La vicepresidenta reivindicó su silencio, ante las versiones de que la Casa Rosada cajonearía el proyecto. Santiago Caputo lo negó y el Presidente lo retuiteó.
Victoria Villarruel.
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el presidente Javier Milei y celebró en redes sociales las versiones sobre un supuesto congelamiento de la ley Malvinas. Su intervención contrastó con la desmentida del asesor presidencial Santiago Caputo, que había afirmado que el proyecto era prioridad.
“Por eso los verdaderamente patriotas y malvineros hicimos silencio. Res non verba”, escribió Villarruel en su cuenta de Twitter, en respuesta a una publicación que cuestionaba el futuro del proyecto. La expresión en Latín significa “hechos, no palabras”.
El mensaje llegó después de que trascendiera que el oficialismo evaluaba frenar el tratamiento de la iniciativa por las dificultades para alcanzar acuerdos parlamentarios y las objeciones de Estados Unidos al régimen de sanciones previsto contra empresas que operan en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
El presidente Javier Milei había rechazado el jueves 22 de octubre las versiones sobre una eventual postergación del proyecto. Lo hizo al compartir una publicación de Santiago Caputo con la expresión “PARA VARIAR...”, en respaldo a la posición del asesor presidencial.
Caputo aseguró que la ley Malvinas es una prioridad para el Gobierno y calificó como falsas las versiones sobre su congelamiento. Además, sostuvo que la mayoría de los gobernadores y de los bloques aliados en ambas cámaras del Congreso expresaron su acompañamiento a la iniciativa, aunque no identificó a los mandatarios provinciales.
La controversia se produce mientras la Ley Malvinas continúa su recorrido en la Cámara de Diputados, donde todavía no consiguió dictamen. El próximo martes 27 de octubre está previsto un nuevo plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores para avanzar con su tratamiento.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre, busca endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas. También contempla herramientas legales para fortalecer la defensa de la soberanía nacional frente a amenazas externas.
El debate parlamentario está atravesado por las dificultades del oficialismo para reunir los apoyos necesarios y los reparos de Estados Unidos sobre el alcance de las penalidades previstas para empresas extranjeras. Esas tensiones alimentaron las versiones sobre una posible postergación, pese a que la Casa Rosada insiste en que el proyecto mantiene su carácter prioritario.
