De un lado del estrado se ubicarán las defensas del ex gobernador bonaerense Daniel Osvaldo Scioli; de su ex ministro de Salud, Alejandro Collia y del empresario Ricardo Miller. Del otro lado la Fiscalía de Estado que dirige Hernán Gómez, designado en ese cargo por Scioli. En el medio, la jueza de Garantías Marcela Garmendia quien debe definir si embarga y prohíbe salir del país (o no) al ex jefe provincial y sus compañeros de expedientes.
En sus declaraciones indagatorias, tanto Scioli como Collia aseguraron que ellos no firmaban nada si antes no era avalado por la Fiscalía de Estado. Además recordaron que el Tribunal de Cuentas tampoco les hizo objeción alguna en los expedientes de licitación para la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
Los centros sanitarios se construyeron entre los años 2011 y 2015. Durante esos años, el Asesor General de Gobierno del sciolismo fue el actual ministro de Justicia vidalista, Gustavo Ferrari. Scioli y Collia también señalaron que desde esa repartición de control, tampoco fueron alertados de maniobra fraudulenta alguna.
Cabe recordar que cuando María Eugenia Vidal nombró Ministro a Ferrari, el titular de la cartera de Justicia dijo en una entrevista con Letra P que su tarea en el sciolismo fue netamente “técnica” y que no tuvo ninguna función política mientras ejerció el cargo. En la línea de la memoria, en plena campaña electoral de 2015, Scioli presentó su eventual Gabinete Nacional y Ferrari iba a ocupar la estratégica Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
La estrategia de defensa de Scioli y Collia es clara. Según ellos, no existieron irregularidades porque, de haberlas habida, eran los organismos de control (Fiscalía de Estado –Hernán Gómez-, Asesoría General de Gobierno –Gustavo Ferrari- y Tribunal de Cuentas –Eduardo Grinberg-) quienes debían haberlo notado en su rol de fiscalización previa y posterior a la ejecución y pago de las obras.
El planteo posterior es de manual: el pedido de sobreseimiento o que amplíen los procesamientos a los funcionarios de los organismos de control mencionados. Otro duro golpe para el fiscal Gómez, luego del sopapo judicial que le propinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que habilitó a la justicia argentina a investigarlo por el posible encubrimiento de delitos de lesa humanidad.
La audiencia pedida por la defensa de Scioli será este viernes, en la sede del fuero Penal de La Plata. La jueza debe definir el pedido del fiscal Álvaro Garganta quien teme que el ex gobernador (el primero multiprocesado de la historia) se escape y por ese motivo reclama que se implan te la restricción para salir del país, junto a un millonario embargo de 189 millones de pesos.
