21|11|2021

Censura de Macri a una ONG venezolana: crónica de un desconcierto

17 de marzo de 2018

17 de marzo de 2018

Faurie y Avruj impidieron que Provea critique políticas de Maduro y Cambiemos. El Gobierno iba a homenajear a la entidad, pero su enviado no quiso tocar el discurso. Acusaciones, forcejeos y gritos.

El escenario estaba preparado. Atardecer del jueves pasado, el salón Libertador del Palacio San Martín recibía a invitados especiales para la entrega del undécimo Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignone. Funcionarios, cuerpo diplomático, figuras venezolanas, referentes de la sociedad civil y miembros de la familia Mignone asistieron a una ceremonia presidida por el canciller, Jorge Faurie, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

 

El desconcierto fue palpable. Lo que iba a ser una ceremonia con significado político estratégico, terminó en un encuentro efímero, con rostros tensos y la ausencia de Rafael Uzcátegui, el coordinador general del Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos (Provea), quien había viajado especialmente para recibir el galardón. Una foto de la ocasión, que muestra a Faurie y Avruj flanqueando a Isabel Mignone, da cuenta del espíritu reinante.

 

Las horas previas habían sido un caldero de negociaciones, denuncias y forcejeos que no excluyeron gritos. Se presentaba como una nueva oportunidad para que el gobierno de Mauricio Macri pusiera en el banquillo de los acusados a su par de Nicolás Maduro, una de las estrategias de política exterior más persistentes de la Presidencia en manos de Cambiemos. Pero un caso inédito de censura por parte de la Casa Rosada a la ONG venezolana homenajeada transformó la oportunidad en otro traspié de la política exterior argentina.

 

El objetivo era que creciera la figura del Macri "líder de la democracia liberal", tan deseada por su entorno intelectual y tan malograda por sus acciones de gobierno: una ONG progresista que denuncia los abusos de Maduro es coronada por el reconocimiento nacional que lleva el nombre de Mignone, en honor al padre de la militante social desaparecida Mónica y fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

 

 

El premio fue instaurado en 2007 y es otorgado en acuerdo por la Cancillería, la Secretaría de Derechos Humanos, el CELS y la familia Mignone (los hermanos Mercedes – la única que vive en Argentina – Javier, Isabel y el sacerdote del Opus Dei Fernando). Entre los diez galardonados hasta este año, figuran entidades y personalidades de Brasil, México, Colombia, Bolivia, Zimbabwe, Indonesia y otras de actuación internacional. La práctica anual consiste en que las partes acuerdan un listado corto sobre medio centenar de postulantes, que es elevado al canciller para que elija al ganador.

 

Provea, en tanto, fue fundada en 1988 por Ligia Bolívar, exfuncionaria de Amnistía Internacional; Dianorah Contramaestre, militante cristiana de base en Caracas; y Raúl Cubas, exdetenido-desaparecido argentino en la ESMA (1976-1979). La entidad hoy denuncia al chavismo pero en 2002 condenó el golpe de Estado contra Hugo Chávez, por cuyas condiciones de detención había reclamado en 1993. Según los cables de WikiLeaks, la Embajada de Estados Unidos en Caracas valoraba a Provea como una entidad clave para desgastar al gobierno chavista durante la década pasada. Datos como éste llevaron a que importantes referentes de derechos humanos argentinos declinaran de entrada la invitación a concurrir a la ceremonia del jueves.

 

En la mañana de ese día, Uzcátegui fue recibido por la directora de Derechos Humanos de Cancillería, María Gabriela Quinteros, y por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en las oficinas de éste en la ex-ESMA.

 

 

 

Habían estipulado que el titular de Provea dispusiera de quince minutos para su discurso, esa misma tarde, en el Palacio San Martín. Uzcátegui pidió a personal de la Secretaría de DDHH que le imprimieran el texto que tenía guardado en su teléfono. Así fue como el discurso llegó a ojos de Avruj y Quinteros antes de ser leído en público. En el acto, le comunicaron al referente venezolano que no estaba autorizada su lectura.

 

Según fuentes de la Cancillería, al mediodía, "por una sugerencia del CELS, pidieron leer la carta de un exiliado argentino, miembro fundador de Provea, y no se les permitió". Uzcátegui desmiente la versión. En cualquier caso, el gobierno argentino admite que censuró el discurso del representante venezolano y pone el foco en la entidad que preside el periodista Horacio Verbitsky, a la que le suele atribuir buena parte de sus problemas internacionales.

 

En un último intento, Quinteros se trasladó al hotel de Uzcátegui, quien escuchó absorto el pedido de que omitiera párrafos indeseados de su discurso. Más tarde, el encargado de Negocios argentino y máxima autoridad de la sede argentina en Caracas, Eduardo Porretti, se comunicó con el representante de Provea. Gritos destemplados, con la advertencia de que estaba poniendo en riesgo su carrera de diplomático, terminaron por convencer a Uzcátegui de que no estaban dadas las condiciones para ser homenajeado.

