La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) paralizó la Legislatura de la Ciudad por unas horas y puso en vilo el tratamiento de los convenios de traspaso de competencias judiciales de la Nación al distrito, que Horacio Rodríguez Larreta exigió que se aprueben este jueves y que tuvieron final feliz merced a una compleja negociación entre el PRO y el Frente para la Victoria.
La sesión jamás pudo empezar a horario porque trabajadores de la Inspección General de Justicia (IGJ) vertían cánticos en contra del gobierno de Mauricio Macri, la administración porteña y el traspaso de este organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿La razón? El gremio entró en estado de alerta porque ambos gobiernos iniciaron la discusión por esta transferencia sin diálogo con los trabajadores, que denuncian que “corren peligro” 450 puestos laborales.
Según pudo saber Letra P, intentaron entablar un acuerdo con el titular de la cartera nacional en cuestión, Germán Garavano, pero se fueron sin respuestas de la breve reunión. El recinto fue copado desde temprano por los trabajadores agrupados en ATE que interrumpieron el inicio de la sesión, logrando que el oficialismo pida un cuarto intermedio para resolver el conflicto.
Acto seguido, el vicejefe de Gobierno, Diego César Santilli, bajó la persiana del recinto por unos largos minutos y dio inicio al plan para reactivar la discusión y aprobar los cuatro convenios, reclamados por el Ejecutivo. Se convocó a una reunión de urgencia en el Salón Eva Perón en el que todos los jefes de bloques del Parlamento porteño acordaron poner en pausa la sesión hasta tanto se disipe la tensión. Sin embargo, ATE redobló la apuesta: continuó cantando cada vez más fuerte y desplegó banderas en las tribunas del recinto.
Cansado del retraso, el PRO le pidió al Frente para la Victoria y al peronismo que haga uso de su vínculo con el titular de ATE Capital, Daniel “el Tano” Catalano, para frenar la protesta en el edificio y se pueda comenzar la sesión. Mientras tanto en el recinto, los trabajadores estatales se referían a otro “Tano”: al tiempo que cuestionaban el traspaso, reproducían críticas a Daniel Angelici, mandamás de la Justicia porteña y uno de los más interesados en el proceso de transferencia, junto al otro dirigente influyente de los tribunales locales, el peronista y conductor del Nuevo Espacio de Participación, (NEP) Juan Manuel Olmos. Sin embargo, el FpV votó y argumentó en contra del traspaso de la IGJ y del Fuero Penal, con fuertes cuestionamientos a la falta de garantías laborales. Por lo cual, simplemente actúo como puente entre el oficialismo y ATE para bajar los ánimos y promover un acuerdo tendiente a que se garanticen las fuentes laborales.
Los diálogos en el pasillo de la planta baja entre diputados kirchneristas y los trabajadores no llegaban a buen puerto hasta que Santilli los citó en su despacho. Cuando se abrieron las puertas de Presidencia, se sentaron alrededor de la mesa Santilli, Carmen Polledo (vicepresidenta primera de la Casa) y Francisco Quintana (jefe de bloque PRO), Carlos Alfonso Tomada (jefe del bloque FpV), Gabriel Fuks, Adrián Camps, Catalano y el secretario General Adjunto de ATE Justicia y DDHH, Alejandro Martínez.
Tras discusiones, el oficialismo se comprometió a promover la creación de una Comisión de Seguimiento del traspaso de la IGJ dentro de la Legislatura. Se votaría el 20 de abril en el marco de una sesión ordinaria. El cuerpo parlamentario, que aún no tiene definido su nombre, agrupará a opositores, oficialistas y representantes gremiales para discutir y “trabajar” para “asegurar” las fuentes laborales que el traspaso del organismo no garantizaría.
Una vez acordada la propuesta, Santilli sentenció: “Estamos preocupados por los trabajadores”. Con una velocidad supersónica, los gremialistas le devolvieron con una chicana: “Ah, si? Bueno… ¿Qué hacemos con los compañeros del Ministerio de Ambiente y Espacio Público?”. La reunión se estiró unos minutos más porque se resolvió que esa cartera “revisará” la situación de los seis despedidos. La revisión quedará para el ministro Eduardo Macchiavelli, que pensaba que esa discusión había culminado. Ante el pedido de Larreta, el PRO puso todas las cartas en juego.
Según lo aprobado este jueves, la Justicia Penal Ordinaria y la Justicia Nacional en las Relaciones del Consumo serán transferidas en forma gradual a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las funciones que no sean de materia federal, al igual que la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Registro de la Propiedad Inmueble. Estos cuatro convenios deben ser refrendados por el Congreso Nacional.
El traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la órbita porteña comenzó a tomar forma durante la campaña presidencial del 2015. El entonces jefe de Gobierno le prometió en público a su sucesor que primero avanzaría con la Policía Federal y luego seguiría con el resto de las “deudas” de la autonomía porteña, establecida en la Constitución capitalina desde 1996.
El proceso se inició con sobresaltos: los jueces nacionales se plantaron fuerte ante el traspaso y la Asociación de Magistrados puso en vilo la firma del convenio entre Macri y Rodríguez Larreta, acordada para fines de noviembre. En la semana previa a ese acto rebalsaron los llamados y cruces entre magistrados y los operadores del gobierno y como la tensión escaló se decidió “posponer” la discusión. Esta determinación tuvo como protagonistas a Garavano, su par porteño Martín Ocampo y Enzo Pagani, titular de la Magistratura capitalina que falleció repentinamente la semana pasada y cuyo trabajo estuvo abocado al traspaso. Situación que le valió un sentido homenaje esta tarde en el recinto, tanto de opositores como de oficialistas.
Finalmente, el PRO volvió a la carga con la transferencia en enero de 2017 y empezaron a correr los convenios en la Legislatura porteña y el Congreso, que fueron firmados por el presidente y el alcalde meses atrás. No obstante, el conflicto persistió y los jueces hicieron paro, una medida jamás vista en el Poder Judicial, fuertemente cuestionada por los magistrados porteños.
El domingo 2 de abril los integrantes del Consejo de la Magistratura porteño, hartos de los cuestionamientos de los jueces nacionales, firmaron una solicitada que círculo por los matutinos locales titulada “Defender el traspaso es respetar la Constitución”, que cayó como una bomba en el mundillo judicial. “Contamos con la infraestructura necesaria, tecnología de última generación, estándares de transparencia institucional, recursos humanos altamente capacitados y procedimientos judiciales ágiles como para incorporar con eficacia a las nuevas estructuras que llegarán a la Justicia porteña”, firmaron los consejeros, a modo de invitación.
El traspaso se iba a votar el jueves pasado, pero la sesión fue suspendida tras la trágica noticia sobre el fallecimiento de el ex legislador PRO ligado a Angelici. Como la CGT ya había confirmado el paro general de este jueves, el macrismo convocó a una reunión especial para este miércoles en la que finalmente se aprobaron los cuatro convenios que inician el traspaso, aunque aún se precisa que el Congreso revalide estas leyes.