Desde la noche del próximo lunes, una parte de la Ciudad de Buenos Aires quedarà bajo el control del Comando Unificado que funciona hace un año para garantizar la seguridad de la cumbre del G-20. Los primeros contactos de los porteños con ese esquema de anillos de seguridad se darán el martes, cuando comiencen a regir las primeras "zonas vedadas", es decir, las áreas que rodearán a los hoteles y otros lugares donde se hospedarán las comitivas oficiales y los presidentes que participarán del tramo más importante del evento, previsto para el viernes 30 de noviembre y el domingo 2 de diciembre. En total serán seis áreas críticas de funcionamiento de la cumbre y otras 20 vinculadas a la estadía de los invitados.
Será la reedición del esquema blindado que utilizó el "Comando" hace un año para custodiar, a principios de diciembre, la conferencia interministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se realizó en el Centro Cultural Kirchner. En aquel momento, significó el estreno del esquema implementado por la Casa Rosada para concentrar todos los mandos del aparato de seguridad federal y de defensa nacional bajo una coordinación que depende de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y en segunda instancia de su par de Defensa, Oscar Aguad, a quien responden los mandos de las tres fuerzas armadas. Junto a Bullrich y sus segundos, trabajan el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martìn Ocampo, y el bonaerense Cristian Ritondo, aunque el desempeño provincial está vinculado al control externo del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y "zonas costeras adyacentes a la Ciudad de Buenos Aires", explicó una fuente oficial.
El tablero de control es supervisado por los dos ministros y el jefe de Estado Mayor Conjunto General de las Fuerzas Armadas, Bari del Valle Sosa, junto a los jefes del Ejército, Claudio Pasqualini; de la Armada, José Luis Villan, y de la Fuerza Aérea, Enrique Vìctor Amrein.
Por fuera de la mesa castrense, Bullrich es acompañada por su jefe de Gabinete ministerial, Gerardo Millman, y por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. "Es como tener dos secretarios de Seguridad, pero Gerardo se encarga de negociar con las organizaciones que vayan a protestar y Eugenio es el interlocutor con los jefes de las fuerzas federales", detalló en tono irónico una fuente de la Casa Rosada. A Burzaco reportan el jefe de Prefectura Naval, Eduardo Scarzello; el titular de Gendarmería, Gerardo Otero; el de la Policìa de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Itzcovich, y el la Policìa Federal, Néstor Roncaglia.
Habrá un ejército de seis mil custodios de presidentes, entre ellos, mil de Estados Unidos, mil de Rusia y mil de China.
En el área de Defensa también intervendrán el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Horacio Chighizola; el subsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, José Luis Vila, y dos áreas de "ciberdefensa": la subsecretaría a cargo de Alfredo Parodi y la "Coordinación de Operaciones para la Ciberdefensa", que está en manos de Fabrice Dubois.
Los nombres de funcionarios y uniformados son los contornos de un elenco incompleto que buscará "garantizar el control total de movimientos y comunicaciones en las zonas críticas". El resto de su composición transita el vidrioso mundo de las custodias presidenciales extranjeras, que el Gobierno estima en "más de seis mil hombres de distintas naciones, divididos en mil de Estados Unidos, mil de Rusia, mil de China y un numero menor y aproximado de los demás países". Ese rompecabezas se completaría con la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Ente Nacional de Comunicación (ENaCom), encargados de utilizar un poco precisado mecanismo de control de comunicaciones.
Detrás de la demostración de fuerza del "Comando Unificado" hay un estatus legal que cambia drásticamente: en caso de detenciones por movilizaciones o conflictos, los procedimientos quedarán bajo su órbita y no de la jurisdicción porteña. Ese control también incluye la potestad total de Bullrich para elegir el momento de "controlar" una movilización con un esquema de intervención callejera que sería compartido entre efectivos porteños y las fuerzas antimotines de la Policìa Federal, Gendarmerìa y Prefectura. Esa virulencia no es nueva: fue aplicada luego de la cumbre de la OMC de diciembre pasado, cuando el "Comando" decidió extender su control al Congreso y custodiarlo durante las accidentada sesión para tratar la reforma previsional.
BAUTISMO DE FUEGO. Ese despliegue inicial de diciembre pasado implicó un ejercicio de aplicación práctica de los anillos de seguridad que otra vez comenzarán a atravesar la capital el próximo lunes. "Es un sistema de anillos concéntricos: afuera está la Policía porteña, luego las fuerzas de seguridad federales y, en determinadas zonas crìticas, las Fuerzas Armadas, aunque estarán más concentradas en cuestiones de custodia logística por tierra, mar y aire", explicó un funcionario de la cartera de Seguridad.
En materia de control aéreo, el miércoles pasado el Estado Mayor Conjunto dispuso una zona de blindaje de 460 kilómetros cuadrados que alcanza a casi toda la provincia de Buenos Aires, además de Entre Rìos y Santa Fe. Ese perímetro aéreo ya es controlado por el Comando Unificado, que, entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, tendrá la posibilidad de derribar cualquier aviòn que no esté autorizado y no posea un plan de vuelo registrado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
La "zona prohibida" tendrá un control del Ejército en tierra a partir del "Ejercicio Integrador 2018", que "consiste en la movilizaciòn de tropas desde Tandil a Villa Gesell, junto a la definición de la intervención de las Fuerzas de Despliegue Rápido, integradas por las tres armas que cumpliràn funciones de custodia y articulación con las fuerzas extranjeras", detalló a Letra P una fuente del Edificio Libertador.
"Si ya no está cerca, ya debe estar en la zona, pero está prevista la llegada de un portaaviones nuclear de la Marina de los Estados Unidos que se posicionará a 50 millas de nuestra costa, posiblemente en aguas internacionales o uruguayas", remarcó la fuente castrense para poner en duda la presencia de la embarcaciòn de guerra que posiblemente estacione en aguas argentinas para garantizar que su flota de aviones F-18 controle la zona cero y custodie la llegada del Air Force One, que aterrizaría en Aeroparque para traer al presidente Donald Trump. Para entonces, el espectáculo habrá comenzado con 22.000 uniformados, un número no oficializado de fuerzas extranjeras y un gasto estimado de 1.000 millones de pesos para esas jornadas, aunque en la Casa Rosada insisten en que la redujeron en un 30%.