 

 

 

Provea publicó el viernes un comunicado en el que informó que había declinado la recepción del premio Mignone y adjuntó el texto original que había preparado Uzcátegui, que incluía las palabras de Cubas, quien no pudo viajar a Buenos Aires por un importante festejo de su cumpleaños en Caracas. "Mal puede una organización defensora de derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, avalar una solicitud de esta naturaleza", argumentó Provea.

 

Aunque en la fallida ceremonia del jueves, Faurie y Avruj hicieron una entrega simbólica del Premio Mignone (a nadie), en Provea afirman que les fue informado que el reconocimiento fue transferido a otra entidad.

 

El propósito original de Uzcátegui y Cubas era denunciar "la ausencia de democracia y grave crisis humanitaria padecida" por Venezuela, con una enumeración de desapariciones, detenciones ilegales y asesinatos.

 

El discurso no leído también otorgaba un lugar preponderante al cofundador argentino de Provea, quien escribió para la ocasión que "tanto Argentina como Venezuela adolecen de graves fallas y debilidades en la vigencia del Estado de Derecho… y en la garantía efectiva de los derechos humanos".  Si se lo hubieran permitido, Provea habría denunciado "la represión de la protesta social", "la aplicación de doctrinas de 'gatillo fácil'", "el crecimiento persistente de la pobreza en ambos países" y el pedido de "inmediata liberación de presos políticos, comenzando en Argentina con la dirigente social Milagro Sala, y en Venezuela, con el abogado y defensor de derechos humanos Marcelo Crovato", en cumplimiento de "obligaciones" ordenadas por la CIDH y del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.

 

Demasiado para el paladar del gobierno argentino.

 

Isabel Mignone concurrió a la ceremonia pese a que cuando estaba arriba de un taxi rumbo al Palacio San Martín, recibió un llamado del CELS que le informó que Provea no recibiría el reconocimiento. La hermana de Mónica, que viajó especialmente desde Washington, iba a pronunciar unas palabras en nombre de su familia en las que reclamaría que la agenda de derechos humanos abarcara a “todo gobierno latinoamericano, sea de derecha o de izquierda”, con críticas más suaves al Ejecutivo de Macri.

 

En diálogo con Letra P, Isabel reparte cuestionamientos por igual: “Ambas partes estuvieron mal. Provea, por querer leer la carta de Cubas, que quiso entrometerse en la situación argentina; Uzcátegui no tuvo una visión estratégica de las relaciones internacionales, ya que el premio es para dar apoyo a una organización en un país que está pasando por muchas violaciones a los derechos humanos. La Cancillería, por su parte, por coartar la libertad de expresión; es un gravísimo error”. “Si le hubieran dejado leer la carta, habría pasado desapercibida”, evalúa.

 

Para la hija de Emilio Mignone, “no estamos en una dictadura en la Argentina, aunque hay problemas con la Justicia y muertes por gatillo fácil; no es comparable la situación de Venezuela”.

 

Menos equidistantes, los hermanos Mercedes y Javier Mignone cofirmaron el sábado una carta junto al CELS, en la que consideran "inadmisible la incoherencia del gobierno argentino al disponer premiar a una organización de defensa de derechos y violar sus derechos en el mismo acto".

 

La frustración del Premio Mignone se suma a una cadena de episodios en los que el Ejecutivo de Macri ha pasado de acusador a acusado. No es un tema inocuo dentro de Cambiemos. Voces con tradición en la materia, algunos de ellos vinculados a la Unión Cívica Radical (del ala a la que no pertenece Gerardo Morales) pero, sobre todo, a Elisa Carrió, manifiestan perplejidad ante acciones que colocan al gobierno argentino en el ojo de la tormenta.Expedientes emblemáticos, como los de la encarcelada Sala, el asesinado Rafael Nahuel y el fallecido Santiago Maldonado, motivaron severas advertencias internacionales emitidas por la OEA y ONU, y organizaciones como Amnesty, Human Rights Watch y centros de estudiantes de universidades latinoamericanas y europeas.

 

Con el tiempo, se fueron alejando funcionarios clave asumidos en diciembre de 2015, como el radical Leandro Despouy, quien estaba a cargo de un área de Relaciones Exteriores y mantenía vínculos históricos con los organismos. La propia Susana Malcorra, renunciada el año pasado, se vio sobrepasada por decisiones del ala dura que la incomodaban. En tanto, el titular de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, la figura con más tradición en la materia dentro del oficialismo, maneja una dosis de autonomía que le permite tomar distancia del gobierno nacional.

 

La escalada en el último año, como la celebración presidencial del gatillo Chocobar, las detenciones de a decenas durante las manifestaciones de protesta y capítulos bizarros como la beca alemana al negacionista Darío Lopérfido, no hicieron más que expandir la condena internacional y colocar a Macri más cerca de la figura de Maduro o Enrique Peña Nieto que a la de Olof Palme. “No hay marcha atrás”, define con acritud un oficialista que pide reserva de identidad.