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Tras las revelaciones de detención y apartamiento de jueces presuntamente vinculados al delito, desde la mayoría de los colegios y las asociaciones no hubo expresiones públicas.
Pablo Alonso 20/11/2018 11:16

El ruido de los escándalos generados por los expedientes en curso que tienen a magistrados bonaerenses en el centro de la escena, ya sea en el fuero penal como en la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados, contrasta con un dato que llama la atención en los pasillos de los tribunales y la política bonaerense: el silencio del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (Colproba), de la Asociación de Magistrados bonaerenses y del Colegio de Abogados de La Plata (CALP).

En la lista de magistrados en la picota figuran el juez de Casación bonaerense Martín Ordoqui, el ex fiscal platense Tomas Alberto Moran, el juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio y el ex juez de Garantías de La Plata César Melazo. Todos, salvo Moran, de raíz peronista.

Ordoqui, Moran y Melazo son investigados en el marco de la megacausa denominada “la banda del juez”, en la que se indaga sobre una banda mixta de policías corruptos, narcos, asesinos y lobistas que operó en La Plata y Quilmes desde, al menos, el año 2008.

 

 

Cuando el escándalo salió a escena, el procurador bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand, aseveró que “todos sabían pero nadie actuaba”. Las esquirlas de esas declaraciones impactaron en el interior del gabinete bonaerense, en particular en la figura del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. También fue un tiro al corazón de los colegios de abogados y magistrados, quienes integran el Consejo de la Magistratura bonaerense (órgano de selección y remoción de funcionarios judiciales) y tienen amplias facultades para denunciar a magistrados que cometan irregularidades o actúen al margen de la ley.

Desde aquella declaración del jefe de los fiscales bonaerenses, no se conocen expresiones públicas y orgánicas del Colproba, del CALP ni de la Asociación de Magistrados bonaerenses. El único que salió al cruce de las acusaciones fue el titular de la Asociación de Magistrados de La Plata, Víctor Violini, juez de Casación bonaerense, quien atacó fuerte al funcionario de ADN macrista, tal como reflejó Letra P. El juez consideró que existe una persecución “política” del oficialismo sobre jueces que no resuelven en sintonía con los deseos de la gobernación o la Casa Rosada.

En los pasillos de los tribunales bonaerenses es habitual escuchar a los abogados quejarse de la mala labor de ciertos jueces. Muchos de ellos denuncian los casos ante los consejos directivos de los colegios profesionales, pero en pocos casos esas presentaciones avanzan por los carriles institucionales. A modo de ejemplo: en el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de La Plata hubo, en los últimos años, decenas de presentaciones para que la entidad impulse el juicio político a determinados jueces y fiscales, bonaerenses y federales. Ninguna de esas denuncias prosperó.

 

 

Otro caso llamativo es el pedido de juicio político al juez Carzoglio, cuyo nombre salió a la luz pública, luego de negarse a detener al dirigente camionero y del club Independiente, Pablo Moyano, por considerar que no existen pruebas para tal medida extrema. Luego del malestar demostrado y transmitido por Conte Grand mediante sus medios de comunicación aliados, avanzó un pedido de juicio político que fue presentado por el Colproba, medida que se impulsó luego de un acuerdo político con el kirchnerismo.

En el marco de las elecciones del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús (conducido por la kirchnerista Adriana Coliqueo), una lista opositora ligada a Cambiemos denunció irregularidades en el proceso electoral. En el marco de ese expediente, el juez Carzoglio dispuso el allanamiento de la sede colegial. Coliqueo llevó sus quejas al colegio provincial, desde donde acordaron impulsar el jury a Carzoglio, A cambio, Coliqueo entregó el apoyo de su colegio para la reelección de las actuales autoridades colegiales. Uno de los arquitectos de ese acuerdo fue Bienvenido Rodríguez Basalo, titular del Colegio de Abogados de Quilmes y hombre de extrema confianza del dirigente peronista Aníbal Fernández, ex candidato de gobernador bonaerense. Es decir, el impulso del proceso de destitución tuvo su génesis en un acuerdo político interno de la colegiatura y no como un acto institucional de la entidad profesional. Un dato llamativo: las denuncias que pesan sobre Carzoglio son por decisiones judiciales y no por sospechas de corrupción.

