El informe que presentaron ante el directorio los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), para que el organismo avanzara en la aprobación del crédito stand by que pidió la Argentina, incluyó entre las sugerencias la postergación de la implementación de la reforma fiscal hasta el año 2020, en línea con lo que los gobernadores peronistas plantearon en las últimas semanas, como prenda de negociación del Presupuesto 2019.
De acuerdo con el reporte, los técnicos plantearon la necesidad de “demorar la implementación de la reforma fiscal a 2020”, como forma de preservar los ingresos públicos y mencionaron, por ejemplo, la necesidad de no reducir contribuciones patronales ni tomar a cuenta de Ganancias el impuesto al cheque.
Tal como publicó Letra P, los gobernadores peronistas incluyeron esa idea en el pliego de condiciones que le plantearán al Ejecutivo para aprobar el Presupuesto 2019. El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, lo anunció públicamente y un sector del oficialismo asumió en privado que estaba dispuesto a poner el tema sobre la mesa de discusión. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió rápidamente a desmentirlo. “El Pacto Fiscal se va a cumplir, no tiene marcha atrás”, dijo la primera semana de julio.
El camino marcado por Peña fue ratificado este lunes por Nicolás Dujovne, a pesar de las sugerencias de los técnicos del Fondo. Según publicó el periodista Ignacio Zuleta en diario Clarín, el ministro de Hacienda considera que “tocar el Pacto Fiscal es perder la virginidad”. “Si se suspende el compromiso fiscal una vez, va a empezar a ocurrir todos los años”, dijo Dujovne.
Para las provincias, la postergación en la rebaja de Ingresos Brutos prevista en el Pacto Fiscal compensaría en parte el recorte de transferencias de capital y corrientes, que el propio acuerdo que firmó el Gobierno con el FMI ya prevé. Esa propuesta fue una de las posibilidades que evaluaron los ministros de Economía de las provincias, que se reunieron el 3 de julio en la Casa de Entre Ríos. Según explicó ese día el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, hubo coincidencia entre los funcionarios “respecto de que el contexto en el cual se acordó el pacto”, cambió “radicalmente”.
El Pacto Fiscal fue firmado por el Gobierno nacional y 23 de las 24 jurisdicciones – con excepción de San Luis – en noviembre de 2017, y aprobado por el Congreso en diciembre, seis antes de que se desatara la crisis económica. Las provincias se comprometieron en ese acuerdo a reducir paulatinamente el impuesto a los ingresos brutos. El Ejecutivo prometió que esa baja en la recaudación iba a ser compensada con el crecimiento de la economía, que para 2018 el Presupuesto estimaba en 3,5.
Sin embargo, las variables de la economía se modificaron significativamente, sobre todo a partir de la crisis cambiaria que se desató en mayo, y que terminó con el pedido de auxilio al FMI, por lo que los gobernadores plantearon la necesidad de “rediscutir” las condiciones del pacto. El propio Fondo les dio la razón en su informe.
Según pudo saber Letra P, los mandatarios sostendrán la idea en las negociaciones que se abrirán esta semana a través de los ministros de Economía provinciales, que empezarán a reunirse en Hacienda con Dujovne, pero aún esperan la convocatoria formal del Presidente para terminar de sellar la discusión.
