Se reflota la tensión entre el gobierno de María Eugenia Vidal y sectores de la Justicia bonaerense luego del trágico motín en la comisaría 3° de Esteban Echeverría que causó la muerte de seis internos (cuatro fallecidos en el momento y dos al día siguiente). El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires emitió un duro comunicado ante lo que consideró “una vocación” del Ministerio de Seguridad a cargo de Cristian Ritondo “por eludir la responsabilidad” ante episodios de estas características y que esa actitud “es correlativa a la de responsabilizar” a los jueces “por la existencia de un ‘garantismo’ que crearía una ‘puerta giratoria’ mediante la cual los delincuentes quedan en libertad”.
Los magistrados aludieron a “declaraciones publicadas en distintos medios de prensa y atribuidas a voceros del Ministerio de Seguridad provincial en las que se afirma que los jueces y fiscales del departamento judicial de Lomas de Zamora, pese a los reiterados requerimientos de las autoridades policiales, son quienes remiten los presos a las comisarías clausuradas por ellos mismos”.
El Colegio no dudó en etiquetar esas aseveraciones como “mendaces, irresponsables e inaceptables” y recalcó que “quien dispone los lugares de detención es el Poder Ejecutivo de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad”.
“La vocación de eludir la responsabilidad y las consecuencias de incumplir una orden judicial destinada precisamente a evitar situaciones trágicas como las vividas recientemente en la comisaría Tercera de Esteban Echeverría es correlativa con la de responsabilizar a los magistrados por la existencia de un ‘garantismo’ que crearía una ‘puerta giratoria’ mediante la cual los delincuentes quedan en libertad”, arremete el Colegio de Magistrados bonaerenses en el texto.
De esta forma, se desempolvan los cortocircuitos que, por el mismo tema, se habían registrado entre las partes en 2016 cuando Ritondo exigió a los jueces “terminar con la puerta giratoria”.
En esa línea y en recientes declaraciones, el titular de la cartera de Seguridad provincial arremetió: “Necesitamos que la Justicia acompañe la lucha que damos contra el delito sino el trabajo policial pierde sentido”.
Bajo tal escenario, los magistrados insistieron: “El Poder Ejecutivo es el principal responsable de la seguridad ciudadana. Los lugares de detención, que pertenecen a su órbita funcional, no alcanzan y son inadecuados”.
Aludiendo al reclamo de “más personas detenidas” proveniente desde el ministerio de Ritondo, el Colegio replicó que en el Ejecutivo “ocultan que no tienen dónde alojarlos y que por eso deciden ignorar, de manera irresponsable y con las consecuencias a la vista, las órdenes de clausura de calabozos emitidas por los jueces”.
“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires hace un llamamiento público a las autoridades responsables a resolver sin dilaciones el problema del hacinamiento de los detenidos y a acatar las decisiones judiciales para prevenir situaciones similares”, puntualizaron.
