Puntualmente, el reclamo puso el foco en el pésimo estado de la ruta que une doce distritos que, a lo largo de 180 kilómetros, presenta múltiples roturas debido al constante tránsito de autos y camiones, lo que dificulta la circulación y pone en riesgo a los ciudadanos. “No puede ser que la única decisión que toma AUBASA para hacer frente a esta situación sea castigar al bolsillo de la gente en una época que sufre los aumentos de todos los servicios”, indicó Lorenzino, y agregó que “es necesario encontrar nuevos caminos para llegar a soluciones que beneficien a todos”.
En esa línea, el Defensor del Pueblo precisó que hasta que la Justicia no resuelva la cuestión de fondo, el cobro de peajes queda suspendido. A su vez, exigió que las audiencias públicas, además de informar, tengan en cuenta los planteos de los usuarios sobre situaciones que los involucra.
En noviembre del año pasado, esta decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de tarifar esta ruta vía AUBASA, recibió el rechazo inmediato de los representantes opositores de los distintos distritos donde se trabaja en la instalación del peaje, quienes se unieron para abordar acciones en conjunto.
La presentación de la Defensoría del Pueblo se produce el día siguiente de la audiencia entre Lorenzino y el gobierno provincial, en donde se discutió de cuánto debe ser el aumento de la tarifa eléctrica en la Provincia. Con ese fin se desarrolló este último jueves en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata la audiencia de conciliación convocada por el titular de esa sala, Luís Federico Arias. En este marco, Lorenzino volvió a objetar el tarifazo en cuestión -que alcanzaba un 60%- y basó la propuesta de la entidad que conduce en la proporcionalidad de los aumentos, la gradualidad, y la duplicación de la tarifa social.