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Ante la demora de funcionarios de Cambiemos, el magistrado, Ernesto Kreplak decidió afinar la sintonía en las medidas de prueba. Declaró el periodista Juan Amorín.
Por 09/08/2018 9:38

La causa por los aportantes truchos de Cambiemos en la campaña electoral de 2017 registró un nuevo avance en la investigación, luego de la batería de medidas solicitadas hace una semana por el juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, tal como anticipó Letra P. El magistrado emplazó a la titular de la cartera nacional de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a que conteste el requerimiento de información judicial en 72 horas. Se trata de información similar a la aportada por la funcionaria ante el requerimiento del fiscal Jorge Di Lello. También tomó una muestra de casos para comenzar a investigar mientras aguarda que reparticiones nacionales envíen la documentación solicitada. Declaró el periodista Juan Amorín.

Luego de recibir el dictamen del fiscal Jorge Di Lello, el juez solicitó una serie de medias de prueba entre las que se destaca el pedido a la Anses para que remita copia de las bases de datos de los últimos cinco años de los beneficarios de los planes sociales Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Hacemos Futuro.

 

 

Como desde la repartición nacional aun no contestaron, el juez tomó una muestra de 30 casos (ciudadanos) sobre los que requirió información a la Justicia Electoral, Desarrollo Social (Stanley) y AFIP, para que contesten en el plazo de 72 horas. Una vez obtenidos los datos, será momento de un análisis preliminar para definir cómo sigue en rumbo de la investigación.

En la trama más política de la causa híper política, requirió a las autoridades del PRO bonaerense que le envíe el padrón completo de afiliados. Esa documentación tampoco fue remitida aun por las autoridades partidarias, entre las que sobresalen las figuras de la gobernadora María Eugenia Vidal, como titular de la fuerza política, y la ex funcionaria provincial, María Fernanda Inza, eyectada de la administración pública bonaerense luego del escándalo, una especie de fusible para intentar contener el mal humor social y frenar la caída en la imagen positiva de la figura con mayor proyección dentro del oficialismo.

 

 

Las causas se iniciaron tras una investigación que publicó la multiplataforma web El Destape. Su autor, el periodista Juan Amorín, confirmó a Letra P que declaró este miércoles 8 de agosto. Lo hizo en calidad de testigo y ratificó ante el juez, toda la información que publicó en su investigación periodística.

Por su parte la gobernadora Vidal, en el programa “A Dos Voces”, que se emite por la señal Todo Noticias (TN), se refirió al tema y dijo: "Aún no está probado que hubo delito. Seguro que hubo errores. Pero nosotros damos la cara, separamos a funcionarios, no evitamos el tema. Nos sometemos a la Justicia", dijo sin explicar la demora en el envío de la información solicitada por el juez. Vidal cerró su respuesta aseverando que “los datos de aportantes son públicos. Yo aporto 3 mil pesos por mes al partido."

 

 

La mandataria provincial está preocupada por la causa. No lo demuestra en público, pero sí lo demuestra puertas adentro de su espacio político. La causa no solo la compromete a ella como titular de la fuerza política PRO que integra la alianza Cambiemos. También están en la mira la contadora Inza, Tesorera del PRO, quien tras su salida del gobierno, se fue de viaje al exterior.

En la línea de fuego también emerge la figura de Federico Salvai, Jefe de Gabinete bonaerense, persona de extrema confianza de la Gobernadora, armador político y esposo de Carolina Stanley, quien fue jefe de la campaña electoral de Cambiemos en 2017.

 

 

El juez Kreplak investiga delitos penales como lavado de dinero (origen de los fondos de campaña), falsificación de instrumento privado (por las afiliaciones apócrifas el PRO bonaerense) y robo de identidad (por la extracción de datos personales de bases de datos oficiales –ejemplo: Anses o Desarrollo Social- que deben ser resguardadas por el Estado en cabeza de sus funcionarios públicos), entre otros posibles delitos.

