Un revés judicial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, vuelve a traer en escena los delitos económicos cometidos durante la última dictadura cívico militar en Argentina, según se desprende de la documentación oficial a la que accedió Letra P.
La CIDH aceptó la petición del empresario Daniel Paskvan y desestimó las presentaciones del Estado argentino, con escritos de Gómez quien solicitaba que se declare inadmisible el reclamo del particular. Un dato que no es menor: son muy pocos los reclamos particulares que llegan a esta instancias y, generalmente terminan en condena para el Estado nacional. Según los tiempos procesales, la condena se dictará antes que finalice el mes de agosto próximo.
Gómez fue designado Fiscal de Estado en noviembre de 2013, con el voto del Senado y a pedido del entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Ocupaba ese cargo de forma interina desde el mes de julio de 2012, luego de la muerte de su antecesor, Ricardo Szelagowski.
La causa que lo involucra, y que se tramita en los foros internacionales, servirá como insumo probatorio en el marco de la investigación por el millonario pago de una expropiación ejecutada en 2012 por el gobierno bonaerense y que lleva la firma de Gómez.
Existe además una tercera instancia relacionada con la denuncia que tiempo atrás presentó la diputada nacional, Elisa Carrió, contra el ex mandatario. El 7 de agosto de 2017, Paskvan presentó un escrito en el marco del expediente que inició Carrió, contra Scioli por “malversación” en el que informó que “sin sentencia judicial alguna y menos refrendada por Cámara como se desprende de las atribuciones del Fiscal de Estado”, se autorizó el pago de 101 millones de pesos (unos 25 millones de dólares según la cotización de la moneda entonces) por la expropiación de la matalúrgica Wasserman y otros 56 millones de pesos (unos 14 millones de dólares) por “honorarios” que son “muy superiores a los que se regulan judicialmente”, según consta en la documentación a la que accedió Letra P.
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En su reciente declaración indagatoria Scioli sostuvo que no firmaba ninguna autorización de pago sin que previamente contara con la rúbrica del Fiscal de Estado.
La expropiación fue objeto de denuncia penal, no sólo contra Gómez. También fueron señalados Ricardo Casal (ex ministro de Justicia y Seguridad) y Martín Ferré (por entonces en Producción), funcionarios de la Fiscalía de Estado, empresarios y varios abogados, de los presuntos delitos de fraude, incumplimiento de los deberes de funcionario y asociación ilícita.
La última dictadura militar le arrebató a Daniel Paskvan, a su padre y toda su familia sus empresas avícolas en Santa Fe y Buenos Aires. Inició demandas contra el Estado y hasta la Suprema Corte bonaerense le asignó la razón: debe ser indemnizado.
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En el año 2009, Paskvan denunció a Gómez por “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y su complicidad con los que resultaran condenados por delitos de lesa humanidad”, expresó la víctima a este medio.
Pero las actuaciones fueron archivadas por el fiscal platense de Delitos Complejos, Jorge Paolini, “72 horas previas a la designación de Hernán Gómez y el resto de la causa pasó a la justicia federal”, aseveró Paskvan a Letra P y en la causa judicial.
Ese expediente estuvo perdido más de tres años. Posteriormente fue derivado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde, por dictamen de la Procuración General de la Nación se estableció que el extravío tuvo “una relación inequívoca entre el hecho denunciado y el entorpecimiento del legítimo ejercicio de esas funciones” ejecutada por funcionarios públicos.
La Cámara Federal de La Plata determinó que la investigación se radique en la justicia federal de Azul.
DAÑOS PATRIMONIALES. La falta de actuación de la Fiscalía de Estado (FdE) en la denuncia original de Paskvan derivó en un embargo parcial de fondos para la provincia de Buenos Aires y una condena al Estado bonaerense “con la permisibilidad” de la FdE. “La complicidad” de los funcionarios provinciales “no se investigó en el marco de delitos económicos del terrorismo de Estado”, tal como ordenó la Corte nacional. Según el denunciante, el fiscal Paolini “escindió los hechos para evitar el enjuiciamiento de Hernán Gómez”, denunció Paskvan.
La Fiscalía de Estado ha cancelado miles de juicios basados en la ley 11.192 (régimen de consolidación de deudas sancionada en diciembre de 1991) y de pesificación utilizando el sistema de actualización de intereses y coeficientes CER, con la única excepción del expediente Paskvan.
“Resulta llamativo el grado de impunidad de dicho Fiscal de Estado que nadie pareciera investigar por su accionar en detrimento de las arcas provincial por el caso Wasserman”, consideró el denunciante.
Toda esta trama no sólo se investiga en la justicia bonaerense. El expediente Paskvan fue aceptado para su tratamiento en la CIDH. El CASO 13.106 está nutrido, además, con documentación secreta de la Cancillería Argentina que fue desclasificada.
Esta situación fue informada, por nota, al secretario de derechos humanos bonaerense, Santiago Cantón. Cabe recordar que el funcionario bonaerense fue secretario ejecutivo de la CIDH desde el 1 de agosto de 2001 al 30 de junio de 2012.