El intendente peronista de Merlo, Gustavo Menéndez, ya tiene juez para que lo juzgue en audiencias públicas en la causa en la que hace diez años está procesado por fraude agravado, según se desprende del expediente judicial al que accedió Letra P. Tras haberse excusado la magistrada anterior, el expediente fue girado al Juzgado Correccional 3 de Mar del Plata, pero la defensa insiste con el sobreseimiento y presentó otra apelación ante la Cámara Penal de Garantías.
Tal como informó este medio el pasado 27 de octubre, la jueza correccional Ana María Fernández rechazó el sobreseimiento de Menéndez y se excusó de seguir actuando en el expediente en base a ese adelanto de opinión.
Finalmente, la causa quedó radicada en el juzgado a cargo de Jorge Luis Rodríguez, donde la defensa planteó una nueva apelación al rechazo del sobreseimiento y la Cámara de Apelaciones debe definir nuevamente sobre este punto.
Este legajo penal lleva diez años y desde su inicio estuvo impulsada por el ex intendente de Merlo Raúl Othacehé, quien, desde las sombras, articulaba movimientos políticos y judiciales para intentar sacar de la cancha a su rival político territorial. Pero en 2015 las urnas avalaron a Menéndez y en la actualidad comanda el destino de ese distrito de la Primera sección electoral bonaerense.
Desde el inicio de la investigación, Menéndez alega que se trata de una causa armada y sostenida desde la política para perjudicarlo. En todas las instancias fueron rechazados sus pedidos de sobreseimiento.
Como ocurre en todos los casos de los expedientes en los que se investigan delitos contra el patrimonio público, donde generalmente hay funcionarios políticos involucrados, los tiempos procesales se relajan y lo escrito en los códigos de rito cae en letra muerta.
Vale recordar lo que la Casación sostuvo en este expediente se septiembre de 2010, en relación a que es “indispensable” la “subordinación del poder al derecho, porque cuando el poder no se somete a la ley, es la ley la que termina siendo sometida por el poder, tanto por el poder público de la política, como por el poder privado del mercado”.
Las demoras judiciales son una constante en la mayoría de los fueros. Una persona espera, promedio, unos cuatro años para obtener de la justicia una sentencia de primera instancia y puede pasar más de diez años hasta lograr una sentencia definitiva, según estadísticas oficiales.
La causa Menéndez lleva una década y todavía no se realizó el juicio oral, situación que se repite en gran porcentaje de las investigaciones penales que son instruidas en las fiscalías de Investigaciones Complejas de la provincia de Buenos Aires. Un caso paradigmático fue el del ex jefe de la Policía bonaerense Alberto Sobrado, quien, a poco tiempo de empezar el juicio oral y gracias a una serie de maniobras dilatorias de la defensa, logró la prescripción por el paso del tiempo en una causa por enriquecimiento ilícito.
Que esta causa siga abierta, sin definición, es una piedra en el zapato de Menéndez, quien aspira a ser la renovación en el peronismo bonaerense y presidente el PJ provincial. Para ello debe presentar un legajo limpio, porque no basta con ser honesto, también hay que parecerlo.
