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El Gobierno interviene en las empresas de obra pública con razzia de CEOs impuros

Bajo los efectos del cuadernozo, elabora un sistema de requisitos que contempla el envío de auditores del Estado a las compañías y la remoción de directivos comprometidos con causas de corrupción.

Por 27/08/2018 18:25

El Gobierno parece decidido a salvar a la obra pública de los riesgos que puede generarle el escándalo de corrupción que se inició con los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. Preocupado por el impacto en el empleo y la afectación de los proyectos de Participación Público Privada (PPP), el Ejecutivo trabaja en un código de ética que aplicará en breve y que tiene dos exigencias centrales: que renuncien los CEOs de empresas involucradas en presuntos hechos de corrupción y que se sometan las compañías a un auditor interno monitoreado por un representante del Estado, que observará el cumplimiento de normas legales de los procesos. La figura, en concreto, es confirmada por el Gobierno como un “Compliance Officer” u oficial de cumplimiento.

Según confirmaron a Letra P fuentes oficiales, en la redacción del Código -que se aplicará a las empresas de obra pública y las que participen en PPP- intervienen la Procuración del Tesoro, la Oficina Anticorrupción (OA), Unidad de Información Financiera (UIF), Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Comisión de Defensa de la Competencia.

 

 

“No nos vamos a meter en las empresas, pero las vamos a mirar de cerca para que cumplan”, detallaron en el entorno del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que presentó este lunes el nuevo fideicomiso para las PPP. Establece el mismo que los bancos que antes financiaban individualmente a las empresas hoy pondrán ese dinero en el fondo que manejará Francisco “Pancho” Cabrera, titular del BICE. Casi que la nueva normativa en la que trabaja el Ejecutivo vía sus organismos es una respuesta a la inquietud del sistema financiero de garantizarse bajo riesgo a la hora de prestar; a la vez que el Gobierno conserva las inversiones en obras a meses del inicio de la campaña electoral de las elecciones 2019.

“Siempre planteamos que hay que diferenciar a los empresarios denunciados de las empresas y los trabajadores. Tenemos más de 420 mil empleados activos en la construcción”, dijeron a Letra P fuentes del Ministerio del Interior, que está a cargo de Rogelio Frigerio.

El encargado de difundir públicamente este códice de buenas prácticas fue el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. “Es voluntad del presidente Macri aplicar un nuevo marco ético y de integridad para la contratación de empresas públicas que hacen obra pública en nuestro país. (…) Aquellas personas físicas que tengan o se encuentren responsables penalmente, sea por adherir a la calidad de arrepentido o porque la Justicia así lo determina, deberán dar un paso al costado en su rol de socios estratégicos o directores de aquellas empresas que desean seguir realizando obras públicas en nuestro país”, puntualizó el abogado del Estado.

 

 

¿Qué dice el detalle de la nueva norma que puede ver la luz como decreto o resolución? El primer punto es que el fideicomiso exigirá a los contratistas cesión de garantía de derecho de crédito (incluso pago por inversión), títulos de reconocimiento de inversión trimestrales (la forma en que el Estado les paga a las empresas por las obras), garantías corporativas asociadas a los accionistas, prenda de acciones y fianzas personales.

El segundo apartado marca que “las empresas van a tener que adherir a un conjunto de normas éticas y de integridad para su actuación, elaboradas por los organismos de control competentes en la materia. (…) Esa adhesión va a significar aceptar que el Estado monitoree su cumplimiento y aplicación por las empresas”.

En paralelo, las contratistas deberán tener una suerte de auditor externo (aunque en determinadas condiciones puede ser interno) que funcionará supervisando temas de integridad o transparencia. El Gobierno describió al auditor como Oficial de Cumplimiento. La figura del Compliance Officer nació en los Estados Unidos luego de los escándalos financieros suscitados a comienzos de 2000. Se aplicó a monitoreos de ese sector y del de laboratorios, todos rubros altamente regulados. Argentina no sería el primer país en hacer una norma en este sentido.

Vale decir que la remoción de CEOs impuros ya se venía dando en el marco de la estrategia judicial de las propias empresas involucradas. Habiendo resignado posición ya cinco directivos de peso de las empresas involucradas (Roggio, Loson, Ferreyra, Santos Uribelarrea y Chediak). Pero la propuesta del Gobierno avanza sobre los que se arrepintieron y colaboraron y aquellos que no estando en ese pelotón, tienen alguna confirmación de culpabilidad en sus acciones.