Plano Corto. Luis Armella

Sin las manos limpias

El juez que encarceló al Pata Medina en línea con el mani pulite sindical que agita Cambiemos fue acusado por la Corte de beneficiar a empresas amigas con contratos millonarios. Un jury en el freezer.

Luis Antonio Armella nació en 1969 y es el juez federal de Quilmes que puso tras las rejas al temido sindicalista platense Juan Pablo "Pata" Medina, titular del gremio de los trabajadores constructores de la capital bonaerense.

 

El magistrado llegó al puesto de la mano del kirchnerismo, que luego intentó destituirlo y no pudo. En la actualidad es el ariete judicial de Cambiemos en su lucha contra "las mafias sindicales".

 

En el año 2015, Armella estuvo al borde del juicio político, acusado de irregularidades en el monitoreo judicial de la limpieza del Riachuelo que estaba a cargo del ente oficial Acumar, dirigido entonces por Juan José Mussi, uno de los caudillos pejotistas del conurbano bonaerense.

 

El escándalo se conoció en el año 2012 tras un informe del periodista Horacio Verbitsky publicado en el matutino Página 12. Según la nota, Armella ordenó la realización de “obras complejas” en “plazos perentorios” para justificar adjudicaciones directas a distintas empresas vinculadas a su familia. Entre las firmas en cuestión están San Martín 264 Bernal SA, propiedad de su suegro; Gildin, Tierras Provinciales S.A., Vial Rogo Constructora S.A., Compañía Constructora M&T S.A. y Kartonsec S.A., todas, propiedad de familiares y personas conocidas del juez.

 

Tras este episodio, la Corte Suprema apartó a Armella de la causa por el saneamiento del Riachuelo y remitió copia del expediente al Consejo de la Magistratura por las supuestas “maniobras ilegales en las que habría incurrido el magistrado”.

 

Ya en septiembre de 2015, los representantes del kirchnerismo en ese organismo –encargado de la selección y la remoción de los magistrados- denunciaron que el senador radical Ángel Rozas trabó el juicio político al magistrado. Los camporistas también apuntaron contra los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes por trabajar en tándem con el legislador para cajonear la acusación.

 

 

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A QUILMES. Armella se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y realizó una maestría en Ciencias Penales en la Universidad Católica de La Plata (Ucalp). Ya había trabajado en la Justicia de Quilmes, pero en el fuero ordinario: fue fiscal en ese departamento de Quilmes y ocupó cargos en distintos juzgados penales de este partido.

 

En 2003 se inscribió en el Concurso 90 para cubrir la vacante en el Juzgado Federal de Quilmes y quedó en tercer lugar en la terna aprobada por el Consejo, detrás de Beatriz Torterola y Domingo Montanaro. El Poder Ejecutivo envió su pliego al Senado y, tras la aprobación, asumió como titular del juzgado en agosto de 2004.

 

Llegó a ocupar ese cargo impulsado políticamente por el PJ bonaerense. Una de sus mentoras fue la ex procuradora general bonaerense María de Carmen Falbo, hoy asesora del ministro de Justicia, Germán Garavano.

 

No es la primera vez que Armella actúa en una causa sensible al mundo político. En septiembre de 2016, durante el primer año de Cambiemos en la gbernación bonaerense, allanó dos municipios gobernados por el peronismo K: primero, la Municipalidad de Berazategui, conducida por el intendente Patricio Mussi (hijo de Juan José, que fuera titular de la Acumar), en busca de documentación relacionada a una denuncia sobre el manejo de los planes Argentina Trabaja; dos semanas después, la de Florencio Varela, a cargo de Julio Pereyra, en el marco de una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos contra el jefe comunal.

 

El magistrado forma parte de una justicia federal que se puso hiperactiva. El 25 de septiembre pasado, el diario La Nación publicó un artículo titulado "La agenda judicial que enfrentará el kirchnerismo en el último tramo de la campaña electoral", donde queda evidenciada una gimnasia laboral poco acorde al ritmo cansino habitual de los despachos judiciales.

 

Lourdes Arrieta, la diputada del patito en la cabeza, a cargo del armado de La Libertad Avanza en Mendoza. 
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

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