Cuando la gobernadora María Eugenia Vidal anunció con énfasis la reforma judicial para la provincia de Buenos Aires habló, solapadamente, de darle celeridad a las resoluciones judiciales en el ámbito laboral. Para ello, giró -semanas atrás- un proyecto de ley al Senado provincial que empezará a discutirse este miércoles y en el que ya aparecen algunas objeciones. Se trata de una iniciativa macro que modifica el procedimiento laboral y establece el ámbito de competencia de los nuevos Juzgados de Trabajo que propone la ley, aunque no se explicita cómo se afrontará la cuestión presupuestaria ni edilicia. Además le da una segunda instancia a las resoluciones laborales cuando actualmente son de “única instancia”, lo que podría extender las causas entre uno y dos años más, en promedio. Y, hasta tanto funcionen estos juzgados, las apelaciones serán responsabilidad del fuero civil y comercial, escenario que alerta la oposición: no habrá tal celeridad y los fallos serán en desmedro de los trabajadores.
La iniciativa se discutirá este miércoles en un plenario que llevarán adelante las comisiones de Legislación General y Trabajo, donde Cambiemos tiene mayoría.
La iniciativa que propone la gobernadora es distinta a la actual jurisprudencia. En el artículo 2 detalla que los juzgados del Trabajo “conocerán en primera instancia, en juicio oral y público, de las controversias individuales del trabajo que tengan lugar entre empleadores, trabajadores y terceros jurídicamente vinculados”, mientras que la normativa vigente, reconoce a los tribunales como “única instancia”. Esa es una de las diferencias sustanciales.
La ley con la que avanzará Cambiemos también propone la creación de 179 juzgados de trabajo. En este marco, la senadora García remarcó que “pensar que un tribunal lo van a transformar en juzgado, implica triplicar el presupuesto en infraestructura y en personal”. “¿Cuánto cuesta implementar este sistema viendo los agujeros presupuestarios?”, se preguntó la jefa de la bancada de UC.
La iniciativa forma parte del paquete de leyes que Vidal giró tanto a Diputados como al Senado para modificar el funcionamiento macro de la justicia bonaerense. Cuando la gobernadora presentó los proyectos tuvo un esperable impacto mediático. La Nación, por ejemplo, tituló una nota editorial “La imprescindible reforma de la Justicia bonaerense”, donde hace un repaso por los proyectos y, fugazmente, cita la modificación de la ley de tribunales de trabajo.
El proyecto que giró Vidal, y cuyo texto no tiene fundamento, se compone de 105 artículos. El punto que también levantará polémica es el 100. Allí se explica que “hasta tanto se pongan en funcionamiento las Cámaras de Apelaciones del Trabajo, las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial departamentales conocerán en las cuestiones previstas en el artículo 2 de la presente ley”, es decir en cuestiones laborales.
Esta determinación que, según la oposición, no otorga celeridad al proceso ni protege a los trabajadores que mantienen un litigio con su empleador. Más bien lo contrario. “Es una barbaridad que un juez civil y comercial sea el que resuelva. A mí se me ocurre que es para que las empresas tengan más espalda para despedir trabajadores”, le explicó García a este medio.
El fundamento del oficialismo para avanzar con este proyecto es la demora en las resoluciones laborales. De las mil demandas anuales, los tribunales de trabajo resuelven en promedio 80, es decir un 8%.
El alto índice de juicios laborales fue la uno de los argumentos que esgrimió el oficialismo en la provincia de Buenos Aires para pedir la adhesión a la ley nacional de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. La demora en la resolución de los mismos es lo que ahora recalca Cambiemos para avanzar con este proyecto.
