En continuidad a la tarea que realiza la mesa de diálogo, el espacio que coordina la Iglesia con el respaldo del Papa Francisco que integran partidos políticos, comunidades originarias, universidades y el Gobierno nacional, se conformó una subcomisión que avanza en la presentación de una denuncia a nivel internacional para abordar los derechos de los niños que viven en el bosque de Villa Mascardi. Uno de los objetivos, contaron fuentes que integran el nuevo cuerpo a Letra P, es denunciar la situación que se vivió el día del asesinato de Rafael Nahuel y actuar en carácter preventivo por la continuidad del asentamiento en el territorio que maneja la Administración de Parques Nacionales (APN). En total, son unas siete familias las que integran el Lof Lafken Winkul Mapu.
El puntapié inicial de la subcomisión buscó exigir -además- participación del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro. A pesar de algunas definiciones particulares, en especial del gobernador Alberto Weretilneck que vinculó la toma al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), la administración rionegrina siempre se manejó distante y con cautela en el caso. A lo que apuntan, reiteraron, es que funcione el sistema de protección integral, que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Como relatan desde la subcomisión, “no intervino a lo largo del conflicto” como marca la jurisprudencia.
“La provincia debería presentarse”, respondió a Letra P el titular del Parlamento Mapuche rionegrino, Orlando Carriqueo. Al igual que los diferentes sectores que trabajan desde el asesinato del joven barilochense, reclama que el Gobierno rionegrino se involucre no sólo desde la cartera social. “Esperemos que esto avance”, reiteró el representante de los pueblos originarios.
DENUNCIA. El documento, que avanza gracias al respaldo de la Gremial de Abogados y la CTA rionegrina, llegará a la comisión que monitorea el seguimiento internacional de la Convención de los Derechos de la Niñez coordinado por la ONU y Unicef. El texto, en actual proceso de redacción, a cargo de Laura Taffetani, jurista especializada en infancia que está desde el inicio del conflicto acompañando a la comunidad, sería enviado a mediados de la próxima semana.
“Es necesario tomar acciones urgentes para garantizar la protección integral de derechos de la infancia, resguardad la integridad física y el desarrollo identitario y cultural de los niños de la comunidad”, aseguró Ana Marks a Letra P. Como una de las integrantes de la multisectorial, y en su rol de concejal, participa en la mesa de diálogo que volverá a encontrarse en las próximas horas.
Este jueves, en la sede andina de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), a las 11, está convocada una nueva reunión. El objetivo de la jornada, afirmaron fuentes que integran el espacio, es que Parques Nacionales envíe un representante de peso y, además, que analice la posibilidad del retiro de la querella para que la mesa sirva como vía de conciliación.
