DECRETAZO

Congreso: el mega DNU marca el pulso de la relación de Macri con el peronismo

El martes se reúne la Bicameral de Trámite Legislativo. Cambiemos defenderá el decreto de “desburocratización” que la oposición rechaza. El desempate será clave. Qué pasaría en el recinto.

El debate por el mega DNU de “desburocratización” del Estado que firmó en enero Mauricio Macri marcará el inicio del año parlamentario y también el pulso de la relación entre Cambiemos y el peronismo, que se dispone a rechazarlo, molesto por la decisión presidencial de saltar al Congreso en la elaboración de leyes. La votación podría quedar en manos del representante del oficialismo que resultará previamente electo presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, con lo que el desenlace será acorde a los intereses de la Casa Rosada, que conseguirá aire al menos hasta tanto la norma sea debatida en el recinto.

 

La reunión está convocada para las 15.30 en el salón Illia, ubicado en el Senado. Antes de que comience el debate, se procederá a la constitución del cuerpo, con los nuevos integrantes, y a la designación de autoridades. Por la Cámara de Diputados, los representantes serán los diputados de Cambiemos Ezequiel Fernández Langan, Martín Hernández, Fernando Iglesias, Luis Petri y Pablo Tonelli; Marcos Cleri y Máximo Kirchner, del Frente para la Victoria, y Pablo Kosiner, por el Bloque Justicialista. Por la Cámara alta estarán los senadores de Cambiemos Luis Naidenoff, Silvia Giacoppo y Pedro Braillard Poccard; María Teresa González, Daniel Lovera y Guillermo Snopek, del interbloque Argentina Federal; Anabel Fernández Sagasti, del Frente para la Victoria, y Cristina Fiore Viñuales, del Partido Renovador de Salta.

 

Como la presidencia del cuerpo es rotativa y estuvo hasta diciembre en manos de Cleri, como representante de Diputados, este año, ese lugar será ocupado por un senador, el radical Naidenoff, jefe del interbloque Cambiemos. De los 16 legisladores que forman la comisión (ocho senadores y ocho diputados), la mitad representa a Cambiemos y la otra mitad, a diferentes sectores de la oposición: tres al kirchnerismo duro y cinco al peronismo ligado a los gobernadores (cuatro del interbloque Argentina Federal y la salteña Fiore Viñuales, muy cercana a Juan Manuel Urtubey).

 

La paridad en la composición es un hecho que el oficialismo le debe a una jugada del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, quien, al designar a los delegados de ese cuerpo en la Bicameral, lo hizo utilizando el sistema D´Hondt en lugar de apelar a la proporcionalidad “de las representaciones políticas”, que establece la Constitución.

 

Dado que la presidencia de la Bicameral quedará en manos de Cambiemos, aun cuando toda la oposición decida emitir un dictamen de rechazo a los decretos de necesidad y urgencia del Presidente, el oficialismo se alzará con un triunfo. Es que, según establece la ley 26.122, que regula el régimen de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), “en caso de que haya más de un dictamen con igual número de firmas, el dictamen de mayoría es el que lleva la firma del presidente”. Ese escenario se repetirá en los próximos dos años.

 

 

Una vez emitido el dictamen, la comisión – que solo se expide sobre procedencia formal del decreto y no sobre cuestiones de fondo- debe elevarlo al plenario de cada cámara para su tratamiento. Pero, para que los dictámenes de la comisión sean tratados en el recinto, los decretos deben ser incorporados en el Orden del Día de la sesión, una posibilidad que se ve frustrada en la celebración de sesiones especiales, en las que el temario es acotado. Como publicó Letra P, el oficialismo esquiva las sesiones ordinarias para evitar el debate en el recinto de los DNU de Macri, algunos de los cuales ya fueron rechazados en la Bicameral. Mientras las cámaras no los rechacen, los decretos siguen vigentes.  

 

“Los dictámenes de la comisión no llegan al recinto porque el oficialismo ha encerrado al Congreso en sesiones especiales con ese mismo objetivo. Yo estuve en una reunión en la que (Héctor) Recalde planteó que iba a pedir una moción especial para el tratamiento de los DNU en el recinto e inmediatamente, de ser una sesión ordinaria, pasó por decisión del oficialismo a ser una sesión especial”, reveló a Letra P la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño.

 

Entre los decretos que se tratarán en comisión este martes estará el llamado DNU de “desburocratización del Estado”, que deroga 19 leyes y reforma otras 140. La publicación de la norma, el 10 de enero, generó el rechazo inmediato del kirchnerismo y un gran malestar en la el peronismo que responde a los gobernadores, que entiende que la decisión presidencial afecta de manera sustancial el diálogo entre los dos sectores, al margen de las críticas puntuales al contenido del DNU.

 

En particular, la crítica del Bloque Justicialista apuntó contra los cambios en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. “Los artículos 153 y 154 resultan claramente inconstitucionales; no se acredita ninguna urgencia ni circunstancia excepcional que amerite no cumplir con el trámite parlamentario de la sanción de la norma”, dijeron en el peronismo. En eso coinciden tanto diputados como senadores de ese espacio.  

 

Según pudo saber Letra P, la bancada del interbloque Argentina Federal se tomó con fastidio la decisión presidencial, que analizó como una mezcla de “torpeza” y “soberbia”, que solo sirve para generar ruido en la comunicación en el Congreso entre el oficialismo y la oposición con la que suele acordar la aprobación de leyes, desde las que tienen mayor consenso a las más traumáticas, como al reforma previsional, tal vez generada por la diferencia de criterios que hay entre el ala política y el ala dura de Cambiemos.

 

 

 

En un intento por acercar posiciones con la oposición - y de modificar las formas, aunque no el fondo -, el jefe del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, planteó la posibilidad de que el DNU se transformara en un proyecto de ley que pudiera tener el acompañamiento del bloque peronista. Para eso habló a fines de enero con Kosiner, quien le adelantó su rechazo al decreto. Pero la Casa Rosada descartó la posibilidad de dar marcha atrás y resolvió que, en tanto las dos cámaras no lo rechacen ni la Justicia lo declare inconstitucional, el decreto seguirá vigente. “En todo caso, si la oposición quiere presentar proyectos de ley vinculados al tema, los discutiremos”, dijeron en Cambiemos.

 

 

 

El oficialismo sabe que, de llegar al recinto, el decreto corre el riesgo de caer. El kirchnerismo, la izquierda y el Frente Renovador adelantaron su rechazo. El massismo, por su parte, ya fue a la Justicia a pedir que se declare su inconstitucionalidad. “Es un decreto para simplificarles la vida a los amigos empresarios. Está claro que el Gobierno quiere evitar la discusión parlamentaria. No hay nada que se tenga que resolver por necesidad o urgencia”, le dijo Camaño a este portal. El peronismo más dialoguista también tiene cuestionamientos particulares, pero deberá definir si tiene voluntad de asociarse al kirchnerismo para asestarle un golpe al oficialismo y volver a poner en crisis la relación. 

 

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