El director de la Agencia Federal De Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, consiguió que este jueves casi todos los medios informaran que iba a presentarse en el Congreso a brindar explicaciones por la denuncia sobre el presunto cobro de coimas por 600 mil dólares y por la filtración ilegal de escuchas telefónicas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su antecesor, Oscar Parrilli. Pero no pasó de una movida mediática. El jefe de los servicios secretos no agregó un sólo dato más a los que surgieron de informes periodísticos, no presentó un sólo documento que acreditara su versión sobre el cobro de dinero proveniente de Brasil y postergó, al menos hasta marzo, abordar el caso de las grabaciones telefónicas filtradas a la prensa. Sólo cambió algo llamativo de su declaración: ahora dijo que la transferencia de dinero que sí admite fue por la compra de “muebles”, que no son registrables, y no como pago por un inmueble.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia recibió este jueves al mediodía al titular de la ex SIDE. Se presentó junto a un asesor y su número dos, la ex diputada de PRO Silvia Majdalani, quien igualmente no tomó la palabra durante la reunión. Se mostró, según los escasos trascendidos post reunión, altanero, molesto y poco dispuesto a responder la larga lista de preguntas con las que lo esperaron las diputadas del Frente para la Victoria (FPV) Teresa García y Juliana Di Tullio, miembros del cuerpo. Se fue dejando apenas dos compromisos: enviar en los próximos días las respuestas a esas consultas y volver a la comisión la primera semana de marzo para abordar el caso de las escuchas a Cristina y Parrilli.
Arribas enfrentó algunas preguntas muy precisas sobre el caso que lo involucra: la declaración del operador financiero del gigante brasilero Odebrecht, Leonardo Meirelles -revelada semanas atrás por el diario La Nación-, quien declaró que el director de la AFI recibió en cuentas a su nombre del banco Credit Suisse 594.518 dólares en cinco giros, todos en septiembre de 2013. Lo hizo en el marco de una mega causa de corrupción que tramita en Brasil, conocida como Lava Jato.
En su declaración original, el funcionario sólo admitió una transferencia, por 70.495 dólares, por la presunta venta de un inmueble en San Pablo. Pero algo de esto cambió durante el encuentro en la bicameral. Frente al escueto grupo de legisladores -llamativamente, no fue ninguno de los senadores del FpV miembros del comité parlamentario-, Arribas afirmó que, en realidad, ese dinero no fue por el pago de un “inmueble” sino por la compra de “muebles”, los cuáles no son escriturables. No fue error de interpretación: Arribas fue repreguntado y ratificó que el dinero que admite haber recibido fue por la venta de muebles. Muebles por un valor superior a los 70 mil dólares.
Esto contrasta gravemente con el comunicado que presentó el 24 de abril para desligarse de las acusaciones en su contra, en el que afirmó que “la única de las cinco transferencias que me adjudican y que mi banca recibió y acreditó en mi cuenta es la de 70.495 (setenta mil cuatrocientos noventa y cinco dólares estadounidenses)”, la cual “responde a parte del pago de la venta de un inmueble. Dicho inmueble fue precisamente mi casa, en la que viví entre inicios del 2008 hasta mediados del 2013, lugar donde nació mi hija menor”.
También dijo que había presentado nueva información ante la Justicia, incluida la identidad del comprador, la que se negó a dar en el Congreso porque esa persona le había reclamado confidencialidad.
Otro dato, revelado desde la cuenta de Twitter de la ex presidenta, es que “reconoció que la escribana que certificó el resumen bancario que presentó en el juzgado es la hermana de su Jefe de Asesores”.
Arribas habló bajo el paraguas que ofrece la bicameral de control y seguimiento de los servicios de inteligencia: sus reuniones se concretan bajo secreto y extrema reserva, condiciones que le impone la ley y su reglamento interno. Esto le permitió al funcionario -de extrema confianza del presidente Mauricio Macri- conseguir varios títulos periodísticos exponiendo que iba al Congreso a “brindar explicaciones”, sin que diera siquiera una sola.
El presidente de la comisión, el senador radical Juan Carlos Marino, evitó que Arribas tuviera que asumir responsabilidades o brindar explicaciones por la filtración a la prensa de una llamada telefónica entre Cristina y Parrilli. Sólo se animó a calificar de “graves” los hechos, de los cuáles ya se desligaron la Corte Suprema, que administra la Dirección de Captación de Comunicaciones -conocida como la “Ojota”-, el director ejecutivo de esa oficina, Juan Rodríguez Ponte, y el juez a cargo de la causa, Ariel Lijo. Por lo que todos los caminos conducen a la AFI.
Marino también intentó instalar en la comisión que la presencia de Arribas allí había sido solicitada por el propio funcionario, lo que despertó bronca en la oposición, que venía presentando notas (al menos dos en el mes de enero) exigiendo su presencia en la bicameral.
