El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió este viernes el informe que los técnicos del organismo presentaron al Directorio para la aprobación el mes pasado del acuerdo stand by para la Argentina por 50.000 millones de dólares. Ese documento, que se elaboró luego de las conversaciones con la Casa Rosada, sugiere que el gobierno de Mauricio Macri debería ajustar el empleo público, las jubilaciones y profundizar el tarifazo.
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De acuerdo a la propuesta del Fondo, el Poder Ejecutivo podría vender tierras e inmuebles públicos para cumplir con la meta acordada de ajuste y lograr el déficit del 1,3% para el año 2019. Además, el FMI propone amortizar los activos en fondos de pensión; es decir, desfinanciar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Un objetivo que, como informó Letra P, se planteó el Gobierno desde su asunción.
A comienzos de su gestión, Macri eliminó por decreto las retenciones al trigo, girasol y maíz. Además, avaló una baja gradual de la tasa a la exportación de la soja. En plena crisis cambiaria, y con la negociación con el Fondo encaminada, el ministro Nicolás Dujovne (Hacienda) deslizó que se analizaba la posibilidad de suspender esa disminución. El rumor produjo una turbulencia en el sector rural y su par de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, inició un operativo para frenar esa expectativa.
Finalmente, ganó el lobby rural y el debate naufragó. Sin embargo, el FMI desempolva la discusión: recomienda a Macri que fije en 25% las retenciones, cuando el objetivo del gobierno era lograr una disminución sistemática hasta llegar a no cobrar ese tributo a los productores.
A continuación, los tips de recetas del FMI para que Macri aplique en la Argentina:
-Mantener "la tasa promedio de impuestos a la exportación de productos de soja" en 25,5%
-Demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones establecidas en la reforma tributaria (la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias)
-Reducir aún más los "subsidios ineficientes a la energía y el transporte".
-Racionalizar el gasto público en bienes y servicios, con una baja del 15% en términos reales y continuando en 2019.
-Recortar el gasto en salarios en el Estado mediante un recorte de "empleados no prioritarios" en 2018 y congelar las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, excluyendo a las universidades.
-Limitar la suba nominal de los salarios del sector público (incluyendo pagos no remunerativos) al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019.
-Recortar las transferencias a empresas del estado un 15% en 2019, y realizar esfuerzos para fortalecer su posición financiera.
-Reducir las transferencias a las provincias un 1,2% del PBI en 2019, y asegurar que esa reducción se complete con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios. De esta manera, se impulsa que la reducción del déficit fiscal se refuerce a nivel provincial.
-Recortar un 0,6% del PBI el gasto en capital, a la espera de que los proyectos en la modalidad PPP (participación público privado) permita mantener el nivel de actividad en la obra pública.
-Vender tierras e inmuebles públicos y amortizar los activos en fondos de pensión (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES) para financiar parcialmente el gasto público en antiguos litigios judiciales por jubilaciones.