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Están acusados de varias irregularidades en el ejercicio de sus funciones. En tanto, los legisladores bonaerenses cerraron el jury solicitado al fiscal Mario Prieto.
Por 22/11/2018 16:38

El Senado bonaerense dio vía libre al inicio de los procesos de juicio político contra el juez de Casación bonaerense Martín Ordoqui y su par de Garantías del Polo Judicial de Avellaneda, Luis Carzoglio, dos magistrados no alineados con el gobierno de María Eugenia Vidal y acusados de haber cometido irregularidades en el ejercicio de sus funciones. En tanto, se cerró el proceso contra el fiscal Mario Prieto, denunciado por haber allanado el Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús en la previa de las elecciones de autoridades.

En ambos expedientes se solicitó el apartamiento preventivo de los magistrados, pero la medida no está firme, ya que tienen la posibilidad de apelarlo y esperar el nuevo dictamen.

Carzoglio fue el magistrado que rechazó un pedido de detención contra Pablo Moyano. Ordoqui está imputado en una causa que investiga una megabanda por la cual están detenidos el ex magistrado César Melazo y el ex fiscal Tomas Moran.

 

 

La denuncia contra Carzoglio fue presentada por el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por presuntas irregularidades en el desempeño de su función. No se trata de lo actuado en la causa que se sigue a Moyano por presunta asociación ilícita en perjuicio del club Independiente.

"Carzoglio acumula varias denuncias por amparos sin sorteos, órdenes de allanamientos sin fecha e intervención como intermediario entre imputados con salidas laborales y empresas privadas", detalló una fuente legislativa.

El jurado de enjuiciamiento, que se reunió este jueves al mediodía, está integrado por los diputados Jorge D'Onofrio, Pablo Garate, Sandra París, Guillermo Castello y el senador Marcelo Pacífico, además de por los conjueces Juan Emilio Spinelli (Necochea), Jorge Martínez y Graciela Amione, ambos de La Plata; Jorge Álvarez (San Martín) y Pedro Arbini Trujillo (San Isidro).

 

 

Ordoqui es uno de los imputados en la causa donde se investiga a una megabanda integrada por policías, delincuentes y funcionarios judiciales. Está acusado de los delitos de "tráfico de influencias y de asociación ilícita" y no se ordenó su detención por poseer fueros como juez. Sin embargo, en agosto último, la Suprema Corte de Justicia provincial lo apartó de sus funciones y le otorgó una licencia por 90 días.

"Sin perjuicio de la eventual intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, la Suprema Corte -como cabeza del Poder Judicial- cuenta con suficientes atribuciones para intervenir en toda cuestión que pudiera afectar la normal prestación del servicio de justicia", señaló la Corte en su resolución.

Y agregó que "debe por tanto velar por todo lo que hace al correcto desempeño del magistrado bajo su superintendencia, en resguardo de los derechos de quienes acuden a los estrados judiciales de su jurisdicción en demanda de justicia".

 

 

La medida se adoptó por pedido de Conte Grand, quien consideró que el camarista "habría incurrido en conductas de extrema gravedad que menoscaban el normal y adecuado funcionamiento de suministro de administración de justicia".

En la causa, además de Melazo están detenidas otras diez personas, entre ellas, ex comisarios y barrabravas acusados de integrar una banda comandada por el ex magistrado que cometía delitos amparados por policías y miembros del Poder Judicial y que concedía beneficios procesales a detenidos.

Pese al escándalo generado por esta causa penal, fue llamativo el silencio del Colegio de Abogados de La Plata, del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires y de la Asociación de Magistrados bonaerense. La única entidad que se expresó públicamente fue la Asociación de Magistrados de La Plata cuyo titular, el juez de Casación bonaerense Víctor Violini, protagonizó un duro cruce con el procurador vidalista Conte Grand.

 

 

Quien tuvo una buena jornada fue el fiscal de Avellaneda, Mario Prieto, quien allanó (por orden del juez Carzoglio) el Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús. Los legisladores y los conjueces abogados entendieron que el fiscal actuó dentro del marco de sus atribuciones y descartaron el juicio político.