Los expedientes aun no fueron oficialmente rotulados, el universo delictivo a investigar es amplio y los investigadores quieren tener toda la documentación sobre la mesa para tener un cuadro de situación completo y comenzar con los llamados a declaración e indagatoria y eventuales procesamientos, situación que Vidal, Inza y Salvai (entre otros) desean gambetear y dejar que toda la responsabilidad quede en cabeza de los recaudadores de campaña: el radical Alfredo Irigoin (ex Intendente de Laprida) y la dirigente PRO, Silvia Chabán, ambos imputados en la causa que tramita en el juzgado del juez Federal, Sebastián Casanello.

Cabe recordar que la semana pasada la fiscal Ana Russo dictaminó que la denuncia presentada por la diputada ultracristinista de Unidad Ciudadana, Florencia Juana Saintout, debe prosperar.

En paralelo a ello, la senadora Teresa García –jefa del bloque Unidad Ciudadana- ya ratificó la denuncia presentada antes de la feria judicial.

 

 

Mientras Kreplak se aboca a la parte penal del caso, su colega en lo contencioso administrativo que subroga el juzgado electoral, Adolfo Gabino Ziulu, escruta los movimientos económicos de la alianza Cambiemos, es decir, ingresos y egresos, gastos de campaña, pero no hace foco en el origen de los fondos. En caso de detectar irregularidades en el origen del dinero, el marco normativo indica que debe declinar competencia y radicar la denuncia en la rama Penal del fuero Federal de La Plata, es decir, enviar esa arista de la investigación a Kreplak.

A las causas que tienen en sus despachos los jueces Casanello, Ziulu y Kreplak deben sumarse las decenas de denuncias penales que tramitan en la justicia ordinaria bonaerense, en la que los denunciantes aseguran que figuran como aportantes de campaña de Cambiemos (en 2015 y en 2017) sin haberlo sido. En ese caso, se analiza la posibilidad de solicitar la declinatoria de competencia de los jueces y fiscales provinciales para que las actuaciones ejecutadas sean remitidas a la justicia Federal de La Plata.

 

Aportantes truchos: el juez emplazó a Stanley para que responda por 30 casos

Ante la demora de funcionarios de Cambiemos, el magistrado, Ernesto Kreplak decidió afinar la sintonía en las medidas de prueba. Declaró el periodista Juan Amorín.

La causa por los aportantes truchos de Cambiemos en la campaña electoral de 2017 registró un nuevo avance en la investigación, luego de la batería de medidas solicitadas hace una semana por el juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, tal como anticipó Letra P. El magistrado emplazó a la titular de la cartera nacional de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a que conteste el requerimiento de información judicial en 72 horas. Se trata de información similar a la aportada por la funcionaria ante el requerimiento del fiscal Jorge Di Lello. También tomó una muestra de casos para comenzar a investigar mientras aguarda que reparticiones nacionales envíen la documentación solicitada. Declaró el periodista Juan Amorín.

Luego de recibir el dictamen del fiscal Jorge Di Lello, el juez solicitó una serie de medias de prueba entre las que se destaca el pedido a la Anses para que remita copia de las bases de datos de los últimos cinco años de los beneficarios de los planes sociales Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Hacemos Futuro.

 

 

Como desde la repartición nacional aun no contestaron, el juez tomó una muestra de 30 casos (ciudadanos) sobre los que requirió información a la Justicia Electoral, Desarrollo Social (Stanley) y AFIP, para que contesten en el plazo de 72 horas. Una vez obtenidos los datos, será momento de un análisis preliminar para definir cómo sigue en rumbo de la investigación.

En la trama más política de la causa híper política, requirió a las autoridades del PRO bonaerense que le envíe el padrón completo de afiliados. Esa documentación tampoco fue remitida aun por las autoridades partidarias, entre las que sobresalen las figuras de la gobernadora María Eugenia Vidal, como titular de la fuerza política, y la ex funcionaria provincial, María Fernanda Inza, eyectada de la administración pública bonaerense luego del escándalo, una especie de fusible para intentar contener el mal humor social y frenar la caída en la imagen positiva de la figura con mayor proyección dentro del oficialismo.

