El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, obtuvo una nueva victoria frente a la empresa UBER en el marco de una guerra silenciosa y subterránea para la cual decidió aliarse con el sindicato de peones de taxis, comandado por el peronista PRO friendly Omar Viviani. En el marco de una disputa en la que el macrismo considera “agresivo” y “soberbio” el desembarco de la firma estadounidense, la jueza Claudia Alvaro, titular del juzgado N°16 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, le ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacoom) que disponga un “bloqueo preventivo” a los servicios de UBER en el distrito.
No es la primera buena noticia que llega para el PRO desde la Justicia. El 18 de abril, el fiscal Martín Lapadú recibió el permiso de la jueza a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16, María Fernanda Botana, para poder allanar las oficinas de la compañía. Esa investigación de oficio fue por supuesta evasión impositiva y uso indebido del espacio público con fines lucrativos.
La semana pasada, el juez Víctor Trionfetti, titular del juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, resolvió, a modo de medida cautelar, “ordenar al GCBA que de modo inmediato arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle” Uber. Esta decisión se tomó luego de un amparo presentado por el propio Viviani. La noticia cayó como anillo al dedo en la administración porteña.
Desde que se anotició de que la “bomba UBER” iba a explotar en la Ciudad, el Gobierno porteño activó tres caminos para desactivarla y dejar que el tiempo pase: insistir con la situación “ilegal” del servicio, “contener” al sindicalismo y presionar desde la Agencia Gubernamental de Control para que la Justicia tomara decisiones rápidas y favorables a la no instalación del sistema y su aplicación.
La batalla por la vía judicial fue una de las estrategias que el gobierno de Rodríguez Larreta eligió para ganarle a UBER, una empresa con la que conversa desde hace meses. La compañía que ofrece servicios de taxis por medio de una aplicación móvil le informó al Gobierno porteño, en diciembre de 2015, que tenía intenciones de desembarcar en la Ciudad. Hubo reuniones con los representantes de la compañía y cada sector compartió su postura. Los colaboradores de Larreta fueron claros: para operar, UBER debería ajustarse a la ley de taxis o remises. Esa advertencia no cayó bien en la empresa, que, sin embargo, continuó dialogando con el Gobierno.
La compañía amenazó varias veces con ingresar al país sin tener en cuenta la legislación vigente y comenzó a hacerse notar en los medios, anunciando la llegada inminente. A mediados de marzo, una semana antes de que estallara el conflicto, Rodríguez Larreta encabezó una reunión con algunos de sus ministros en la que volvió a sentar postura: hubo quienes se mostraron a favor y quienes recrudecieron posiciones.
La decisión del jefe de Gobierno y del vicejefe, Diego Santilli, terminó por sepultar cualquier posibilidad de acuerdo. Ambos indicaron que no era “el momento” para la llegada de UBER.
Mientras Santilli y el secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez, desfilaron en distintos medios para explicar que si se permitía el uso de la aplicación se estaba fomentando la violación a la legislación desde el propio Gobierno, los voceros de la compañía eligieron desafiar a Larreta: le pusieron fecha al desembarco y luego adelantaron que no cobrarían los primeros viajes.
Lo cierto es que ningún funcionario del Gobierno porteño está en contra de la posibilidad de que quienes se mueven dentro de la Ciudad puedan utilizar UBER. Sería contradictorio que una gestión que creó el Ministerio de Modernización e Innovación Tecnológica prohibiera el uso de esa aplicación móvil porque sí. El rechazo tiene dos razones: hay una decisión basada en la legislación y otra en la lógica política.
La administración de Larreta no puede permitir, aseguran en Parque Patricios, que se fomente la instalación de un sistema que pasa por encima la legislación vigente y alienta la competencia desleal (producto de las exigencias y requisitos que tiene un chofer de UBER y las que enfrenta un taxista particular o nucleado en una empresa de radiotaxis).
Por otra parte, el factor político es trascendental. En la Ciudad, como en la Legislatura porteña, hay una buena relación entre Viviani y el PRO que ninguno de los sectores quiere quebrar. En una reunión en la Jefatura de Gobierno celebrada este jueves, el sindicalista les agradeció en persona a los funcionarios porteños todo lo que se hizo para “frenar” a UBER.
Como prueba de esta amistad, el jueves 14 de abril la Legislatura porteña aprobó un proyecto de repudio al desembarco de UBER presentado por el bloque legislativo que responde a Viviani, Sindical Peronista. El PRO, el kirchnerismo y hasta la izquierda acompañaron la iniciativa.
Menos de 24 horas después, los taxistas obstruyeron el tránsito en distintos puntos de la Ciudad en señal de protesta. A pesar de esa demostración de fuerza, la Justicia, el sindicato y el Gobierno –aunque por razones distintas- coinciden en que UBER no debe operar.
El mensaje marcado por la Ciudad a UBER en el mes de diciembre se repite en la actualidad: hasta tanto no se ajuste el sistema a las normativas porteñas, la operación del servicio será imposible. Además, la propia Justicia coincide con esa visión.
Pasó desapercibida, pero otra noticia que impactó de buena manera en el sindicato y el Gobierno porteño se dio este jueves por la mañana: la oficina de Defensa del Consumidor de la Ciudad despachó una resolución en la que intima a las tarjetas de crédito a que no procesen los pagos porque “podrían ser consideradas partícipes necesarias de un delito penal”. De esta manera, todas las tarjetas están impedidas de operar con UBER.
