Trabajadores de la emblemática confitería Boston, establecida en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, se reunirán este lunes con el intendente Carlos Arroyo para pedirle que intervenga en el conflicto laboral que ya dejó a 60 trabajadores sin empleo. Buscan que el jefe comunal gestione un encuentro con la gobernadora María Eugenia Vidal.
Con 60 despidos y casi cuatro meses sin cobrar los sueldos, en conflicto se recrudece en la empresa Boston, en el marco de una crisis del empleo diversificada y multiplicada en distintos sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. Los empleados de la tradicional confitería mantienen tomadas dos sucursales y buscan apoyo de la administración municipal para revertir la decisión de los empresarios.
El encuentro con el intendente de Cambiemos será este lunes después del mediodía en el Palacio Municipal y está previsto que participen cuatro trabajadores como interlocutores de todos los empleados. Además, asistirán representantes de los gremios de Gastronómicos y Pasteleros, publica el diario La Capital.
“Le vamos a pedir que haga algo y que interceda ante la gobernadora para poder tener una reunión con ella y plantear que se recuperen las fuentes de trabajo perdidas”, contó a ese diario Alejandra Blanco, una de las empleadas despedidas. “Tiene que haber alguna salida para esta situación y necesitamos que el intendente nos ayude”, agregó.
Hasta el momento ya son 60 los empleados que recibieron telegrama de despido y, según señalaron los gremios, luego de la última audiencia en el Ministerio de Trabajo la empresa confirmó que habrá al menos diez despidos más.
Actualmente, sólo permanece abierta la sucursal de la avenida Constitución pero por una “cuestión gremial”. “No se produce nada, y los empleados que están ahí ya fueron despedidos, pero por una recomendación del gremio, la confitería permanece abierta”, señalaron los trabajadores.
Los empleados de la Boston estuvieron el jueves pasado en la Banca 25 del Concejo Deliberante donde reclamaron por sus puestos de trabajo, el pago de los sueldos adeudados desde abril y el tratamiento de normativas que los protejan ante la decisión empresarial de cerrar las sucursales.