X

Bronca y dudas en Cambiemos por los fondos para la urbanización de villas

Diputados y gobernadores oficialistas se resisten a compartir los costos que impone el proyecto oficial. En Casa Rosada dicen que es un plan a largo plazo y que van a “negociar caso por caso”.

Diputados y gobernadores oficialistas se resisten a compartir los costos que impone el proyecto oficial. En Casa Rosada dicen que es un plan a largo plazo y que van a “negociar caso por caso”.

Por 18/04/2018 17:50

Un ambiente tenso se vivió en la reunión que encabezó el último martes en la Casa Rosada el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, junto a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y que congregó a un grupo de diputados nacionales de Cambiemos. Los legisladores adelantaron la dura discusión que se viene entre el Gobierno nacional y los gobernadores e intendentes, tanto del oficialismo como de la oposición, que se resisten a compartir los costos del ambicioso proyecto de ley de expropiación y urbanización de barrios populares que presentó el oficialismo en la Cámara de Diputados.

Según admitieron fuentes de la Casa Rosada a Letra P, algunos diputados de provincias gobernadas por el oficialismo, como los de Jujuy, que responden al gobernador radical Gerardo Morales, plantearon su rechazo a la propuesta. En ese caso en particular, argumentaron sus quejas en que el proyecto "incluye la expropiación, entrega de títulos dominiales y obras de urbanización a barrios vinculados a Milagro Sala", líder de la organización Túpac Amaru, con costos que afrontarán conjuntamente los estados nacional y provincial y, en algunos casos, también los municipales.

Los legisladores también le plantearon al Gobierno, además de los costos económicos que habrá que asumir, los de tipo político que deberán pagar ante los habitantes de las villas cuando, tras entregarles los títulos de propiedad de los terrenos, haya que garantizar los servicios públicos básicos en forma inmediata, ya que se trata de obras de infraestructura que pueden llevar, en el mejor de los casos, entre cinco y diez años de ejecución, según especulan. 

Muchos de los predios en cuestión están ubicados a cientos de kilómetros de centros urbanos que cuentan con tendidos de redes de gas, electricidad y agua potable, lo que implicaría obras muy costosas que los gobernadores no quieren afrontar.

La iniciativa apunta a expropiar los terrenos para entregarlos a los ocupantes a cambio de créditos blandos que ejecutará el Estado nacional a través de mecanismos legales que aún están por definirse.

 

Macri y Carolina Stanley. La ministra será la voz del Gobierno en el proyecto.

 

Desde el Gobierno, reconocieron a Letra P que en Jujuy están disconformes con que la urbanización alcance a barrios ligados a la Tupac Amaru de Sala, dirigente social detenido con prisión preventiva desde hace más de dos años por la Justicia jujeña y que está siendo investigada por la construcción de viviendas populares, casos en los que el radical Morales se puso a la cabeza de las denuncias.

“Me imagino que será un tema a discutir con cada gobernador. ¿Vos querés que te haga la urbanización, la expropiación, las obras y que pague yo solo todos los servicios? Habrá que negociar”, argumentaron en la Casa Rosada.

En principio, las fuentes adelantaron que las negociaciones estarán a cargo de Stanley, una de las ministras más cercanas a Macri. Pero dijeron que también se pidió a los diputados nacionales que intercedan ante sus respectivos gobernadores. "El martes les presentamos el proyecto de ley. Ahora queda en manos de los diputados presentarlo, debatirlo y defenderlo", dijo otra fuente que participó del encuentro realizado en Balcarce 50.

 

 

En tanto, cerca de Stanley defendieron el proyecto al asegurar que "vamos a negociar con todos, con gobernadores e intendentes y con los dueños particulares de los terrenos en los que se levantó cada uno de los barrios”. En el Gobierno nacional sueñan con que el proyecto de ley obtenga media sanción en Diputados el mes que viene, para que lo trate el Senado entre junio y julio.

LA REUNIÓN. Quintana, Stanley y los legisladores se reunieron el martes por más de dos horas en el Salón Sur de la Casa de Gobierno, con el objetivo de tratar los detalles de la iniciativa, que impulsa la expropiación de las tierras en las que se levantan 4.228 barrios precarios en todo el país, así como la regularización de la situación dominial de los aproximadamente 3,5 millones de habitantes que viven en esos espacios.

La ministra les pidió que "sean embajadores en sus provincias de un tema que va a revolucionar el ámbito social", aunque les solicitó "no crear falsas expectativas sobre su implementación". "hay que ser muy realistas, ya que se trata de un proceso que requiere una serie de pasos previos y que por ende necesita de su tiempo", dijeron.

 

 

Entre los legisladores de Cambiemos que tomarán la delantera para defenderlo, en Casa Rosada cuentan con Guillermo Montenegro, Gladys González, Nicolás Massot y Mario Negri.

Según las fuentes consultadas, el censo ya está cerrado y se trata de “barrios populares que ya existen, que no tienen dos servicios públicos (luz y gas) y la idea es poder darles primero el certificado de vivienda, saber quiénes son y con qué ingresos familiares cuentan, aunque ya se sabe que el 95% de los posibles beneficiarios tienen DNI". "La idea es que se les conecten los servicios y comiencen a pagarlos", adujeron.

En la mayoría de los casos, se trata de tierras privadas que fueron tomadas desde hace más de 30 años y, con el argumento de que los propietarios no abonan ningún impuesto ni servicio desde hace tanto tiempo, presionarlos para que accedan a la expropiación, de modo de negociar descontándoles las deudas a su nombre. El Estado nacional y los provinciales podrían incluso abonar el valor de las propiedades, "en los casos que sea necesario", para evitar una judicialización.

En los casos de terrenos que sean del Estado nacional, provinciales o municipales, la idea es primero que se forme un fideicomiso y que sean entregados con planes de pago acordes a las posibilidades de los ocupantes.

Consultados sobre las quejas de los legisladores de Cambiemos por los costos políticos en los casos de que los terrenos sean entregados sin servicios funcionando, desde el Gobierno buscaron relativizar el eventual enfrentamiento y explicaron que "una vez que las tierras sean del Estado, los prestadores pueden dar servicios, pueden invertir y realizar el tendido de redes". "Hoy el Estado no se puede meter a hacer obras en un terreno privado y tampoco pueden entrar a esos barrios los prestadores. Una vez expropiados y con los nuevos dominios, se podrán hacer obras de a poco: escuelas, cloacas, agua. Y los vecinos irán pagando por los servicios que tengan", señalaron.

También, aclararon, "está previsto una especie de crédito, que se verá en cada caso, de acuerdo a los ingresos familiares", aunque aseguraron que "no hay precio establecido de antemano" de los terrenos, como señalaron que "tampoco se va a robar ni a regalar la tierra a nadie".