El escándalo desatado por la existencia de aportes truchos durante la última campaña electoral del oficialismo, obligó al Gobierno a acelerar la presentación de una reforma de la ley de financiamiento de los partidos políticos, de la norma orgánica de la Justicia Electoral y del Código Nacional Electoral. Se trata de una parte del paquete de reformas que había impulsado la administración del presidente Mauricio Macri hace dos años, donde incluía la implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE). Ingresará este viernes, por la Cámara de Diputados, según informó el propio Poder Ejecutivo.
La iniciativa original quedó frenada en la Cámara Baja por la resistencia de la oposición a mutar de la boleta en papel al voto electrónico. Con este nuevo borrador, el Ejecutivo exhumó una parte de esa iniciativa frenada en medio de las investigaciones judiciales que indagan los aportes apócrifos del oficialismo en su última campaña proselitista.
El nuevo proyecto, según anunció el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, en Casa Rosada, impulsa diez cambios en el régimen vigente: fija la bancarización total de los aportes privados a los partidos, legaliza los aportes de empresas, crea un registro de proveedores de publicidad en vía pública, establece la obligatoriedad de contar con dos responsable económico–financieros en la rendición de las cuentas, regula la publicidad oficial de actos de gobierno durante la campaña, impone sanciones para el clientelismo y el uso de recursos públicos con fines partidarios y le impide acceder a aportes extraordinarios a los partidos sancionados. Además permite que cada provincia pueda adherir a los cambios del régimen nacional y suma 17 nuevos cargos de auditores-contadores para la Cámara Nacional Electoral (CNE), un punto que el fuero reclama desde hace años.
APORTES BANCARIZADOS. Uno de los puntos más espinosos de la iniciativa tiene que ver con los aportes de empresas. Práctica habitual, pero fuera de la ley por una prohibición que ahora sería reemplazada por un sistema de topes. “La prohibición de los aportes de personas jurídicas no funcionó como mecanismo para generar mayor equidad ni transparencia. Existe un fuerte consenso respecto a que la transparencia electoral requiere admitir estos aportes”, argumentan en el Ministerio del Interior. La iniciativa habilita el aporte de empresas y establece un tope del 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido, con el fin de que “ninguna persona, física ni jurídica, pueda 'comprar' una campaña”.
Respecto a la bancarización, la iniciativa busca eliminar la posibilidad de hacer aportes en efectivo. “La reforma apunta a que el dinero de los aportes y gastos sea registrado, para que el origen de los fondos que se utilizan en la política tenga mayor transparencia. Para ello se elimina la posibilidad de hacer donaciones en efectivo y sólo podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, con el objeto de que en todos los casos se permita la identificación clara y fehaciente del donante así como la trazabilidad del dinero”, sostiene el proyecto.
PROVEEDORES Y ACTOS DE GOBIERNO. En materia de comunicación, la creación del registro de proveedores de publicidad en vía pública que estará en manos de la CNE. “Hasta hoy resulta difícil identificar la verosimilitud de los gastos que declaran los partidos en el marco de una campaña electoral. Prohibida la compra de espacios en medios de comunicación audiovisual, se estima que gran parte de estos gastos recaen hoy en la publicidad de vía pública”. Según la argumentación oficial se podría controlar mejor “el destino de los gastos” y evitar “la presentación de facturas apócrifas y la justificación de gastos no realizados”.
Otro punto comunicacional apunta a los actos de gobierno antes de la campaña electoral. El borrador busca extender de 15 a 30 días “el plazo de prohibición actualmente vigente para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto”, explicó el Gobierno, aunque los tiempos siguen siendo extremadamente exiguos. Al respecto, la cartera de Interior recordó que “se trata de una histórica demanda necesaria para dar mayor equidad en el proceso electoral, aunque esta misma propuesta ya está incorporada en el proyecto de reforma electoral”, que quedó frenado en el Congreso.
TRAZABILIDAD DE LOS FONDOS. Si el texto prospera en Diputados, la CNE podrá entrecruzar datos con la Unidad de Información Financiera (UIF), con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del Ministerio Público Fiscal, con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción. En todos los casos los organismos tendrán la obligación de reportarle a la Justicia Electoral la información que les requieran.
Para la trazabilidad de los fondos, el proyecto impone la obligación para cada partido de “designar dos responsables económico financieros, quienes cargan con gran parte de la responsabilidad por las rendiciones de aportes y gastos”. Uno deberá ser un contador público matriculado y el otro una autoridad partidaria.
El clientelismo sería tipificado como un delito, que tendría penas “para quienes utilicen recursos con los que cuentan en su calidad de funcionarios públicos para promover o perjudicar a un candidato, o para coaccionar a sus subordinados a participar de actividades de campaña, o que condicionen la prestación de un servicio a su cargo al apoyo político”. Si bien la cartera política no detalló cuáles serían las penas, “está en línea con varios fallos de la Justicia electoral, donde se advierte sobre la necesidad de crear un tipo específico que penalice el clientelismo, y sobre todo aquel que se ejerce desde el estado”.
Las partidas del estado para “cubrir gastos no electorales” sólo estarían disponibles para los partidos que no tengan sanciones por violar el régimen de financiamiento electoral. “Se busca de este modo terminar con una práctica tradicional por la cual los partidos sancionados solían compensar la pérdida de aportes con la obtención de aportes extraordinarios”, sostiene el proyecto.
Aunque el texto sólo alcanza a las elecciones nacionales, también permite la adhesión de las provincias, cuando sus comicios locales sean realizados en forma simultánea con los federales, prevista por el régimen de simultaneidad de elecciones de la Ley N° 15.262.
