El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta envió al presidente de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), el licenciado en sistemas Eduardo de Montmollin, para que informe sobre el nuevo proceso de licitación del servicio del subte que la Ciudad giró a la Legislatura porteña y confirme que la oposición porteña no tendrá acceso el pliego que la administración local diseñó con los requisitos y condiciones para el futuro concesionario del servicio.
El Poder Ejecutivo presentó en abril un proyecto para que la Legislatura autorice la apertura de un nuevo proceso licitatorio, proceso del que no podrá participar ni analizar. Esa normativa propone un nuevo contrato para la explotación del subte a partir de diciembre de 2017, cuando culmine la prórroga de la emergencia del subte y venza la concesión actual. Además, el texto contiene una novedad: se abre la posibilidad de contratar a un operador extranjero para que administre el personal y el servicio del subte, como hace Metrovías desde 1994, amparándose en un decreto del ex presidente Carlos Sául Menem.
De Montmollin asistió a una reunión informativa en el marco de un plenario de las comisiones de Obras Públicas, Transporte y Presupuesto, conducida por los presidentes de cada una de ellas, Diego García Vilas (CP), Claudio Palmeyro (SP) y Alejandro García (PRO). Participaron, además, una veintena de legisladores de todos los bloques. Tras un breve discurso de apertura, respondió consultas de la oposición al PRO en la Ciudad. La mayoría de los diputados hicieron hincapié en dos aspectos: el pliego de bases y condiciones y en la posibilidad de que el Estado porteño se haga cargo de la totalidad del subterráneo.
El gobierno porteño no está obligado a enviar el pliego a la Legislatura. Ni la Constitución ni el reglamento parlamentario hacen alusión al reclamo de los diputados opositores, aunque hubo excepciones: para mostrar “buena voluntad” algunos ministros giraron información a legisladores de manera personal, en otras oportunidades. El reclamo fue unánime, pero De Montmollin fue tajante: “No está previsto enviar el pliego a la Legislatura”. En un santiamén, la diputada camporista Paula Penacca le respondió: “Lo sospeché desde un principio”.
Actualmente, la responsabilidad sobre el funcionamiento y desarrollo del subte es compartida en la Ciudad de Buenos Aires. La empresa estatal Sbase, que es parte del organigrama del gobierno de Rodríguez Larreta, es una sociedad de Estado que proyecta y realiza obras (desde material rodante hasta mantenimiento de estaciones), mientras que la firma del Grupo Roggio se encarga de poner en funcionamiento las formaciones. De esta manera, el Estado hace las obras y convoca a un privado para que administra el servicio.
Este último punto abre un paraguas de discusiones porque cuando en 2013 el gobierno macrista tomó las riendas del subte, la concesión de Metrovías ya estaba en curso. Sin embargo, la Ciudad declaró la emergencia del subterráneo y prorrogó la concesión. El titular de Sbase deslizó que el objetivo de convocar a un nuevo proceso licitatorio, además del fin de la concesión en diciembre de 2017, es “buscar un cambio en el tipo de acuerdo con el operador actual”.
En el Salón Montevideo fueron varios los legisladores que entendieron esa frase como un mensaje velado para Metrovías. Minutos después, De Montmollin aclaró: “Queremos tener una nueva relación con el operador, sea quien sea”. Letra P informó semanas atrás acerca de la puja interna en el gobierno sobre el futuro de la concesión: Sbase prefiere continuar con la contratista argentina, mientras Larreta mira con buenos ojos la llegada de un operador extranjero. Los consorcios estatales que conducen el subte de Paris, Barcelona y Madrid, están entre los preferidos del alcalde y el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia. Semanas atrás, el jefe de Gobierno visitó las capitales de España, Francia y Alemania - a donde pudo sorprender a la comitiva con un buen dominio del idioma germánico- y mantuvo reuniones con sus respectivos jefes comunales. Se habló de transporte y conectividad, pero también hubo espacio para encuentro con empresarios interesados en la licitación del subte, según pudo saber este medio.
Los bloques del Frente para la Victoria y de Suma+, que responde a Martín Lousteau, presentaron leyes para estatizar el servicio. El Gobierno no está dispuesto a iniciar un debate en torno a la estatización y en esa línea fue la actitud evasiva del presidente de Sbase ante las reiteradas consultas de la oposición en torno al tema. Fue necesaria la intervención del diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro para equilibrar la discusión con la oposición. El “lilito” pidió un “debate amplio” en torno a la posibilidad de estatización y advirtió que “el servicio estatal de subte en ciudades como Madrid o Barcelona permite el ingreso del sector privado para el financiamiento de la red”.
El debate surgió porque la oposición pidió tomar en cuenta la posibilidad de avanzar con una estatización, mientras el Gobierno avanza en su intención de mantener el sistema mixto actual. “Por qué no estatizar si el faro del servicio del subte es estatal”, consultó el diputado Gabriel Fuks. En efecto, en Paris y Barcelona un consorcio estatal tiene a cargo el transporte subterráneo de pasajeros. Para salir de esa encerrona, el presidente de Sbase agregó que “pensamos que trayendo a los mejores operadores del mundo, vamos a tener el mejor servicio para la Ciudad”.
El kirchnerismo y los diputados que acompañan al líder de ECO son quienes plantearon proyectos para avanzar en ese camino. Curiosamente, los dirigidos por el ex embajador hicieron campaña esta tarde en toda la traza de la Línea A del subterráneo local. “Es un éxito porque todo el mundo sale enojado con el Gobierno cuando viaja en subte”, cuentan risueños en las huestes del economista.
En tanto, Metrovías saca pecho y repite que es la única compañía de capitales nacionales que puede hacerse cargo del servicio. “Estamos a la altura de la circunstancias y queremos seguir estando”, advierten.
Por otro lado, los bloques opositores cuestionan el número de votos necesarios para la autorización de una nueva licitación. El oficialismo asegura que basta con 31 votos, por lo que si suma el respaldo de los legisladores de Elisa Carrió y Graciela Ocaña la tarea estaría resuelta. No obstante, hay quienes se amparan en el artículo N°82 de la Constitución porteña y aducen que debe aprobarse por dos tercios. Es decir, con 40 sufragios. El debate sigue abierto en torno a este tema, aunque nadie sugirió discutirlo este lunes por la tarde.
Si se deja claro que con mayoría simple es válida la sanción, el oficialismo avanzará con la normativa en breve. Caso contrario, la discusión podría postergarse hasta después de las elecciones.
“¿Tienen previsto algún mecanismo de emergencia en caso de que no se apruebe la ley?”, consultó Fuks. El representante del Ejecutivo explicó que al tratarse de la prestación de un servicio público, Metrovías no puede dejar de operar hasta que se resuelva la licitación y el futuro de la concesión (teniendo en cuenta que puede ser la misma firma del Grupo Roggio la que mantenga la administración del servicio).
