GOBIERNO PORTEÑO

Nuevo guiño de Macri a Larreta y los taxistas: el Gobierno “investigará” a UBER

El Ministerio de Justicia verificará el “cumplimiento” de la legislación argentina en torno a la protección de datos personales y la privacidad. Alivio en el Gobierno porteño.

A tres días de la decisión judicial que ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a disponer de un “bloqueo preventivo” a los servicios de UBER en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, recibió el respaldo del presidente Mauricio Macri en su guerra silenciosa con la compañía estadounidense: el Gobierno nacional investigará el “cumplimiento” de la legislación argentina que hace la empresa que ofrece un servicio de taxi alternativo, que hizo enfurecer al sindicato de taxistas y las empresas de radiotaxis.

 

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, abrió una investigación para verificar el cumplimiento de la legislación nacional que protege los datos personales y la privacidad.

 

El organismo solicitó a UBER que, en el plazo de 10 días, suministre tanto la información que recolecta para brindar el servicio a la Argentina como las medidas de protección que aplica y el destino de los datos. Para eso, la Dirección se ajustó a su calidad de máxima autoridad de aplicación de la Ley N°25.326, que regula la protección de los datos personales en la Argentina.

 

“Ante los acontecimientos que son de público conocimiento, la Dirección inició una investigación de oficio a Uber. Estamos esperando que responda los requerimientos que hicimos a fin de analizar los cursos de acción a seguir”, informó el director nacional de Protección de Datos Personales, Eduardo Bertoni, mediante un comunicado.

 

El Gobierno nacional, en una jugada hábil para salir en respaldo de Rodríguez Larreta, requirió a la compañía que informe sobre las medidas de confidencialidad que se aplican a la información que se recolecta y almacena, así como “las acciones que ha tomado y tomará para proteger la privacidad de las personas que pudiera verse en riesgo como consecuencia de su actividad”.

 

El guiño de Macri hacia Larreta y los taxistas es el segundo en menos de 15 días, lo que demuestra que Nación y Ciudad comparten la misma postura ante la instalación de este popular sistema de pedido de taxis: hasta tanto no se ajuste a la legislación vigente, UBER no podrá operar.

 

En un acto en la planta de Firestone en Lavallol, el presidente respaldó al mismo tiempo al Gobierno porteño y a los taxistas: “Valoro la posición del gobierno de la Ciudad de defender a los taxistas. Son un símbolo de la Ciudad y de la Argentina”.

 

La legislación argentina prevé que, en caso de encontrarse infracciones a la ley, el organismo de control podrá aplicar sanciones de multa hasta $ 100.000 o la clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos.

 

Este “salvavidas” que envío Macri hacia el distrito que supo gobernar durante ocho años desencadenó un aire de alivio en las oficinas porteñas, aunque no resuelve la centralidad del conflicto con UBER. Se trata de una estocada más para enfriar la discusión y patearla más adelante que colabora con la estrategia desplegada por el gobierno de Larreta

 

Como reveló Letra P, nadie en el Gobierno porteño está en contra de esta empresa pero no aceptarán discutir con una compañía que rehúsa de ajustarse a las normativas que regulan la actividad de los taxis y remises tradicionales, el requisito indispensable que marcó la Ciudad para aceptar el desembarco de UBER.

 

Este medio contó que desde que se anotició de que la “bomba UBER” iba a explotar en la Ciudad, el Ejecutivo emprendió tres caminos para desactivarla y dejar que el tiempo pase: insistir con la situación “ilegal” del servicio, “contener” al sindicalismo y presionar desde la Agencia Gubernamental de Control para que la Justicia tomara decisiones rápidas y favorables a la no instalación del sistema y su aplicación.

 

Por ahora, los movimientos de la Justicia van en consonancia con lo que esperaba la administración larrretista, que confiaba en el rol de la Agencia Gubernamental de Control para seguir cerca las acciones judiciales en torno a la polémica con UBER.

 

En poco tiempo, tres medidas judiciales fueron claves en esta batalla de Larreta por defender a los taxistas –y mantener el vínculo con su líder sindical, Omar Viviani- y decir un “no” momentáneo a la firma estadounidense.

 

El juez Víctor Trionfetti, titular del juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, resolvió, a modo de medida cautelar, “ordenar al GCBA que de modo inmediato arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle” Uber. Esta decisión se tomó luego de un amparo presentado por el propio Viviani. La noticia cayó como anillo al dedo en la administración porteña. En tanto, el 18 de abril el fiscal Martín Lapadú recibió el permiso de la jueza a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16, María Fernanda Botana, para poder allanar las oficinas de la compañía.

 

Por último, el viernes pasado la titular del juzgado N°16 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Claudia Alvaro,  le ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacoom) que disponga un “bloqueo preventivo” a los servicios de UBER en el distrito.

 

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