La difusión del resultado del escrutinio definitivo no fue tan polémica como el minuto a minuto del conteo provisorio, pero también tuvo llamativas desprolijidades. Este martes, cerca de las 6 de la tarde, antes del cierre de los diarios, la victoria de dos decimales de CFK fue filtrada a la prensa por Cambiemos, y no por las autoridades. Aunque la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó el avance cotidiano del recuento, la difusión de la foto final no estuvo en sus manos, sino que llegó velozmente a los medios gracias a un jugador clave: el juez electoral de La Plata, Juan Manuel Culotta, a quien distintas fuentes políticas y judiciales señalaron como el administrador de la primicia. El polémico tráfico de información forma parte del primer proceso electoral desde la recuperación democrática donde el resultado definitivo revierte los datos del provisorio.
Tal como reflejó este portal, la primera explicación de la Casa Rosada buscó deslindar responsabilidades. "Los primeros en recibir la información fueron los apoderados de cada partido, que seguramente difundieron la información a los medios", contestaron a Letra P funcionarios de la jefatura de Gabinete, aunque fuentes de medios públicos confiaron que el primer proveedor de la información fue el magistrado Culotta, de estrecha vinculación con el PRO y egresado del Cardenal Newman, el mismo colegio secundario del que proviene el presidente Mauricio Macri y buena parte de su entorno más influyente. La información proveniente del juzgado de Culotta fue rápidamente reproducida por los medios, aunque pocos minutos después los datos fue ampliada y corregida por la CNE.
Rodríguez Simón, Devoto, Peña, Torello y Clusellas, la banda del Newman, de donde viene el juez Culotta, que articula con el jefe de asesores de Macri.
La desprolijidad dejó al descubierto, una vez más, un problema estructural del sistema electoral argentino, que fue advertido hace dos meses por una acordada de la CNE, que firmaron los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, presidente y vice del tribunal. El 27 de junio pasado ambos rubricaron la acordada extraordinaria número 49, donde comunicaron "a la ciudadanía que, pese a reiterados requerimientos, el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional sin participación alguna de la justicia nacional electoral en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados; ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos".
En la misma resolución, le comunicaron al Gobierno que "si bien -dado lo avanzado del cronograma electoral- cualquier medida complementaria que adoptase a esta altura podría ser contraproducente", no impide "la gestión de los medios pertinentes para la formulación de soluciones adecuadas y en tiempo oportuno". Esas correcciones tenían que ver con "la labor logística llevada a cabo por el Correo Oficial de la República Argentina". Las recomendaciones fueron comunicadas al Ministerio del Interior "para fortalecer el esquema de seguridad y custodia asignado al Comando General Electoral", especialmente en lo referido al “necesario seguimiento permanente con dispositivos de geolocalización (GPS) en todos los vehículos que se utilicen para el traslado del material y/o documentación de cinco o más mesas electorales” y el consecuente suministro “de las herramientas que permitan su trazabilidad en todas las instancias de despliegue y repliegue”.
Con dos meses de anticipación, la advertencia de la CNE buscó evitar que ocurriera la controversia que estalló en la noche del 13 de agosto, durante el escrutinio provisorio de las PASO 2017, donde la carga de telegramas provenientes de las mesas de sufragio desembocó en duras acusaciones de Unidad Ciudadana contra el oficialismo por la presunta manipulación en la carga de los datos recibidos. La escena no es una novedad en la carga de los telegramas. Se trata de un patrimonio que comparten las gestiones anteriores, aunque el oficialismo habría puesto en marcha su propio método en el manejo de los datos desde la noche del 14 de agosto, cruzado por acusaciones contra un magistrado promovido por Cambiemos en el momento de la publicidad de las cifras definitivas. La arbitraria elección de los distritos que primero se cargan en el sistema informático no altera el resultado final del comicio, pero permite administrar el "tiempo precioso" que separa al cierre de las mesas del resultado provisorio. En medio de esos parpadeos sucedió la escena de la polémica, que ahora comenzó a saldarse con las cifras finales.
Esos instantes habrían sumado transparencia si el Gobierno hubiera accedido a algunas recomendaciones de la CNE, como controlar el traslado del "material y la documentación" con el sistema de GPS y con herramientas para monitorear la "trazabilidad" de los datos en la logística del correo.
"El escrutinio provisorio nunca estuvo en manos de la Justicia Electoral, sino del Gobierno, que no escuchó las advertencias de la CNE", confió una fuente judicial a Letra P. El funcionario consultado no pudo asegurar que la filtración de los datos a la prensa fue realizada por el juez federal con competencia electoral de La Plata, pero confirmó que la entrega con validez legal de la información bonaerense a los apoderados partidarios "estuvo en manos de Culotta", que luego mandó los datos a la CNE, encargada del conteo nacional. En el medio también la compartió con algunos medios.
