El fin de la feria judicial de invierno trae una mala noticia para el oficialismo de Cambiemos: las denuncias por los falsos aportantes de campaña (tanto en la justicia ordinaria bonaerense como en el fuero Federal –en La Plata y Comodoro Py-) comenzarán a tomar impulso con la profundización de las medidas de pruebas que solicitarán los fiscales y denunciantes.
En un rápido repaso hay que recordar que existen dos causas centrales que están radicadas en los tribunales de Comodoro Py (en la que intervienen el fiscal Carlos Stornelli y el juez Sebastián Casanello) y en La Plata (a cargo del juez Ernesto Kreplak, que este lunes se reintegra de su licencia). A ellos se suma la investigación preliminar que lleva adelante el fiscal con competencia electoral, Jorge Di Lello, legajo que registra una importante cantidad de pruebas acumuladas y en la que esta semana habrá un informe final.
Independiente de lo que ocurre en el fuero Federal, existen múltiples denuncias en el interior de la provincia de Buenos Aires por posibles falsos aportantes a la campaña de Cambiemos para las elecciones de 2015 y de 2017. Gran parte de estas denuncias se iniciaron luego de la investigación realizada por el periodista Juan Amorín para la plataforma web El Destape.
Una de las claves para que el tema llegue a buen puerto serán las estrategias judiciales que tomen los denunciantes. Mientras los denunciados apuntarán a dilatar las instrucciones con interminables pedidos de producción de prueba (documental y testimonial), la clave estará en la sagacidad de los investigadores para determinar que prueba es conducente (productiva para arribar a la verdad material del caso) y cuáles no lo son.
Uno de los delitos más graves que enfrenta la gobernadora María Eugenia Vidal (como titular del partido PRO bonaerense) junto a su amiga y ex funcionaria, la contadora María Fernanda Inza (como tesorera partidaria) es la posible imputación por “lavado de dinero”. Si no logra demostrar el origen de los fondos, un escenario posible es la condena e inhabilitación para el ejercicio de la función pública (en un monto de pena que va de seis meses a diez años) para ambas dirigentes. En este sentido, el titular nacional de Cambiemos, Humberto Schiavoni, declaró que "seguro que Vidal no estaba al tanto", en un intento por desactivar el escándalo y despegar a la mandataria de la causa.
También podrían enfrentar cargos por el robo de identidades de los presuntos que, se sospecha, fueron extraídos de bases de datos de beneficiarios de planes sociales. La mayoría son personas en situación de extrema vulnerabilidad social y figuran en los registros como donantes de dinero.
Según pudo saber Letra P, el fiscal Di Lello ya recibió informes de Desarrollo Social y de la Anses donde consta que la mayoría eran beneficiarios de asistencia social.
En el juzgado de Casanello comenzarán a declarar unos cincuenta testigos, quienes deberán ratificar si aportaron dinero o no a la campaña de Esteban Bullrich y Garciela Ocaña en las elecciones legislativas de 2017.
La estrategia del oficialismo será intentar que todo quede encuadrado como simples faltas electorales y esquivar posibles severas sanciones. En la vereda opuesta se ubican dos legisladoras bonaerenses de Unidad Ciudadana, María Teresa García y Florencia Saintout, quienes plantean que se cometieron delitos tipificados en el Código Penal y reclamarán que se aplique ese marco normativo y punitivo para el caso que está en plena etapa de investigación.
Un dato que no es menor. La contadora Inza contará con el patrocinio legal de Alejandro Pérez Chada, un destacado abogado penalista de máxima confianza del presidente Mauricio Macri. Todo un síntoma.