El CALP tiene la costumbre de abrigarse al calor del oficialismo. Su ex secretario Enrique Saraví es ahora funcionario del Ministerio de Justicia bonaerense; la consejera Rosario Sánchez es subsecretaria de Justicia provincial; Juan Pablo Augé, hermano del ex presidente Pedro Augé, pugna por ser juez federal; la esposa del actual secretario general, Pablo Agustín Grillo Ciocchini, María Cecilia Tanco, es la titular del juzgado Civil y Comercial 19 de La Plata. Esta familia judicial compuesta por abogados, políticos y jueces es la que debe denunciar a malos magistrados, pero el refrán popular indica que “entre bomberos no se pisa la manguera”.

 

 

El 18 de mayo pasado finalizaron las elecciones en el CALP. Triunfó el oficialismo, pero la lista radical “Nuevo Colegio” rompió el piso de la minoría y obtuvo dos bancas de consejeros que ocupan Miguel Abdelnur y Luis Menucci. Uno de sus ejes de campaña fue mayor control a los jueces y un rol más activo de los abogados en el Consejo de la Magistratura.

Con traje de candidato y en campaña, Abdelnur resaltaba que la actual conducción del CALP “nunca”, en sus 42 años de gestión, denunció a un juez en ningún fuero. Ambos consejeros ya llevan varios meses en el cargo y se espera que honren su palabra de campaña. Hasta ahora, no lo han hecho, en los términos de sus promesas electorales, adoptando actitudes similares al Movimiento Innovador que tiene la conducción de la entidad y a los consejeros de origen peronista que pasaron por la entidad.

En la vereda opuesta de esta situación se ubica el Colegio de Abogados de San Isidro. La entidad denunció a seis magistrados y todos fueron apartados de sus cargos. Uno de los casos más resonantes fue el de la jueza de Familia de Pilar, Alejandra Claudia Velázquez, quien entregaba menores a cambio de dinero. Además presionaba a mujeres pobres y embarazadas para que dieran a sus niños en adopción a familias adineradas que viven en countries de Pilar.

Escándalos en la Justicia: llamativo silencio de abogados y magistrados

Tras las revelaciones de detención y apartamiento de jueces presuntamente vinculados al delito, desde la mayoría de los colegios y las asociaciones no hubo expresiones públicas.

El ruido de los escándalos generados por los expedientes en curso que tienen a magistrados bonaerenses en el centro de la escena, ya sea en el fuero penal como en la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados, contrasta con un dato que llama la atención en los pasillos de los tribunales y la política bonaerense: el silencio del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (Colproba), de la Asociación de Magistrados bonaerenses y del Colegio de Abogados de La Plata (CALP).

En la lista de magistrados en la picota figuran el juez de Casación bonaerense Martín Ordoqui, el ex fiscal platense Tomas Alberto Moran, el juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio y el ex juez de Garantías de La Plata César Melazo. Todos, salvo Moran, de raíz peronista.

Ordoqui, Moran y Melazo son investigados en el marco de la megacausa denominada “la banda del juez”, en la que se indaga sobre una banda mixta de policías corruptos, narcos, asesinos y lobistas que operó en La Plata y Quilmes desde, al menos, el año 2008.

 

 

Cuando el escándalo salió a escena, el procurador bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand, aseveró que “todos sabían pero nadie actuaba”. Las esquirlas de esas declaraciones impactaron en el interior del gabinete bonaerense, en particular en la figura del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. También fue un tiro al corazón de los colegios de abogados y magistrados, quienes integran el Consejo de la Magistratura bonaerense (órgano de selección y remoción de funcionarios judiciales) y tienen amplias facultades para denunciar a magistrados que cometan irregularidades o actúen al margen de la ley.

Desde aquella declaración del jefe de los fiscales bonaerenses, no se conocen expresiones públicas y orgánicas del Colproba, del CALP ni de la Asociación de Magistrados bonaerenses. El único que salió al cruce de las acusaciones fue el titular de la Asociación de Magistrados de La Plata, Víctor Violini, juez de Casación bonaerense, quien atacó fuerte al funcionario de ADN macrista, tal como reflejó Letra P. El juez consideró que existe una persecución “política” del oficialismo sobre jueces que no resuelven en sintonía con los deseos de la gobernación o la Casa Rosada.

