La ausencia de datos certeros sobre el paradero del submarino ARA San Juan, ya cumplió 34 días. La crisis ya se cobró al jefe de la Armada, Marcelo Eduardo Hipólito Srur, y a cinco subaternos, además de una investigación penal a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. Desde esta semana, la magistrada no será la única que investigará el caso, desde porque el jueves el ministerio de Defensa creó su propia comisión investigadora, mientras el Congreso se prepara para sancionar el próximo miércoles su propio ente bicameral para que funcione antes de fin de año. Según la resolución 1244 E/2017, el titular de la cartera de Defensa, Oscar Aguad, ordenó la creación de una comisión “para la dilucidación de los sucesos previos y las causas que podrían haber ocasionado la desaparición del submarino, que funcionará con independencia y autonomía de criterio en su desempeño y conclusiones”, sostiene el primer artículo de la resolución publicada en el Boletín Oficial.
El organismo contará con la intervención de tres ex submarinistas que cumplieron funciones dentro de la nave, “quienes desempeñarán sus cargos “ad honorem”, sostiene el texto en referencia a tres marinos retirados: los contraalmirantes Alejandro Kenny y Gustavo Adolfo Trama, junto al Capitán de Navío Jorge Rolando Bergallo. Sus funciones estarán concentradas en “analizar las circunstancias técnicas de operación y alistamiento”, “verificar las condiciones de reparación de media vida, y “considerar, en general, toda otra circunstancia que a criterio de sus integrantes resulte relevante a los efectos de cumplir con el objeto de la presente”.
Los amplios poderes del ente, quedan demostrados en sus atribuciones, ya que le permite citar uniformados y civiles a declarar, además de recopilar y estudiar toda la documentación interna de Defensa desde que fue reparado el submarino. La documentación relacionada con el hecho objeto de la presente, en todo tipo de formato y soporte, original o en copia, que se encuentre en el ámbito de esta Jurisdicción, debe ser puesta a disposición de la comisión creada.
El artículo quinto de la resolución le ordena “a todos los agentes y funcionarios” del ministerio “que posean algún nivel de responsabilidad en la custodia de la documentación o información que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos”, con el fin “de ponerla a disposición de la Comisión de manera completa en la forma, plazos y lugares que ella determine”. En la misma línea, le permite a la comisión facultades especiales “para citar a dar testimonio oral a aquellos funcionarios y agentes, como así también para citar a expertos particulares argentinos o extranjeros, residentes en el país o en el exterior a brindar todos los aportes que pudieren resultar de utilidad para el esclarecimiento de los hechos objetos de la presente”.
La Bicameral que se viene. Un día después de la firma de la resolución, la Cámara Baja le dio sanción definitiva a un proyecto que ya tenía la aprobación del Senado, a partir del proyecto presentado por el mendocino Guillermo Carmona, al frente de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, y la rionegrina Magdalena Odarda, entre otros. Según la norma de creación del ente bicameral, su propósito estará centrada en “el análisis, evaluación y esclarecimiento de las causas y circunstancias del siniestro de la embarcación, el desarrollo de las acciones desplegadas por el Estado argentino para su hallazgo y el desempeño de la cooperación internacional recibida para su localización y rescate.
A diferencia del organismo similar que funcionará dentro del Ministerio de Defensa, la versión parlamentaria estará integrada por seis diputados, seis senadores, “designados por los presidentes de cada cámara, respectivamente, respetando la pluralidad de la representación de ambas cámaras”. Cuando tenga sus autoridades, la comisión “designará un cuerpo de especialistas, integrado por cinco miembros que serán militares retirados de la Armada, sin procesamientos ni condenas por delitos de lesa humanidad, con grado no inferior a contraalmirante, y/o civiles con reconocida trayectoria y experticia en materia de defensa nacional. El cuerpo de especialistas asistirá, colaborará y asesorará a la comisión y sus integrantes desarrollarán tareas ad honorem”, sostiene el artículo 3.
Al igual que la comisión que dependerá de Aguad, la bicameral podrá solicitar “informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público o a personas físicas o jurídicas públicas y privadas”. También podrá citar a funcionarios públicos, realizar investigaciones de oficio, y requerir “información o documentación a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional” y de ser necesario, “solicitará a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, toda información que considere pertinente y relevante”.
Además de emitir dictámenes, requerir asesoramiento técnico a universidades y organismos internacionales, el ente también podrá pedir ayuda a organismos extranjeros, “acceder a documentación e información secreta relativa a la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate” y realizar denuncias ante el Poder Judicial de los descubrimientos que realice.
Todos los miembros del ente bicameral deberán guardar secreto, pero la comisión podrá poner la información a disposición de la Justicia, mantener libre intercambio de información entre sus integrantes, difundir en forma pública los informes y conclusiones, pero ante todo, tener “especial consideración por las solicitudes y requerimientos de los familiares de los tripulantes, en relación con la investigación”, que podrán participar de la comisión como “observadores”, a “excepción de aquellas que sean declaradas secretas o reservadas”.
La norma fija un plazo no mayor a un año para que la comisión ofrezca sus conclusiones, y deberá contener “como mínimo, opinión fundada sobre la determinación de las posibles causas que provocaron la desaparición, respecto al desempeño de los mandos de la Arnadas, del ministerio de Defensa, análisis de las acciones que se sugiere fueron adoptadas por el comando del submarino, condiciones de mantenimiento de la nave previo a la autorización de la misión, detallando la existencia de averías o fallas técnicas, detalle de la misión encargada al submarino, listado completo de la tripulación a bordo, las funciones de cada tripulante, análisis de las condiciones de adiestramiento, de las medidas adoptadas en relación a los familiares, y evaluación de la apliación de los protocolos del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento (SAR)”.
La creación fue resuelta por unanimidad, y mientras se espera la promulgación de la ley, fuentes cercanas al senador Carmona anticiparon que el bloque oficialista prepara la comparecencia de Aguad ante la comisión de Defensa de la Cámara Alta.
Justicia Federal. Mientras el Ejecutivo y el Legislativo ya tienen sus propias comisiones investigadoras, cuyas atribuciones confirman una posible duplicación de funciones, o un inminente conflicto de competencias entre ambos poderes, la jueza Yáñez, recibió hace 15 días 22 cajas provistas por el mando de la Armada para avanzar con su expediente caratulado por “averiguación de delito”, que ahora está enfocado en las responsabilidades penales de uniformados y civiles, en torno a un caso, donde todavía no apareció el cuerpo del delito, es decir, la nave que dentro de poco cumplirá 40 días de desaparición. La única certeza que tienen los tres poderes del Estado respecto al caso, es que sus 44 tripulantes están muertos, pero las hojas de ruta de ambas comisiones, dejan en evidencia que el Legislativo buscará investigar la desaparición, pero también al ministerio de Defensa, mientras que la cartera que conduce Aguad, parece prepararse para profundizar su propia pesquisa, indagar a la Armada y contar con información propia para hacer frente al expediente de la magistrada Yáñez y al posible desfile de funcionarios ante la bicameral del Congreso.