 

 

Las causas se iniciaron tras una investigación que publicó la multiplataforma web El Destape. Su autor, el periodista Juan Amorín, confirmó a Letra P que declaró este miércoles 8 de agosto. Lo hizo en calidad de testigo y ratificó ante el juez, toda la información que publicó en su investigación periodística.

Por su parte la gobernadora Vidal, en el programa “A Dos Voces”, que se emite por la señal Todo Noticias (TN), se refirió al tema y dijo: "Aún no está probado que hubo delito. Seguro que hubo errores. Pero nosotros damos la cara, separamos a funcionarios, no evitamos el tema. Nos sometemos a la Justicia", dijo sin explicar la demora en el envío de la información solicitada por el juez. Vidal cerró su respuesta aseverando que “los datos de aportantes son públicos. Yo aporto 3 mil pesos por mes al partido."

 

 

La mandataria provincial está preocupada por la causa. No lo demuestra en público, pero sí lo demuestra puertas adentro de su espacio político. La causa no solo la compromete a ella como titular de la fuerza política PRO que integra la alianza Cambiemos. También están en la mira la contadora Inza, Tesorera del PRO, quien tras su salida del gobierno, se fue de viaje al exterior.

En la línea de fuego también emerge la figura de Federico Salvai, Jefe de Gabinete bonaerense, persona de extrema confianza de la Gobernadora, armador político y esposo de Carolina Stanley, quien fue jefe de la campaña electoral de Cambiemos en 2017.

 

 

El juez Kreplak investiga delitos penales como lavado de dinero (origen de los fondos de campaña), falsificación de instrumento privado (por las afiliaciones apócrifas el PRO bonaerense) y robo de identidad (por la extracción de datos personales de bases de datos oficiales –ejemplo: Anses o Desarrollo Social- que deben ser resguardadas por el Estado en cabeza de sus funcionarios públicos), entre otros posibles delitos.

Los expedientes aun no fueron oficialmente rotulados, el universo delictivo a investigar es amplio y los investigadores quieren tener toda la documentación sobre la mesa para tener un cuadro de situación completo y comenzar con los llamados a declaración e indagatoria y eventuales procesamientos, situación que Vidal, Inza y Salvai (entre otros) desean gambetear y dejar que toda la responsabilidad quede en cabeza de los recaudadores de campaña: el radical Alfredo Irigoin (ex Intendente de Laprida) y la dirigente PRO, Silvia Chabán, ambos imputados en la causa que tramita en el juzgado del juez Federal, Sebastián Casanello.

Cabe recordar que la semana pasada la fiscal Ana Russo dictaminó que la denuncia presentada por la diputada ultracristinista de Unidad Ciudadana, Florencia Juana Saintout, debe prosperar.

En paralelo a ello, la senadora Teresa García –jefa del bloque Unidad Ciudadana- ya ratificó la denuncia presentada antes de la feria judicial.

 

 

Mientras Kreplak se aboca a la parte penal del caso, su colega en lo contencioso administrativo que subroga el juzgado electoral, Adolfo Gabino Ziulu, escruta los movimientos económicos de la alianza Cambiemos, es decir, ingresos y egresos, gastos de campaña, pero no hace foco en el origen de los fondos. En caso de detectar irregularidades en el origen del dinero, el marco normativo indica que debe declinar competencia y radicar la denuncia en la rama Penal del fuero Federal de La Plata, es decir, enviar esa arista de la investigación a Kreplak.

A las causas que tienen en sus despachos los jueces Casanello, Ziulu y Kreplak deben sumarse las decenas de denuncias penales que tramitan en la justicia ordinaria bonaerense, en la que los denunciantes aseguran que figuran como aportantes de campaña de Cambiemos (en 2015 y en 2017) sin haberlo sido. En ese caso, se analiza la posibilidad de solicitar la declinatoria de competencia de los jueces y fiscales provinciales para que las actuaciones ejecutadas sean remitidas a la justicia Federal de La Plata.