No es raro ver balances en rojo en empresas alimenticias. Tras casi cuatro años consecutivos de caída del consumo, hasta el gigante Arcor reportó pérdidas por primera vez desde 2001. Pero hay casos curiosos, particulares, por la explicación de las cifras negativas. Molinos, una de las empresas que Sergio Massa mencionó como las más concentradas, informó a sus accionistas una pérdida de $1.356 millones, que sigue la tendencia de los años 2017 y 2018, cuando la Sociedad perdió, en moneda de 2018, $755 millones y $1.703 millones, respectivamente, y que,.asegura, está relacionada “a la imposibilidad de trasladar a los precios de su cartera de productos los aumentos de los costos y los efectos de la devaluación”. Sin embargo, la firma aplicó superaumentos de hasta el 100%.
Macri convocó a CEOs a Olivos en plena corrida. Molinos ya había subido los precios.
Molinos tiene más de la mitad del negocio de farináceos: el 70% de la góndola de pastas secas y más del 60% en el caso de las harinas. Es, junto a Molinos Cañuelas, una de las dos compañías que abastecen este rubro. En lo que va del año, la empresa de Pérez Companc mantuvo una política de precios muy agresiva. Los números de los aumentos que practicó impactan y hasta contradicen el argumento del no traslado.
En lo que va del año, las pastas de Molinos subieron 71%, mientras que las harinas se incrementaron 100%, todo, en un escenario de inflación que, a lo sumo, puede llegar a superar el 60%.
No es la primera vez que la compañía trabaja de manera sinuosa. El propio presidente Mauricio Macri tuvo una mala experiencia: en mayo, el mandatario convocó a Olivos a un puñado de CEOs de peso para que se comprometieran a apoyar la negociación con el Fondo Monetario (FMI) y el combate a la inflación en el marco de un reverdecer de las remarcaciones. Se sentó a su mesa Amancio Oneto, el directivo de Molinos, que aceptó ponerle el hombre al pedido de Macri. Llegó a esa reunión sin mostrar un dato: en plena corrida cambiaria, ya había aplicado dos subas, del 15% y el 7%.
Fernández quiere Ley de Góndolas para cortar la concentración.
Este tipo de casos son los que pusieron a los equipos del presidente electo, Alberto Fernández, a trabajar en la transición parlamentaria en la Ley de Góndolas. El ganador de las elecciones mencionó el tema en su gira de esta semana por México.
La norma, que prevé que las empresas no pueden tener más del 30% de la góndola por cada rubro y obliga a sumar proveedores pyme, tiene dictamen de mayoría en cinco proyectos de la oposición. También fue planteado el tema por el oficialismo con un proyecto de Elisa Carrió que terminó limado por el propio Cambiemos para suavizarlo.
La idea de los legisladores -lo impulsa la massista Marcela Passo- es que ya, con dictamen, se trate en la Cámara de Diputados el 20 de noviembre y que, de aprobarse, pase al Senado para un tratamiento exprés el 27 del mismo mes. La normativa, que el gobierno que asumirá el 10D estima un ariete contra la concentración, promete conflictos y ya hay empresas trabajando en lobbies en contra.
A priori, la ley tiene puntos a favor y en contra: el menos significativo es que aplica sobre el canal moderno, los supermercados, que representan sólo el 27% de la facturación del consumo. Los que favorecen, que obliga a las cadenas a no aplicarles a los proveedores condiciones de financiamiento y pagos extensas que superen los 60 días.
La normativa también representa una batalla silenciosa entre productores y supermercadistas. Estos últimos aducen que no forman precios y son perjudicados por la modificación automática del armado de la góndola, que además exige garantizar tener proveedores pyme en condiciones de abastecer y técnicamente aptos.
