Un ex funcionario de la municipalidad de Bahía Blanca es mencionado en la causa que terminó con la detención de la cúpula dirigencial de la seccional bahiense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Ariel Zaballa fue secretario de Desarrollo Social durante las administraciones de Cristian Breitenstein y Gustavo Bevilacqua y actualmente está al frente de una de las empresas que los gremialistas exigían que debían ser contratadas por las constructoras.
Tal como se indicó, tras una serie de allanamientos diez personas vinculadas a la UOCRA bahiense quedaron detenidas y otros tres permanecen prófugas; acusados de asociación ilícita y extorsión.
Tras las detenciones - que se sucedieron tras el avance de las denuncias presentadas por empresarios vinculados al rubro de la construcción y respaldadas por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal- se conocieron algunos detalles de la causa y trascendieron los nombres de los dueños de las firmas que los gremialistas exigían que fueran contratadas por los empresarios de la construcción para no paralizar las obras.
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En la nómina aparece Ariel Zaballa, quien fue secretario de Desarrollo Social durante el mandato de Cristian Breitenstein, primero, y de Gustavo Bevilacqua después, tras ser convocado por Daniel Scioli como ministro de Producción. Según consigna La Brújula, Zaballa, además, fue delegado municipal y secretario del Concejo Deliberante.
“No puedo decir nada porque no tengo idea de qué se me acusa”, indicó ante ese portal el titular de EIS, empresa de eventos y catering beneficiada por la UOCRA Bahía Blanca y agregó: “Lo único que puedo asegurar es que somos una firma de catering que le da de comer a muchísimas empresas. Antes de hacer cualquier declaración, necesito tomar contacto con la causa, conocer los detalles y en todo caso, contratar un abogado”.
Si bien hay proveedores que están relacionadas directamente con algunos de los dirigentes detenidos - como una empresa de transporte y una de indumentaria, ambas propiedad de Lucía Teresa Sanabria, esposa del secretario general Humberto Arnaldo Monteros- el fiscal general Juan Pablo Fernández señaló a La Nueva que se investigará si el resto de los empresarios contratados sabían que eran beneficiarios de una asociación ilícita o no.
En este sentido, en caso de no estar involucrados con el delito, podrían ser solicitados como testigos de la causa.