Las amenazas por la presunta presencia de artefactos explosivos en las escuelas públicas y privadas de la provincia es un problema que, pese a las recurrentes denuncias, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Gabriel Sánchez Zinny, no ha podido detener. Tampoco han logrado frenar la ola de llamados falsos la cartera de Seguridad, que conduce Cristian Ritondo, pese a que se estima que los operativos de inspección significan un gasto que puede alcanzar los 30 mil pesos diarios.
La crisis en materia educativa tiene varias aristas en la administración que conduce María Eugenia Vidal. No sólo el dilatado conflicto con los docentes por la falta de acuerdo salarial y la problemática en materia infraestructura, que le costó la vida a dos trabajadores de la educación en el distrito de Moreno, forman parte de la agenda de temas que debe atender Sánchez Zinny. Desde hace varias semanas la comunidad educativa está sacudida por la interrupción en el dictado de clases derivada de constantes amenazas de bombas.
Hace unos días, a dos semanas de la explosión de la escuela Nº 49 de Moreno, el ministro de educación encabezó - junto a su par de Justicia, Gustavo Ferrari, y al titular de Inteligencia Criminal de la Policía Bonaerense, Vicente Ventura Barreiro - de una jornada de “acuerdos institucionales de convivencia” de la que participaron estudiantes de 134 escuelas para analizar la problemática.
Sin embargo, las intenciones de solucionar la dificultad, que diariamente perjudica a una importante fracción de la población, no han sido alcanzadas.
Una clara muestra de los que significa el problema se registra en Ensenada, Berisso y La Plata. En la capital bonaerense, todos los días, en al menos un colegio, las clases deben ser interrumpidas por una amenaza de bomba. Según detalla el portal local 0221, a manera de ejemplo, el lunes una escuela – el Normal 1- cumplió un mes sin clases al registrarse 31 días de amenazas. Esa cifra se superó este martes al recibirse un nuevo llamado. En estas jornadas, la dinámica se repitió en el colegio Albert Thomas, en la Técnica Nº8 de la localidad de Tolosa y en la escuela religiosa Sagrado Corazón.
“Hay un silencio total de los funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación, del Ministro de Seguridad y de todos los funcionarios implicados y responsables de que las escuela tengan clases”, señaló a Letra P un integrante de la comunidad educativa del Normal 1. “No vemos una mínima señal que indique que va a resolverse. Es lamentable”, indicaron.
DESEMBOLSO. En lo sucesivo, la imagen de alumnos y docentes en las veredas de enfrente a los colegios o en las plazas cercanas se ha vuelto a una postal repetida. Sin un plan de prevención por parte del vidalismo, el sitio mencionado, además, detalla que las amenazas del lunes 3 de septiembre le significaron a la provincia de Buenos Aires un gasto de al menos 150 mil pesos.
"Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica poner en movimiento la brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona", explica el portal, según fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense que explicaron que cada procedimiento cuesta entre 25 y 30 mil pesos.
En un contexto de crisis económica, y en momentos en que la administración de María Eugenia Vidal trabaja en ensanchar el ahorro de gastos, la cifra para atender las amenazas de bombas significan un importante desembolso.
Miembros de la comunidad advierten que un procedimiento que aseguraría la continuidad de las clases podría ser la implementación de un sistema de vigilancias en las escuelas donde la problemática es una constante. “En vez de gastar en operativos podrían contratar personal de vigilancia, un sereno por ejemplo, que pueda descartar ante un llamado, ante una amenaza, la presencia de artefactos sospechosos”, sugirió un padre.
A poco más de tres meses que concluya el ciclo lectivo 2018, el objetivo de cumplir con el dictado de 180 días clases ha fracasado. En el medio de la continuidad de una problemática fuera de control, una importante porcentaje de la población resulta afectada y sin respuesta.