Tras anunciar la muerte súbita del acuerdo que iba a condonar una deuda millonaria de la empresa Correo Argentino S.A., y decidido a borrar todo vestigio de las maniobras del Grupo Macri contra el Estado nacional, el Gobierno se presentó este lunes en la Justicia para tratar de sepultar la demanda que el holding de la familia presidencial inició para reclamar acreencias por la recisión del contrato de concesión de la empresa telepostal.
Según informó el diario La Nación en su edición digital, con un escrito ingresado en el fuero Contencioso Administrativo que lleva las firmas del Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, la administración nacional pidió la caducidad de la acción, que, como revelo la fiscal Gabriela Boquín, fue iniciada por el Grupo Macri el año pasado, cuando ya gobernaba uno de los integrantes de esa familia.
La acción es el expediente CAF 38.109/2016, caratulado "Correo Argentino contra Estado Nacional s/ daños y perjuicios". Según advirtió la fiscal Boquín, fue “promovido 15 días antes de la audiencia en donde se acordó un convenio que ‘implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033’, un acuerdo entre partes que salió a la luz gracias a los primeros dos dictámenes de la funcionaria, que ya generó cuatro denuncias penales y un sumario en la Procuración de Investigaciones Administrativas.
Con esa demanda, Correo Argentino S.A. le reclamó al Estado daños y perjuicios por falta de pago de distintas inversiones realizadas por la empresa para ganar la privatización de la empresa pública de correos. Sin embargo, la misma firma es deudora por los cánones que nunca le pagó a las arcas públicas por la compra de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL), que fue licitada durante el gobierno de Carlos Menem y reestatizada en 2003 por decisión de Néstor Kirchner.
La difusión pública de esta acción fue una bomba sobre otra bomba, porque se conoció en medio del estallido de la noticia del acuerdo que el presidente Macri mandó “a fojas cero” en la conferencia de prensa que brindó el jueves pasado.
Este lunes, el Gobierno fue a tribunales a terminar el trabajo que empezó el jefe de Estado con esa decisión, tendiente a clausurar el mayor escándalo de la era Macri Presidente, un tiempo (14 meses) que ya exhibe una inusual saga judicial con más de 50 funcionarios imputados en investigaciones penales y al propio jefe de Estado involucrado en cuatro causas.
El escrito tiene, como se djo, una firma clave: la de Balbín, que lleva adelante una auditoria del caso y es el mismo que estuvo a un paso de ser removido en diciembre pasado, por decisión del presidente Macri a expensas de las influyentes insistencias del abogado y parlamentario del Mercosur Fabían "Pepín" Rodríguez Simón junto a dos aliados tan determinantes como él para los oídos presidenciales: el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y el jefe de Asesores de la Presidencia, José Torello.
Según agrega La Nación en la noticia sobre el escrito presentado este lunes, la decisión fue tomada la semana pasada, en una mesa de crisis donde estaba Pepín y Balbín, es decir, el influyente parlamentario y el funcionario que pretendía descabezar antes de fin de año. Ambos, por orden presidencial, acordaron una estrategia donde se habría aplicado la advertencia que había hecho el Procurador del Tesoro respecto a la utilización de un recurso procesal del Estado para truncar las ambiciones del Grupo Macri.
El pedido oficial formulado para que caduque la demanda por "daños y perjuicios" que entabló la empresa concursada del Grupo Macri contra el Estado confirma la gravedad que había advertido la fiscal Boquín en el tercer dictamen que presentó hace dos semanas, cuando había considerado que la quita pactada entre la familia del presidente y el Estado era "más abusiva aún", especialmente porque los abogados de Correo Argentino S.A. nunca habían informado en la negociación de la quita que estaban demandando al Estado casi al mismo tiempo y con una tasa también favorable para el clan Macri.
Con este nuevo movimiento en el tablero judicial que resquebrajó la credibilidad presidencial, el gran interrogante tiene que ver con la auditoría que Balbín tiene a su cargo y que fue solicitada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas luego de que Boquín revelara la densidad total del caso.
