La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, resolvió la modificación en el reparto de las utilidades producidas correspondientes al Estado Provincial por el funcionamiento de las máquinas electrónicas de juegos de azar, disminuyendo lo asignado al Fondo Provincial de Juegos, para destinarlo a incrementar lo otorgado en ese concepto a los municipios. Esta medida se da en un contexto donde intendentes, tanto oficialistas como opositores, vienen reclamando a la administración vidalista mayores recursos para afrontar la creciente demanda de servicios que absorben los distritos. Así, pasará de 5 a 10% la porción asignada a los municipios de esta recaudación, mientras que lo destinado al juego se reduce de 19 a 14%, en línea con la intención de la mandataria de reducir el gasto provincial en esta actividad.
Según se establece en el decreto 348 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el 10% de lo recaudado por máquinas tragamonedas que se afectará a los municipios, se distribuirá de la siguiente manera: 7% destinado a la totalidad de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, distribuido en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD); y 3% destinado a municipios que cuenten en su territorio con salas de juego, distribuido de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD), prorrateado entre éstos de acuerdo a la incidencia del mismo.
En los considerandos de la medida, se argumenta que la misma se toma "en virtud de las continuas demandas que deben afrontar los municipios que deriva en una mayor prestación de servicios, sin su correspondiente financiamiento, resulta oportuno apoyar con nuevos recursos genuinos a las comunas para hacer frente a los mismos".
En tanto, el decreto también agrega la manera en que se afectará el 20% de estos fondos a destinar al Ministerio de Seguridad. Aquí, se especifica que, de la porción mencionada, un porcentaje que no podrá ser inferior al 70% de esa porción se destinará a "bienes de uso", mientras que el restante 30% será "para satisfacer necesidades de adquisición de uniformes, municiones, repuestos, mantenimiento del parque automotor y edilicio, pago de seguros, atender los costos derivados de convenios de formación y alojamiento con universidades y otras fuerzas de seguridad, de exámenes psicofísicos de los aspirantes a las fuerzas policiales, de Prest de racionamiento de los Institutos de Formación y Reentrenamiento y otros costos conexos derivados de la formación, capacitación y reentrenamiento de personal; así como otros gastos de funcionamiento de la Repartición, exceptuados los que se imputen a gastos en personal y vinculados (viáticos, movilidad, compensaciones)”.
