Un nuevo escándalo sacude al poder Judicial en La Plata develado a partir del escrito presentado por el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio en el que se infiere un “pacto de impunidad” entre el magistrado, la jueza de la Suprema Corte bonaerense Hilda Kogan, el procurador general bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand, y el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.
Mientras las esquirlas de la causa denominada “La banda del juez” siguen lacerando la imagen del servicio de justicia en La Plata, el escrito presentado por Atencio, al que accedió Letra P, generó otra turbulencia.
El caso tiene como disparador la denuncia del fiscal Jorge Paolini, quien acusó al juez Atencio de pedir coimas a ex funcionarios de la obra social IOMA para no detenerlos en el marco de una investigación por estafas a la obra social de los bonaerenses.
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La causa había sido archivada por el fiscal de San Martín, Edgardo Ledesma, pero su superior, el fiscal general de ese departamento judicial Marcelo Lapargo ordenó desarchivar las actuaciones y darle un nuevo impulso a la denuncia.
En la investigación de Ledesma, la supuesta testigo/imputada Paola Alayo desmintió al fiscal Paolini. De allí que el juez pidió la destitución de Paolini, tras acusarlo de coaccionar a Alayo e incumplir sus deberes de funcionario público. Le adjudicó al fiscal el hecho de no impulsar la investigación por las coimas en IOMA durante el sciolismo porque los acusados no le contestaban sus pedidos de informes, en vez de solicitar allanamientos y otras medidas.
En un escrito que presentó, Atencio afirmó que un funcionario del gobierno provincial le pidió una reunión para transmitirle “el profundo malestar que les causaba que no hubiera renunciado” a su cargo como juez, como se había “pactado”. Detalló que ese emisario le dijo que el mensaje provenía de Kogan, Conte Grand y Ferrari.
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¿Cuál sería ese supuesto “pacto de impunidad”? Que renunciara como juez a cambio del cierre de una causa por pedido de sobornos. Pero, según Atencio, él se había reunido con Kogan para transmitirle su “indignación” por la investigación que tramitaba en su contra y la “necesidad de que todo se aclarase”. Para entonces sí, completó, “poder jubilarme y retirarme sin que pese sobre mí sospecha alguna respecto de mi honestidad”.
Otro de los episodios que llamó la atención fue el llamativo traslado del fiscal Paolini: un día después de su denuncia contra Atencio, lo obligaron a dejar la instrucción de las causas y fue corrido al área de juicios orales. Ese movimiento en el tablero del poder dentro de la Justicia platense lo dispuso el fiscal general de La Plata, Héctor Volgliolo, reconocido amigo del juez imputado.
El rol de Alayo es complejo. Está procesada en la causa de estafas en IOMA. Tuvo una salida elegante de la obra social. Atencio la incorporó en su despacho como empleada y la filmó con una cámara oculta mientras husmeaba la causa IOMA.
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La testigo/acusada primero aseveró que el juez la envió como emisaria a pedir un millón y medio de dólares a sus compañeros de expediente para que la causa no avance. Luego se desdijo.
Antes de que estallara el escándalo, el abogado Juan José Losinno había solicitado al Colegio de Abogados de La Plata (CALP) que impulsara un pedido de juicio político para el juez Atencio.
El escrito fue ingresado al CALP, donde el juez denunció al abogado por “manifestaciones indecorosas” de parte de Losinno, según se desprende del documento al que accedió este medio.
El abogado fue defensor de una persona acusada por presuntas irregularidades en la obra social IOMA. En el primero de los escritos, Losinno manifestó que el juez contaba “años” como si contara “dólares” o “porotos”.
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En su presentación, el abogado reclama que se deje sin efecto la denuncia de Atencio en su contra, el desarchivo de la denuncia realizada por el fiscal Paolini (ya hecho por el fiscal general de San Martín) y una nueva investigación del caso en base a un calendario de fechas y hechos detallado en el documento que junta polvillo en algún escritorio del colegio profesional.
En diálogo con este medio, Losinno consideró que “acá es muy simple: se sanciona a Atencio por imputar falsamente un acuerdo espurio o se sanciona a quienes le ofrecieron ese acuerdo”, en relación a Ferrari, Conte Grand y Kogan.
En una segunda presentación ante el CALP, el letrado consideró que “las situaciones que se denuncian revelan una ‘gravedad institucional’ que no puede pasar ajena al Colegio de Abogados de La Plata”.