En los pasillos de los tribunales bonaerenses es habitual escuchar a los abogados quejarse de la mala labor de ciertos jueces. Muchos de ellos denuncian los casos ante los consejos directivos de los colegios profesionales, pero en pocos casos esas presentaciones avanzan por los carriles institucionales. A modo de ejemplo: en el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de La Plata hubo, en los últimos años, decenas de presentaciones para que la entidad impulse el juicio político a determinados jueces y fiscales, bonaerenses y federales. Ninguna de esas denuncias prosperó.

 

 

Otro caso llamativo es el pedido de juicio político al juez Carzoglio, cuyo nombre salió a la luz pública, luego de negarse a detener al dirigente camionero y del club Independiente, Pablo Moyano, por considerar que no existen pruebas para tal medida extrema. Luego del malestar demostrado y transmitido por Conte Grand mediante sus medios de comunicación aliados, avanzó un pedido de juicio político que fue presentado por el Colproba, medida que se impulsó luego de un acuerdo político con el kirchnerismo.

En el marco de las elecciones del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús (conducido por la kirchnerista Adriana Coliqueo), una lista opositora ligada a Cambiemos denunció irregularidades en el proceso electoral. En el marco de ese expediente, el juez Carzoglio dispuso el allanamiento de la sede colegial. Coliqueo llevó sus quejas al colegio provincial, desde donde acordaron impulsar el jury a Carzoglio, A cambio, Coliqueo entregó el apoyo de su colegio para la reelección de las actuales autoridades colegiales. Uno de los arquitectos de ese acuerdo fue Bienvenido Rodríguez Basalo, titular del Colegio de Abogados de Quilmes y hombre de extrema confianza del dirigente peronista Aníbal Fernández, ex candidato de gobernador bonaerense. Es decir, el impulso del proceso de destitución tuvo su génesis en un acuerdo político interno de la colegiatura y no como un acto institucional de la entidad profesional. Un dato llamativo: las denuncias que pesan sobre Carzoglio son por decisiones judiciales y no por sospechas de corrupción.

El CALP tiene la costumbre de abrigarse al calor del oficialismo. Su ex secretario Enrique Saraví es ahora funcionario del Ministerio de Justicia bonaerense; la consejera Rosario Sánchez es subsecretaria de Justicia provincial; Juan Pablo Augé, hermano del ex presidente Pedro Augé, pugna por ser juez federal; la esposa del actual secretario general, Pablo Agustín Grillo Ciocchini, María Cecilia Tanco, es la titular del juzgado Civil y Comercial 19 de La Plata. Esta familia judicial compuesta por abogados, políticos y jueces es la que debe denunciar a malos magistrados, pero el refrán popular indica que “entre bomberos no se pisa la manguera”.

 

 

El 18 de mayo pasado finalizaron las elecciones en el CALP. Triunfó el oficialismo, pero la lista radical “Nuevo Colegio” rompió el piso de la minoría y obtuvo dos bancas de consejeros que ocupan Miguel Abdelnur y Luis Menucci. Uno de sus ejes de campaña fue mayor control a los jueces y un rol más activo de los abogados en el Consejo de la Magistratura.

Con traje de candidato y en campaña, Abdelnur resaltaba que la actual conducción del CALP “nunca”, en sus 42 años de gestión, denunció a un juez en ningún fuero. Ambos consejeros ya llevan varios meses en el cargo y se espera que honren su palabra de campaña. Hasta ahora, no lo han hecho, en los términos de sus promesas electorales, adoptando actitudes similares al Movimiento Innovador que tiene la conducción de la entidad y a los consejeros de origen peronista que pasaron por la entidad.

En la vereda opuesta de esta situación se ubica el Colegio de Abogados de San Isidro. La entidad denunció a seis magistrados y todos fueron apartados de sus cargos. Uno de los casos más resonantes fue el de la jueza de Familia de Pilar, Alejandra Claudia Velázquez, quien entregaba menores a cambio de dinero. Además presionaba a mujeres pobres y embarazadas para que dieran a sus niños en adopción a familias adineradas que viven en countries de Pilar.