La ex presidenta Cristina Fernández radicó este jueves en los tribunales de Santa Cruz una denuncia penal contra el gobierno de Mauricio Macri por violación de secreto y abuso de autoridad, entre otros delitos, a raíz de la difusión de su diálogo con el ex jefe de inteligencia Oscar Parrilli.
Representada legalmente por su sobrina Romina Mercado, afirmó que desde que dejó la Presidencia viene "siendo objeto de una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial que no registra antecedentes en la historia democrática de nuestro país".
"Resulta más que evidente que nos encontramos frente a una maniobra de claro carácter criminal, la cual -como se dijo- pone al descubierto de manera aún más fidedigna el componente mafioso que vincula a sectores del poder político con algunos estamentos de la justicia federal, todo ello con la participación, articulación y protección de los medios hegemónicos de comunicación", aseveró.
Y afirmó que "se trata de conductas atribuibles a funcionarios públicos que ejercen importantísimas funciones y que, por lo visto, han sido malversadas ingresando así en el catálogo de delitos calificados como 'corrupción'".
Fernández presentó la denuncia en Río Gallegos -publicada en su cuenta de Facebook- porque, dijo, "si bien el hecho descrito parece tener su epicentro" en la Capital Federal la maniobra tendría "ramificaciones en distintas jurisdicciones, en particular en la provincia de Santa Cruz en la cual tengo mi domicilio real y desarrollo mis actividades habituales".
El caso recayó en el juez Javier Leal de Ibarra, de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, subrogante en los tribunales de Río Gallegos y, justamente, uno de los responsables de la dirección de escuchas legales bajo órbita de la Corte Suprema.
Esta semana, la ex presidenta fue acusada por abuso de autoridad y falsa denuncia por el fiscal Guillermo Marijuan, a raíz de una conversación con Parrilli -escuchado legalmente en una causa por encubrimiento al narcotraficante Ibar Pérez Corradi- y en donde preguntaba por los expedientes que su gobierno le había "armado" al espía Antonio "Jaime" Stiuso.
Parrilli ya había anunciado acciones legales contra Marijuan, el juez Ariel Lijo, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el actual titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas.
Fernández afirmó que "nada tengo que ver con la causa penal en la cual se habrían ordenado las escuchas telefónicas" donde aparece hablando con Parrilli, y denunció que "desde el Poder Ejecutivo Nacional se llevan a cabo maniobras coordinadas y convergentes con tal estrategia, filtrando, a través de las fuerzas de seguridad y el Ministerio que las conduce, información reservada de tales actuaciones judiciales".
Añadió que "de manera subrepticia también vengo siendo víctima de maniobras de seguimiento que se practican sobre todos los movimientos que realizo" en Santa Cruz y en Buenos Aires.
"No es ningún secreto que ciertos sectores de los servicios de inteligencia que desplacé de la entonces SIDE se mantienen activos y no puedo descartar su vinculación con las actuales autoridades de la AFI, todo ello bajo el amparo de la Presidencia de la Nación", aseveró.
Sostuvo que "como es de dominio público, con claros ribetes de escándalo institucional, su actual titular Gustavo Arribas es un hombre de la más íntima confianza del primer mandatario".
Y resaltó que Macri estuvo procesado por asociación ilícita en la causa de escuchas ilegales y "sólo tras el cambio de Gobierno y merced a la existencia del pacto político, judicial y mediático al que antes hiciera referencia, terminó siendo sobreseído por la justicia federal, insisto, al día siguiente de que asumiera la Presidencia de la Nación".
De la difusión de su conversación con Parrilli y la denuncia, Fernández afirmó que "resulta indudable que estamos en presencia de un grave hecho delictivo perpetrado en mi contra". Insistió con que la charla "tiene carácter reservado, mucho más aún si se refiere a conversaciones telefónicas realizadas con quien, como es mi caso, no tiene vinculación alguna con la causa penal".
También reseñó que "nadie se hace cargo de la escandalosa e ilegal divulgación", lo que consideró "un verdadero escándalo institucional".
DYN