El gobernador demanda al interventor que puso la misma Casa Rosada con la que negocia votaciones y recursos mes a mes. Millones en juego. Una causa federal.
El puerto de Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, tiene severas fallas estructurales.
La aceitada alianza entre el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el gobierno nacional de Javier Milei se encontró con un obstáculo al paso. El manejo del puerto de Ushuaia exacerba un conflicto entre la provincia y la Casa Rosada, en el contexto exacto en el que además se abre la temporada de cruceros, que implica multimillonarios recursos.
La intervención del puerto tensó otra vez la relación entre poderes. Ahora la provincia, que ya se opuso a la intervención dispuesta por la gestión libertaria, acusa a Iñaki Miguel Arreseygor, titular de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y obstaculización de tareas oficiales.
La decisión contra el funcionario del gobierno de Milei, impulsada por la Fiscalía de Estado fueguina, surgió luego de que inspectores ambientales denunciaran que les impidieron ingresar tres veces al puerto de la capital provincial a realizar las auditorías correspondientes. Arreseygor asumió hace diez meses en su cargo. El conflicto original por la intervención va por cuerda separada: ese expediente ya está en la Corte Suprema de Justicia.
La situación del puerto es un ruido en la alianza entre Melella y Milei. El gobernador se tiñó de violeta en las últimas semanas, pero no abandona la pelea por esta situación, que implica multimillonarios recursos. Esa caja que antes manejaba la provincia ahora la administra la intervención. Por esa razón, el gobernador que le preguntó a Diego Santilli "si necesitaba algo y si podíamos colaborar en algo", decidió denunciar a un funcionario que depende directamente del gabinete nacional que el Colo.
Este mes, comenzó en Ushuaia la temporada de cruceros. Para este año, el gobierno provincial estima más de 500 amarres en el estratégico puerto de la capital fueguina, lo que se traduce en una afectación económica sobre una caja anual calculada en $22.000 millones en concepto de rentabilidad y operaciones.
La disputa inicial por la intervención data de enero de 2026. Tierra del Fuego fue contra la decisión nacional, pero Melella se topó esa vez con un impensado conflicto interno: el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre se excusó de manera indeclinable de representar a Tierra del Fuego en la demanda contra el Gobierno nacional. El funcionario argumentó entonces que el Ejecutivo de Melella no lo había consultado oportunamente sobre la estrategia judicial y que se había enterado formalmente de la intervención cuando la medida ya estaba en marcha.
Sin la firma de Virgilio Martínez, la Provincia siguió adelante, con una causa que está en el máximo organismo judicial nacional. Ahora, el mismo fiscal de Estado sí se sumó al planteo del gobernador.
La nueva investigación se originó en una denuncia de la Fiscalía de Estado, a partir de los planteos de personal de la Secretaría de Ambiente que no pudo ingresar al puerto para realizar la Auditoría Ambiental Anual sobre residuos peligrosos.
El primer episodio ocurrió el 25 de agosto, cuando personal de Seguridad Portuaria impidió el ingreso de tres funcionarias provinciales. Al día siguiente, la Provincia solicitó formalmente a Arreseygor que garantizara el acceso. El funcionario respondió el 31 de agosto, cuestionando las facultades provinciales para realizar esos controles.
En el proceso, como contó Letra E, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación detectó al menos cinco fallas estructurales de gravedad en el puerto.
Las restricciones se habrían repetido el 1 y el 17 de septiembre. Para la Fiscalía, los impedimentos frustraron la posibilidad de verificar las condiciones de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
La jueza de Instrucción Nº 2 de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo, declaró la incompetencia de la Justicia provincial al entender que los hechos involucraban decisiones de funcionarios nacionales en el ejercicio de sus cargos. Por ese motivo, remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo de Federico Calvete, que dio intervención a la Fiscalía Federal antes de resolver sobre la competencia.
El capítulo judicial aparece en el marco de una secuencia de gestos políticos que modificó el vínculo entre Melella y el Gobierno nacional. El gobernador se alineó con el presidente en distintos ámbitos y temáticas.
Uno de los grandes datos de ese recorrido es que el diputado Agustín Tita no estuvo presente en la sesión en la que la oposición buscaba avanzar con la derogación del DNU 70/2023, una ausencia interpretada en sectores políticos como una señal de entendimiento entre ambos espacios.
La evidencia de la alianza había tomado más fuerza tras el envío de $45.000 millones a Tierra del Fuego para afrontar gastos durante octubre. A eso se sumaron el respaldo de Melella al proyecto de Presupuesto 2027 y su posición favorable a eliminar las PASO.
La intervención del puerto, en cambio, parce ser una excepción en el clima de acuerdo. Sigue siendo un punto de fricción, porque hay suculentos recursos en juego. Para el gobierno fueguino, la medida nacional afecta atribuciones e intereses provinciales; para la administración de Milei, la terminal quedó bajo la órbita del organismo nacional interventor.
Melella y los suyos aluden también a cuestiones de soberanía, pero una realidad es que las cajas provinciales están en crisis: la certeza de que "no hay plata" aparece cotidianamente en la gestión provincial, a lo que se suma la inestabilidad política de un gobierno jaqueado en la Legislatura, que no tiene reelección a mano, que ya fue derrotado en el Poder Judicial y que observa el crecimiento de figuras opositoras que quieren dar la pelea electoral el año que viene.
La avanza actual en la denuncia contra la intervención también adquiere relevancia política por el antecedente de Martínez de Sucre, que en su momento no quiso comprometerse con la decisión provincial. Cuando el Gobierno nacional avanzó con la intervención del puerto en enero, el Fiscal de Estado comunicó que se apartaba de la representación provincial.
Según los argumentos que hizo públicos, el Ejecutivo no le había informado a tiempo sobre la estrategia jurídica y las diferencias con el gobernador y el secretario Legal y Técnico alcanzaban los modos y los plazos elegidos para impugnar la medida.
Esas situación obligó a Melella a avanzar con sus propios equipos legales en la demanda de inconstitucionalidad y el pedido de una cautelar ante la Justicia Federal. El episodio dejó expuesta una fractura institucional en un asunto de alto impacto para la Provincia: la defensa de su autonomía frente a una decisión de la administración nacional.
Ahora, la Fiscalía de Estado sí se subió a la denuncia que apunta contra el responsable del organismo que conduce el puerto intervenido.
