La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, en línea con la estrategia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, avanza con la embestida oficial contra UBER y este lunes consiguió una medida cautelar de restricción de salir del país para los directivos de la empresa a nivel local.
La medida es en el marco de la causa por evasión tributaria agravada y contempla a los ejecutivos de UBER Argentina Enrique Ricardo Mihanovich Murphy, Gustavo Gilbert, Fernando Horacio Cao, Diego Mariano Olivera y Miguel Roberto Rattagan.
En caso de querer ausentarse de la Argentina, deberán con suficiente antelación, dar cuenta a la Fiscalía sobre el lugar de destino, plazo de estadía, motivos del viaje, y todo aquella información que le sea requerida, a fin de ser evaluada y despejar cualquier sospecha de intento de fuga de los imputados.
“En caso de que no se cumplimente con esta manda judicial, la Fiscalía se encontraría en posición de solicitar la rebeldía y captura de los fugados y su correspondiente prisión preventiva”, comunicó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
En tanto, sobre el CEO de la empresa, Mariano Xavier Otero, pesa un pedido de prisión preventiva por parte del MPF ante la jueza porteña Cristina Lara, titular del Juzgado Penal, Contravencional de Faltas Nº 21. La magistrada no hizo lugar al pedido del fiscal y el MPF apeló la medida, mientras se espera por una resolución de la Sala III de la Cámara de Apelaciones.
A fines de noviembre, la Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero Penal, Contravencional y de Faltas, compuesta por los magistrados Marta Paz, José Sáez Capel (que votaron a favor) y Sergio Delgado (voto en disidencia), ratificaron en una resolución la “conducta ilícita de evasión tributaria de la empresa UBER” en la Ciudad de Buenos Aires.
El 20 de diciembre de 2017 el Tribunal de Justicia del a Unión Europea consideró a UBER como “servicio de transportes” y no como un intermediario que basado en una aplicación para teléfonos celulares.
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En la Capital Federal aún continúa operando, pero la Justicia la tiene en la mira desde hace dos años. La misma línea persigue el gobierno PRO de la Ciudad, que desde que la compañía californiana quiso instalarse en Buenos Aires activó todos los mecanismos políticos y judiciales para impedir su avance.
El Fiscal de Cámara, Martín Lapadú señaló que tanto este fallo de la Sala III de la Cámara como otras resoluciones de los jueces ratifican la investigación de la causa”. Y agregó que “el reciente fallo de la Corte Europea que determina que UBER es una empresa de transporte resulta un decisivo respaldo a nuestra labor, siendo esta definición la que venimos sosteniendo desde el propio inicio de la causa”.
En el gobierno de Larreta no están en contra de la aplicación ni de la empresa, pero reclaman que UBER se ajuste a la ley de remises y taxis que opera en el distrito. La compañía jamás aceptó esa condición y la negociación se volvió imposible, con fallos judiciales, apelaciones y numerosas protestas de taxistas. Ante una negociación estancada, y en un claro apoyo al sindicato de taxistas, el Gobierno porteño lanzó BA Taxi, una aplicación para pedir servicio de taxi por celular y que permite que los usuarios abonen con tarjeta de débito y crédito.
Actualmente, en la Ciudad hay 29 condenas a choferes de UBER y la compañía tiene bloqueada su página web.
Se implementaron órdenes de abstención de cobro para las tarjetas de créditos y billeteras virtuales y se presentó una denuncia de lavado de dinero en el fuero Penal Económico de la Nación.
Se realizaron casi 50 allanamientos con secuestros de documentación y material informático. Desde la Fiscalía de Cámara se elaboraron 137 dictámenes, resultando solo 9 de ellos desestimados.