Con el paro de la CGT desactivado, el Gobierno sigue demorando la publicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que otorga un bono de $ 5.000 a los trabajadores del sector privado para compensar la pérdida del salario por la inflación.
Hasta el momento, el Ejecutivo no dio precisiones sobre la arquitectura legal para aplicarlo. En un primer momento, surgió como un pago extraordinario, pero luego fue desdoblado en dos cuotas a pagar con los salarios de noviembre y enero.
Hasta la noche de este jueves, se analizaba la posibilidad de implementarlo como un posible anticipo a cuenta de aumentos salariales de 2019, algo que podría generar rispideces en los gremios.
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Los funcionarios evaluaban la posibilidad de que las empresas que pagaran el bono pudieran compensarlo del pago de aportes patronales que hacen al fisco.
Otra opción es que los bonos sean “a cuenta de futuros aumentos”, lo que será definido en una negociación entre la cámara y el sindicato involucrado.
También, trascendió que el Gobierno permitirá que las pequeñas y mediana empresas que "se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva" puedan alargar los plazos y reducir el monto para pagar el bono.
El artículo 6 del borrador del proyecto establece que hasta el 31 de marzo de 2019 los empresarios que pretendan despedir sin causa a un trabajador deberán comunicarlo al ministerio de Producción 10 días antes, para que éste intervenga y busque alternativas. No obstante, los trabajadores de la construcción quedarán excluidos de ese capítulo.
"Tratamos de tener el acuerdo lo más rápido posible, para bajar la incertidumbre. Forma parte de la discusión salarial”, dijo Sica este jueves en conferencia de prensa. Sin embargo, el decreto aún no fue publicado en el Boletín Oficial.