Mediante el decreto 653 publicado este lunes en el Boletín Oficial, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, realizó una serie de modificaciones a la Ley 6021 que establece el régimen de obra pública en la provincia. Lo hizo sin dejar de marcar que “el aumento constante de los costos de materiales, mano de obra y otros insumos necesarios para la construcción generó una desactualización de los montos establecidos en la reglamentación de la referida ley, resultando necesario adoptar un parámetro de reajuste que resulte adaptable a las variaciones constantes”.
Ante eso, y al hacer foco en “la adecuación de los procesos administrativos a los sistemas de calidad, eficiencia y eficacia”, el decreto aprobó un “cuadro de competencias” para todos los procesos de contratación, esquema que marca las responsabilidades de cada funcionario según la modalidad de contratación.
En tanto, las segmentaciones entre licitaciones públicas, privadas, concurso de precios y contrataciones directas, se hacen a partir de fijarse como parámetro de limitación los metros cuadrados de la obra, y no su monto estipulado.
Por ejemplo, para obras menores de hasta 200 m2, un director provincial es el funcionario competente durante todo el procedimiento licitatorio, mientras que para obras superiores a 3600 m2, el encargado es directamente el ministro.
“Resulta necesario modificar la reglamentación de la ley de obra pública en relación a los procedimientos de selección de ofertas y dotar a los mismos de mayor eficacia y eficiencia para la gestión de la obra pública en la Provincia”, se subraya en los considerandos del decreto, al enfatizarse como “ineludible” instrumentar medidas “tendientes a la modernización de los procesos administrativos de selección de ofertas en la Obra Pública y a su proceso de ejecución”.