Una parte del curioso juego de roles entre el Gobierno, el juez y la CNE se puede apreciar en la web www.padron.gob.ar/publica, el sitio oficial donde la Justicia Electoral dice que están publicadas las cifras finales de las PASO 2017. Pero basta ingresar a esa página para experimentar las dificultades para cualquier visitante que intente obtener el escrutinio definitivo de cada distrito. Esos problemas incrementaron la confusión y también le permitieron a los apoderados partidarios, además del magistrado, a distribuir información antes de que lo hiciera la CNE. "No hay especificaciones sobre quién debe hacerlo", atajó una fuente oficial, mientras que un funcionario de la CNE remarcó: "Es importante que el provisorio lo haga la Justicia Electoral justamente para evitar especulaciones y utilización política de etapas que si bien no tienen validez forman parte del proceso electoral".
Desde el Ministerio del Interior, que encabeza Rogelio Frigerio, el único funcionario que habló públicamente este miércoles al respecto fue el director Nacional Electoral, Fernando Álvarez. Sin aludir al curioso tráfico de información que llegó a los medios sobre los primeros resultados definitivos, el funcionario dijo que los datos demuestran "que no hubo manipulación en la carga de datos. El resultado del escrutinio definitivo que está dándose a conocer ahora confirma lo que hemos venido diciendo desde el provisorio: no hubo manipulación en la carga de datos", y agregó que “las diferencias, dándole la ventaja ahora en el escrutinio definitivo de 0,21 a favor de Unidad Ciudadana frente a 0.8 de ventaja de Esteban Bullrich en el escrutinio provisorio, son bajísimas”.
Antes de concluir, Álvarez recordó que "son todas denuncias que se han hecho a través de los medios no ha habido denuncias judiciales. Por lo tanto hay que entenderlo dentro del juego político", pero igualmente pidió "un poco de cuidado", porque "lo que está en juego es la claridad, la transparencia y la información del ciudadano que debe ser precisa y fidedigna y poner en tela de juicio las instituciones es un discurso un poco riesgoso”.
Álvarez, junto a Frigerio y a su secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, son los tres funcionarios que recibieron la advertencia de la CNE hace dos meses, donde el tribunal les planteó, entre otras medidas, monitorear en tiempo real al Correo, descabezado este miércoles por el presidente Macri, y al traslado de las urnas mediante GPS. Sin embargo, el núcleo del mensaje giraba en torno a que el Ejecutivo cediera con anticipación la realización del escrutinio provisorio a la CNE, para aplicar los mismos protocolos del conteo definitivo.
En la acordada que la cartera de Frigerio no menciona, los jueces de la CNE destacaron que "si bien se ha señalado en reiteradas ocasiones que el conteo provisional de los resultados de la elección, conocido como 'escrutinio provisorio', constituye un mero elemento publicitario, carente de relevancia jurídica y, por tanto, inhábil para poner en tela de juicio la validez de los comicios o de sus resultados, es sabido que tiene por finalidad satisfacer el reclamo de la opinión pública de conocer resultados de la elección con la mayor inmediatez, aunque éstos no sean definitivos".
Hasta ahora la legislación no establece "la forma de realización, verificación y publicación del escrutinio provisorio", destacaron Dalla Via y Corcuera, pero "como ha sido práctica histórica, por razones de costumbre, la ejecución del conteo provisional la ha asumido el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda –a través de la contratación de una empresa privada- sin participación alguna de la justicia nacional electoral. Dicha circunstancia se ha verificado una vez más pese a que el proyecto de ley del año 2016 atribuía –entre otras facultades- aquélla tarea a este Tribunal", remataron en esa acordada el titular y el vice de la CNE en referencia a la reforma electoral que presentó el Ejecutivo al Congreso y que incluía, como eje principal, la implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE).
El 15 de agosto, cuando la polémica por el escrutinio ya había estallado, el secretario Pérez declaró: "Creemos que es mejor que el escrutinio provisorio no esté a cargo del Ejecutivo, quisimos hacer esa modificación pero el Senado se negó", disparó el funcionario en una mezcla de conceptos tan compleja como el proyecto de reforma política que envió el Gobierno, donde los detalles del escrutinio provisorio quedaron perdidos ante la dimensión de la aplicación de las técnicas electrónicas de votación. Sin embargo la acordada de la CNE, firmada dos meses antes del escándalo inicial, evidencia que el escrutinio provisorio igualmente podría haber sido realizado de otro modo, sin la saga de errores y opacidades que volvieron a recrudecer este lunes, al calor de una desprolija comunicación de los resultados definitivos, que reavivó las sospechas que estallaron dos semanas atrás.