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Los distintos bloques del peronismo presentaron iniciativas para derogar la resolución y reeditan la lucha de la ley anti tarifazo. Quieren citar a funcionarios y esperan la resolución del juez.
Por 08/10/2018 20:27

Cuando aún no tiene asegurados los votos para la aprobación del Presupuesto 2019, el oficialismo deberá ocuparse del nuevo frente de batalla que la oposición le presentará tanto en el Congreso como en la Justicia como respuesta a la resolución de la Secretaría de Energía que autorizó a las empresas prestadoras de gas a cobrar un extra en las tarifas para compensar los costos por la suba del dólar.

En la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria (FPV), el Bloque Justicialista y el Frente Renovador presentaron, cada uno por su lado, proyectos para derogar la resolución 20/2018. La izquierda hizo lo mismo. El massismo elevó, además, pedidos de citación al secretario Javier Iguacel, el ministro Nicolás Dujovne y el titular del Enargas, Mauricio Roitman, para que den explicaciones sobre la medida.

 

 

El camino parlamentario iniciado reedita, en cierta medida, la lucha que la oposición dio en abril de este año por la ley anti tarifazo, una iniciativa que logró unificar al kirchnerismo, al massismo y al peronismo federal pero terminó con un veto presidencial.

 

 

Con ese antecedente, la oposición mide los pasos a seguir. El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, abrió el diálogo con sus pares de las demás bancadas para evaluar la conveniencia de llamar a una sesión especial para tratar el proyecto de resolución que plantea la derogación de la medida. La alternativa se analizó también este lunes en el seno del interbloque Argentina Federal, que conduce Pablo Kosiner, y en la bancada massista, que lidera Graciela Camaño.

 

 

El análisis quedó abierto. En la oposición saben que, si bien el llamado a una sesión especial esta semana podría tener un efecto político y obligaría al oficialismo a salir a defender una medida abiertamente impopular, en la práctica no tendría consecuencias sobre las tarifas. Sucede que ninguno de los proyectos tiene dictamen de comisión por lo que, para tratarlo en el recinto, se necesitaría una mayoría de dos tercios que la oposición no logra reunir.

 

 

La opción no fue descartada pero los diputados del Bloque Justicialista consideran que lo más conveniente es iniciar el camino del tratamiento en comisiones, tal como sucedió con la ley anti tarifazo. En el espacio que conduce Kosiner creen que los proyectos serán girados a las comisiones de Obras Públicas, Energía y Presupuesto y confían en que la primera sea designada cabecera. La presidencia de Obras Públicas está en manos del entrerriano Juan José Bahillo, del Bloque Justicialista, por lo que les facilitaría el comienzo del camino parlamentario.

El antecedente de la ley anti tarifazo no es alentador para los usuarios. Aunque la oposición logró en ese momento negociar un único proyecto, abroquelarse y asestarle un golpe político al Gobierno, el presidente Mauricio Macri borró el trabajo de un plumazo con el veto a la ley.  

 

 

En ese contexto, la oposición no solo apuesta a que sea el propio Gobierno el que dé marcha atrás con la medida, fruto de la presión social y de las protestas que ya se escuchan dentro de Cambiemos, sino que espera resultados en el ámbito judicial, donde ya dio el primer paso el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien denunció penalmente a Iguacel por el dictado de la resolución.  

“Hay que presentar todos los amparos posibles. El ex ministro Juan José Aranguren dolarizó las tarifas, el Gobierno devaluó, ¿y la culpa la tienen los usuarios? Hicieron un desbarajuste tremendo”, dijo a Letra P la ex diputada del Frente Renovador Liliana Schwindt, ex presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y asesora del bloque massista en la materia.

 

 

Según explicó Schwindt, la decisión del Gobierno de compensar a las distribuidoras de gas “no es sorprendente” ya que es lo que las propias empresas “vienen reclamando en las audiencias públicas”. “Pedían un aumento del 70 o 100 por ciento y en definitiva es lo que se llevan con esta resolución”, dijo la ex diputada.

Para Schwindt, los jueces deberán analizar la situación a la luz de lo decidido por la Corte en el fallo “Cepis”, de 2016, que estableció la necesidad de que el aumento de tarifas sea gradual y razonable.

Además de los amparos que ya presentaron este lunes algunas asociaciones de defensa de consumidores, como el propio Cepis, distintos referentes del peronismo dieron el mismo paso. El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, presentó el reclamo del municipio junto a clubes de barrio, centros de jubilados, pymes, comerciantes, sindicatos y trabajadores.

 

 

En Salta, el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Manuel Godoy, presentó un amparo ante el juez federal que también lleva la firma de los diputados nacionales Javier David (Bloque Justicialista) y Sergio Leavy (Frente para la Victoria).