución por parte del Consejo de la Magistratura, que en las próximas horas recibirá el pedido oficial de la Casa Rosada para correr al funcionario judicial por violar sus "deberes de imparcialidad y reserva". El magistrado estuvo hace 72 horas en el Congreso y denunció una red de espionaje ilegal presuntamente integrada por funcionarios judiciales, el falso abogado Marcelo D'Alessio, el fiscal Carlos Stornelli y dirigentes de Cambiemos como Elisa Carrió y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.

Las declaraciones de Ramos Padilla cayeron como una bomba en el Gobierno, que salió rápidamente a respaldar a los nombrados por el juez, como Carrió, que recibió el apoyo de todo el arco político de Cambiemos ante lo que consideraron "una operación K". La información de Ramos Padilla se desprende de una primera investigación sobre pago de coimas en el marco de la causa conocida como Los Cuadernos K. Semanas atrás, el magistrado denunció que el fiscal Stornelli, a cargo de la investigación de la presunta red de corrupción en la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, extorsionaba empresarios vinculados al caso. En esa transacción aparece el falso abogado D'Alessio como mediador.

 

 

En paralelo, Ramos Padilla habló de una red de espionaje ilegal a periodistas y funcionarios que, supuestamente, empezaba en Stornelli y D'Alessio, pero también alcanzaba al periodista de Clarín y Animales Sueltos Daniel Santoro. Con estos antecedentes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que conduce Germán Garavano,  pidió al Consejo de la Magistratura que abra una investigación para determinar si el juez  Ramos Padilla violó sus "deberes de imparcialidad y reserva" por las revelaciones que realizó en torno a una causa a su cargo cuando expuso el miércoles ante una comisión de Diputados en el Congreso de la Nación.

Para presentar la solicitud, el Ministerio envió una nota al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo, Juan Bautista Mahiques, en la que advirtió sobre una aparente "finalidad política" del juez al realizar declaraciones ante la comisión presidida por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau.

 

 

En la carta del oficialismo, se cuestiona la actitud del juez por señalar "como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”. El Gobierno pidió que se investigue si Ramos Padilla incurrió en incumplimiento de sus funciones de juez porque “hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”.

Para el Gobierno, las declaraciones de Ramos Padilla "no sólo carecieron de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal. Mediante un comunicado, Cambiemos cuestionó “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un juez federal”.

Macri busca desplazar al juez que investiga a Stornelli

El magistrado Ramos Padilla denunció una red de espionaje ilegal que incluye a funcionarios judiciales, periodistas y a Elisa Carrió. El Gobierno presentará un pedido de remoción en la Magistratura.

El gobierno de Mauricio Macri va a la carga contra el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla y reclama su destitución por parte del Consejo de la Magistratura, que en las próximas horas recibirá el pedido oficial de la Casa Rosada para correr al funcionario judicial por violar sus "deberes de imparcialidad y reserva". El magistrado estuvo hace 72 horas en el Congreso y denunció una red de espionaje ilegal presuntamente integrada por funcionarios judiciales, el falso abogado Marcelo D'Alessio, el fiscal Carlos Stornelli y dirigentes de Cambiemos como Elisa Carrió y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.

Las declaraciones de Ramos Padilla cayeron como una bomba en el Gobierno, que salió rápidamente a respaldar a los nombrados por el juez, como Carrió, que recibió el apoyo de todo el arco político de Cambiemos ante lo que consideraron "una operación K". La información de Ramos Padilla se desprende de una primera investigación sobre pago de coimas en el marco de la causa conocida como Los Cuadernos K. Semanas atrás, el magistrado denunció que el fiscal Stornelli, a cargo de la investigación de la presunta red de corrupción en la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, extorsionaba empresarios vinculados al caso. En esa transacción aparece el falso abogado D'Alessio como mediador.

 

 

En paralelo, Ramos Padilla habló de una red de espionaje ilegal a periodistas y funcionarios que, supuestamente, empezaba en Stornelli y D'Alessio, pero también alcanzaba al periodista de Clarín y Animales Sueltos Daniel Santoro. Con estos antecedentes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que conduce Germán Garavano,  pidió al Consejo de la Magistratura que abra una investigación para determinar si el juez  Ramos Padilla violó sus "deberes de imparcialidad y reserva" por las revelaciones que realizó en torno a una causa a su cargo cuando expuso el miércoles ante una comisión de Diputados en el Congreso de la Nación.

Para presentar la solicitud, el Ministerio envió una nota al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo, Juan Bautista Mahiques, en la que advirtió sobre una aparente "finalidad política" del juez al realizar declaraciones ante la comisión presidida por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau.

 

 

En la carta del oficialismo, se cuestiona la actitud del juez por señalar "como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”. El Gobierno pidió que se investigue si Ramos Padilla incurrió en incumplimiento de sus funciones de juez porque “hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”.

Para el Gobierno, las declaraciones de Ramos Padilla "no sólo carecieron de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal. Mediante un comunicado, Cambiemos cuestionó “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un juez federal”.