Con una jornada nacional de ollas populares, una marcha y la presencia de las organizaciones sociales, arranca este martes en Diputados el tratamiento del proyecto que propone disponer “la utilidad pública” de las tierras que ocupan 4.228 barrios precarios de todo el país para darles el título de propiedad a sus ocupantes. El primer capítulo del debate, que promete ser complejo, tendrá lugar en la Comisión de Vivienda, que preside Felipe Solá, pese a que la cabecera de la discusión será la Comisión de Asuntos Constitucionales, que conduce Cambiemos, en cuyo interior la iniciativa levantó dudas.
El proyecto fue presentado a mediados de abril por las principales espadas del oficialismo en Diputados, Mario Negri (UCR), Nicolás Massot (PRO) y Elisa Carrió (Coalición Cívica), pero rápidamente generó tensiones en la coalición gobernante, donde comenzaron a aparecer quejas de gobernadores e intendentes, preocupados por los costos que generará el proyecto en las administraciones locales, tanto en lo que atañe a la expropiación como a la urbanización de los terrenos. Algunas de las dudas le fueron transmitidas a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, durante la reunión que mantuvieron con los legisladores de Cambiemos el 18 de abril en la Rosada.
En la oposición, el panorama es similar. En los gobernadores e intendentes del peronismo sonaron las mismas alarmas por los costos, sumado a la posible “utilización política” que podría tener el proyecto considerando que, tal como está planteado, el proceso de expropiación y regulación de dominios podría quedar en manos de un organismo encargado del registro de barrios populares, sin intervención de gobernadores e intendentes. Así entendido, el proceso podría ser un potente mecanismo de campaña.
Si bien el proyecto fue presentado por Cambiemos, tal como publicó Letra P, la iniciativa tuvo su origen en los movimientos sociales organizados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). "La propuesta nace en el marco de nuestro plan de lucha del 2016 y se empieza a discutir con el gabinete social y llegamos a un primer acuerdo de un relevamiento de barrios populares", confirmó el referente de la CTEP Juan Grabois al programa Toma y Daca.
Desde la presentación del proyecto, Grabois trabajó para lograr el apoyo a la iniciativa de los bloques opositores. Con ese objetivo se reunió con el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, con los referentes del Frente Renovador y con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Es importante explicarle a la oposición que el proyecto no es una engaña pichanga del Gobierno", explicó el dirigente social.
Las dudas que rodean el proyecto generaron una demora en su tratamiento. El proyecto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo Tonelli (PRO); Vivienda y Ordenamiento Urbano, que encabeza Solá; Legislación General, de Daniel Lipovetzky (PRO); y Presupuesto y Hacienda, que tiene en sus manos Luciano Laspina (PRO).
Como la comisión de cabecera, Asuntos Constitucionales, demoraba la convocatoria al debate, Solá decidió dar el primer paso. Llamó a una reunión informativa el martes a las 18 en la Comisión de Vivienda, donde asistirán referentes de organizaciones sociales, cooperativas y asociaciones de vivienda. Tras conocerse ese anuncio, el oficialismo finalmente convocó a un plenario de comisiones para el 16 de mayo, cuando concurrirá la ministra Stanley.
En paralelo, militantes de movimientos sociales realizarán este martes una jornada nacional de ollas populares y marcharán a la Secretaría de Vivienda de la Nación para reclamar por la aprobación de la ley.
