Como la crisis, el ajuste no distingue color político. Por eso lo que empezó a ser una respuesta de los intendentes de Cambiemos al pedido de ajuste de la gobernadora María Eugenia Vidal, ahora comenzó a irradiarse entre representantes de distintos espacios políticos.
El impacto de la crisis económica comienza a sentirse en los territorios y obliga a intendentes no sólo a ampliar los presupuestos destinados a ayuda social, sino a reducir gastos en otras áreas o a arbitrar medidas para hacer frente al complejo escenario. El lunes por la tarde, con este escenario de fondo, un grupo de jefes comunales peronistas del Conurbano, solicitaron a ministros del gobierno bonaerense que se declare en territorio provincial la Emergencia Económica, Social y Alimentaria, a la vez que requirieron la conformación de una “Mesa de Diálogo Social Bonaerense”.
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En Necochea, concejales de Unidad Ciudadana propusieron, entre otras medidas, que los funcionarios locales bajen sus salarios en un 20% y que la planta política quede reducida a la mitad. Además, pidieron la conformación de un "Gabinete de crisis", conformado por el Ejecutivo municipal, concejales, representantes de las centrales sindicales, de los movimientos sociales y del comercio e industria local.
Asimismo, propusieron la creación de un "Fondo Municipal Anticrisis" que surja de la reinstauración de la tasa portuaria y la no aplicación del Revaluó Fiscal enviado por la Provincia, que según consignaron, elevaría las tasas municipales en más del 800%. Además de solicitar una recomposición de los salarios de los trabajadores municipales, propusieron un sistema de control de precios municipal que permita la implementación efectiva del reinstalado Programa de Precios Cuidados.
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En Bolívar, el intendente Marco Pisano decretó la creación del Consejo Económico y Social, cuyo principal objetivo será monitorear la situación social y proponer políticas públicas con el fin de proteger los trabajos, lograr mayor dialogo con el gobierno nacional, provincial y de municipios vecinos.
En Junín, el intendente Pablo Petrecca, anunció en las redes sociales que congelaría su salario como un gesto ante la crítica situación económica del país e invitó a los concejales locales a que se "adhieran" a la medida. Señaló que a partir de la firma de un decreto "no cobraré los aumentos". "Quiero invitar también a que los concejales se sumen a este gesto y adhieran a esta iniciativa", agregó a través de su perfil de Twitter.
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La misma determinación tomó su par de Balcarce, Esteban Reino, quien anunció el congelamiento de sus haberes y el de sus funcionarios hasta fin de año, así como también la eliminación de viáticos. "Permitirá que tengamos un ahorro mensual importante como para ir paliando futuros aumentos salariales de los empleados municipales", sostuvo Reino.
Por su parte, algunos jefes comunales resolvieron adelantar aumentos u otorgar bonificaciones como un respiro para los municipales. El alcalde de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari, instruyó al área de finanzas para que analice el monto de un bono extra, que se pagaría junto al salario de octubre y noviembre, aunque aún no se definió el monto.
También Gustavo Walker, de Pila, anunció que elevará al Concejo Deliberante un pedido para otorgar bonos de 2 mil pesos en septiembre y octubre. En ese marco, Miguel Fernández, de Trenque Lauquen, dio a conocer un plan social destinado en principio a jóvenes, a quienes se ofrecerá una capacitación y un incentivo desde el municipio por cuatro meses para realizar tareas en la propia intendencia o en empresas del distrito de forma remunerada.
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En La Plata, el intendente Julio Garro convocó a una mesa amplia para dialogar sobre la situación social y articular políticas en conjunto con sectores políticos y sociales. Según informaron desde el Municipio, el mandatario invitó al arzobispo Víctor Manuel Fernández, referentes políticos de diversos espacios, instituciones regionales, representantes gremiales y organizaciones sociales para conformar una mesa de trabajo.
Quizá el más llamativo de los planteos lo haya hecho un concejal de Tres Arroyos, quien propuso “trabajar gratis” hasta fin de año y ahorrar así unos 12 millones de pesos a la comuna. Julio Federico, del Frente Renovador, dijo que está dispuesto a no cobrar su dieta si lo acompañan el resto de sus colegas del Concejo Deliberante y los funcionarios del Ejecutivo. La medida no sólo no fue acompañada, sino que muy criticada por representantes del oficialismo y de otras bancadas opositoras.
Federico planteó públicamente su iniciativa luego de que el intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, anunciara un congelamiento de los haberes de todos los funcionarios del Ejecutivo hasta fin de año, medida que la mayoría de los concejales estaría dispuesta a imitar.